Judicial
20 años de cárcel a pandillero que participó en la desaparición de repartidor de pizzas en Soyapango
El Juzgado Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a 20 años de prisión a un pandillero por la desaparición de un repartidor de pizzas ocurrida en el octubre de 2020 en el departamento de San Salvador.
El condenado es José Rolando Toledo Urquilla, quien junto a los imputados ausentes Miguel Humberto Amaya Cruz, Juan Francisco Acevedo Cruz y José Alexander Quijano Villanueva participó en la desaparición del joven Dennis Alexander Menjívar Pineda. Los acusados ausentes también fueron condenados a 20 años de prisión.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), el 6 de octubre de 2020, alrededor de la 1:00 de la tarde, Menjívar Pineda llegó a la colonia San Antonio, del distrito de Soyapango, en San Salvador, para hacer una entrega de pizzas a domicilio.
En ese momento, el joven fue interceptado por al menos 10 pandilleros que lo obligaron bajo amenazas a bajarse de la moto y lo golpearon. Pese a estar lesionado, Menjívar Pineda logró escapar de sus atacantes y se fue a refugiar a una vivienda de la colonia.
Con su teléfono celular, intentó pedir un servicio de transporte a través de una plataforma digital, pero ningún conductor quiso ingresar a la colonia San Antonio, debido al control que ejercía la pandilla. También existen registros de que llamó a sus familiares para alertarlos de su situación.
Según las investigaciones, el joven trabajador temió poner en riesgo a la familia que se encontraba en la vivienda donde se había refugiado y decidió salir a la calle. Se sospecha que habría sido nuevamente interceptado por los pandilleros y desde entonces su paradero se desconoce.
Para el juez, quedó plenamente acreditada la participación de los imputados en el delito de desaparición de personas. Además de la pena, el tribunal condenó a los responsables a indemnizar económicamente a los familiares de la víctima.
Menjívar Pineda tenía 22 años y trabajaba en Bambino’s Pizza. El día de su desaparición era su primer día en la sucursal de la pizzería en Soyapango, luego de que había sido transferido desde otro local de la empresa.
Otros pandilleros también han sido condenados por este mismo caso. En septiembre de 2022, el Juzgado Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a 23 años de cárcel a los pandilleros Kevin José Ramírez y Nery Vladimir Castillo por la desaparición de Menjívar Pineda.
A los dos sujetos se les impuso ocho años de prisión por robo agravado, ya que se les imputó el robo de la motocicleta que usaba el joven para repartir las pizzas a domicilio, y 15 años más por desaparición de personas.
Judicial
Condenan a dos extranjeros a 13 años de cárcel por transportar 150 kilos de cocaína en La Libertad Costa
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó a 13 años de prisión a cada uno de dos extranjeros por tráfico ilícito de drogas, tras un procedimiento en el que fueron incautados 150 kilogramos de cocaína. El cargamento tenía un valor comercial estimado de $3,770,000, según los análisis periciales incorporados al proceso.
Los condenados son Luis Alfredo García Guevara, de nacionalidad guatemalteca, y Harinton Javier Ruiz, nicaragüense. Ambos fueron intervenidos el 5 de noviembre de 2025, después de que elementos de la Fuerza Aérea y de la Marina Nacional detectaran la embarcación en la que navegaban frente a las costas salvadoreñas.
El procedimiento continuó en la playa La Bocana de Mizata, en La Libertad Costa, donde las autoridades inspeccionaron la lancha. Durante la revisión encontraron cinco bultos que contenían 150 paquetes de cocaína, con un peso total de 150 kilogramos, confirmado mediante las pericias realizadas.
La sentencia fue emitida tras la valoración de los elementos presentados durante el juicio, entre ellos las inspecciones y los análisis de la sustancia decomisada. El tribunal estableció la responsabilidad de los dos procesados por el transporte del cargamento e impuso la misma pena de prisión a ambos.
La Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa emitió el 20 de octubre tres dictámenes favorables para reformar los códigos Penal y Procesal Penal, además de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Las propuestas buscan combatir la conducción peligrosa y reforzar la responsabilidad de quienes operan o entregan vehículos de transporte colectivo y de carga.
El paquete contempla conducir con alcohol en la sangre o el aliento, bajo efectos de drogas, disputar la vía o participar en carreras sin autorización. También incorpora manejar autobuses o vehículos de carga sin la licencia correspondiente y responsabilizar a los propietarios que entreguen estas unidades a personas que no estén habilitadas para conducirlas.
Durante la discusión se señalaron penas de dos a cinco años por conducción peligrosa y de cinco a diez años cuando se trate de transporte público de pasajeros o de carga. Si estos hechos provocan homicidio culposo o lesiones culposas muy graves, las sanciones pueden alcanzar hasta 15 años para los conductores de esas unidades. Estos rangos ya aparecen en la reforma penal de diciembre de 2024, por lo que no deben presentarse como aumentos completamente nuevos.
Otro componente busca restringir la conciliación y otras formas de terminar el proceso en determinados casos vinculados con conducción peligrosa, además de fortalecer los controles sobre las condiciones mecánicas de los vehículos. El informe oficial consultado confirma el aval de la comisión; esa etapa debe distinguirse de la aprobación del pleno y de la posterior entrada en vigor de las reformas.
Cuando la conducción peligrosa termina en una tragedia, las penas del homicidio culposo o de las lesiones culposas se incrementan hasta un máximo de 15 años si el responsable conduce un vehículo de transporte colectivo o de carga.
“Hay algo importante en esta reforma y es que estos casos ya no se podrán cerrar con un arreglo, no va a proceder la conciliación, no va a proceder la mediación ni tampoco alegar, eventualmente ante el juez, la reparación del daño como forma o causal para terminar el proceso”, @FiscalGeneralSV.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 20, 2026
El Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador ordenó detención provisional contra Patricia Lissette L. de I., de 53 años, acusada de estafa agravada en perjuicio de ocho personas. Según el requerimiento fiscal, el supuesto fraude asciende a $57,283.50, entregados como inversión en un negocio de distribución de comida preparada.
Los hechos investigados ocurrieron entre 2022 y 2026. De acuerdo con la acusación, la mujer ofrecía ganancias a quienes aportaran dinero al supuesto emprendimiento, una propuesta con la que habría convencido a las víctimas de entregar distintas cantidades.
La investigación señala que la imputada no pagaba los rendimientos prometidos y posteriormente interrumpía la comunicación con los afectados. La promesa de obtener ganancias y la posterior falta de contacto forman parte del mecanismo de engaño descrito en el expediente fiscal.
Durante la audiencia inicial, el juez consideró que existían indicios suficientes sobre el delito y la probable participación de la acusada, por lo que ordenó que el proceso continuara a la etapa de instrucción. La mujer permanecerá detenida provisionalmente mientras avanza el caso; esta resolución no constituye una condena.
