Judicial
Benito Lara enfrentaría juicio por enriquecimiento ilícito de $201,000
Benito Lara, exministro de Justicia y Seguridad en el gobierno de Mauricio Funes, debe ser enjuiciado por supuesto enriquecimiento ilícito, así ha resuelto la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego de conocer un informe de la Sección de Probidad.
El caso de Lara, quien también fue diputado del FMLN, fue conocido en Corte Plena y con los votos de 11 magistrados se ordenó que se envíe el expediente a una cámara de lo civil de San Salvador para que se siga el proceso.
En la investigación que hizo la Sección de Probidad se determinó que Lara tuvo un incremento patrimonial no justificado por un monto de $201,000, información que fue detectada al revisar la declaración de patrimonio que presentó al cesar sus funciones.
Probidad estableció que la documentación analizada revela irregularidades que son suficientes para que la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República le inicie un juicio civil que tiene su marco legal en la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos que data desde 1959 donde se aplica un régimen sancionatorio consistente en multas para que se devuelva al Estado el dinero obtenido de forma indebida.
Cuando Probidad verificó la documentación presentada previno a Benito Lara para que subsanara las irregularidades, pero al no poder justificar la procedencia lícita del dinero se presentó la recomendación para que Corte Plena ordenara el juicio civil.
Una vez el expediente llegue a la cámara que sea designada, la Fiscalía deberá presentar de forma oficial la demanda por supuesto enriquecimiento ilícito para que después Benito Lara a través de sus abogados presente sus argumentos y se programe la audiencia preparatoria que es la primera diligencia del juicio civil.
Recientemente la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó enjuiciar por presunto enriquecimiento ilícito al exdiputado de ARENA, Alberto Armando Romero y al exdiputado del FMLN, Jorge Schafik Handal Vega.
El diputado Romero, debe responder por un incremento patrimonial no justificado de $158,959.08, mientras que a Handal Vega, le atribuyen un monto de $162,569.99.
Un total de 65 pandilleros de la MS fueron condenados a penas que, en conjunto, alcanzan hasta 880 años de prisión, luego de ser encontrados culpables de múltiples delitos cometidos entre 2012 y 2018 en los distritos de Chapeltique, Ciudad Barrios, El Tránsito y San Miguel.
Entre los hechos atribuidos a esta estructura criminal se encuentra el homicidio de una de sus víctimas, quien fue privada de libertad en la colonia Prados de la Ciudad, en San Miguel. Posteriormente, los pandilleros la aislaron, golpearon y apuñalaron hasta causarle la muerte.
Además, los imputados fueron declarados responsables de 22 homicidios, ocho casos de privación de libertad, 13 casos de extorsión agravada, agrupaciones ilícitas y otros delitos.
La Fiscalía General de la República (FGR) continúa obteniendo condenas contra integrantes de esta estructura criminal por los diferentes delitos cometidos en perjuicio de la población.
⚖️ HASTA A 880 AÑOS DE PRISIÓN A 65 MAREROS
Una de las víctimas de estos criminales fue privada de libertad en la colonia Prados de la Ciudad, San Miguel. Luego de aislarla, la golpearon y apuñalaron hasta matarla.
Además, los imputados son responsables de 22 homicidios, 8… pic.twitter.com/aaqK9xDLFq
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 10, 2026
Un total de 43 pandilleros de la MS-13 enfrentan una Audiencia Única Abierta por el delito de agrupaciones ilícitas en San Miguel.
Entre los imputados se encuentran homeboys, tres chequeos, seis paros y 17 colaboradores, de acuerdo con la información proporcionada.
Las autoridades señalan que los acusados mantenían el control de sectores en Chapeltique, San Miguel, Moncagua y Lolotique, donde habrían cometido al menos 456 homicidios agravados, 101 extorsiones agravadas y 109 privaciones de libertad, además de otros delitos por los cuales también enfrentarán juicio.
Entre las víctimas de los homicidios figura un operador del sistema 911, quien fue asesinado en un punto de taxis ubicado en la colonia San José, en San Miguel.
Todos los imputados fueron capturados mediante las herramientas implementadas durante el Régimen de Excepción.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado al Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel la pena máxima para cada uno de los acusados, de acuerdo con el rango que ocupaban dentro de la estructura criminal.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó un allanamiento para capturar a Orlando Israel Amaya Fuentes, quien es investigado por adquirir material de abuso sexual infantil.
De acuerdo con las investigaciones, la FGR recibió un aviso de la INTERPOL que alertaba sobre la participación de Amaya Fuentes en un grupo de distribución de este tipo de material que opera desde Buenos Aires, Argentina. Según la información, el investigado se comunicaba con dicho grupo mediante plataformas digitales para obtener el contenido.
El operativo se desarrolló en Mejicanos, San Salvador Centro.
El detenido será procesado por el delito de adquisición o posesión de material pornográfico de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad a través de las tecnologías de la información.
