Judicial
Ahijada de Benito Lara, el enlace entre las pandillas y su padrino para que éste obtuviera el puesto de ministro de Seguridad
Investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), basadas en videos y en el testimonio de un expandillero identificado como Noé, revelan serias acusaciones en contra del exministro de seguridad, Benito Lara, en el caso de negociación con pandillas.
Se dice que Lara tenía miedo de que el FMLN no lo tomara en cuenta para las elecciones del 2015, cuando terminara su período como diputado; razón por la que habría elaborado un plan maquiavélico que le permitiría seguir como funcionario.
Según el testigo, Benito Lara habría utilizado a una supuesta ahijada identificada únicamente como Deysi, quien mantenía una relación amorosa con uno de los principales cabecillas de una estructura criminal, para llegar a la Mara Salvatrucha (MS-13) y al Barrio 18, y de esta manera poder convencer al Frente que él debía ser el ministro de Seguridad, en caso de que Salvador Sánchez Cerén ganara la presidencia.
Borromeo Henríquez, uno de los cabecillas históricos de la MS-13, alias «el Diablito de Hollywood», tuvo un papel importante en el plan de Lara: llamó por teléfono a Noé, que en esa época era jefe de la pandilla a la que ahora traiciona con su testimonio, para indicarle que fuera a las oficinas de Raúl Mijango, en San Salvador. Era a mediados de enero de 2014, antes de la elección presidencial.
Allí, Noé encontró al pandillero Vladimir, alias «Vampiro de Monserrat», y a Deysi, supuesta ahijada de Benito Lara. La mujer fue directa: su padrino estaba preocupado porque «su partido no lo había tomado en cuenta y no lo iba en a tomar en cuenta en ningún cargo de interés», dice el documento que la FGR llevó al Juzgado Segundo de Paz de San Salvador. Lara creía que el FMLN quería darle «muerte política».
Y así buscó la ayuda de las pandillas, con las que negociaba desde finales de 2013 para que manipularan la elección presidencial de 2014 a favor de su candidato Salvador Sánchez Cerén, según la FGR.
Minutos después de esa charla, Deysi y Noé viajaron en automóvil desde la oficina de Mijango a la sede del FMLN en el centro de San Salvador, donde Benito Lara los esperaba. «El Diablito de Hollywood» volvió a llamar a Noé para decirle que hablara con el exdiputado Lara en nombre de las tres pandillas mayoritarias del país: MS-13 y los bandos Sureños y Revolucionarios del Barrio 18. Él se encargaría de alertar a los rivales la elección del ministro.
«Benito le manifiesta (a Noé) que si le dan la mano (pandilleros) iba a hacer todo lo que tuviera que hacer y lo que esté a su alcance para mantenerse de la mano y darle continuidad a lo pactado», agrega en la página 107 de la acusación fiscal. la Fiscalía en su acusación. Noé le respondió que las tres pandillas tenían decidido amenazar al FMLN para que lo pusieran como ministro en el Gobierno de Sánchez Cerén. Si no, podría haber «consecuencias».
El remate
Según Noé, las pandillas tenían tres razones para confiar en Lara: tuvo valor de sentarse a dialogar con ellos; los escuchó, negoció y transmitió sus inquietudes al FMLN y al Gobierno. Y la tercera, «porque se había quemado al reunirse con ellos, y no era justo dejarlo tirado al final».
A pesar de que varios, como Raúl Mijango, uno de los siete procesados por sus vínculos con pandilleros, no estuvo de acuerdo con la propuesta de Benito Lara como ministro de Seguridad, este comenzó sus funciones como titular desde que asumió Sánchez Cerén como presidente, el 1º de junio de 2014, hasta el 21 de enero de 2016.
Pero según Lara, él no negoció el puesto con pandilleros. «En esto lo que hay es una trama. Incluso ponen a personas como que fueran familiares míos y no es verdad. Esa decisión fue del presidente Salvador Sánchez Cerén. Nada que ver, eso no es nada serio, es de las cosas inconsistentes (de FGR)», se defendió.
Las ofertas del FMLN
Benito Lara prometió a maras respetar pactos como ministro.
- Cambiar empresa de alimentos: Las pandillas ya no querían la comida de ALIPRAC en las cárceles. El FMLN dijo que era posible quitar a la empresa y que los reos se cocinaran sus propios alimentos, como pedían.
- Empleos a reos pandilleros: El FMLN puso a disposición de las pandillas su empresa Alba Alimentos para dar empleos a los pandilleros que prepararan la comida en las cárceles, según testigos.
- Un ministro a la medida: El partido de izquierda prometió a las pandillas que quitaría de ministro de Seguridad a Ricardo Perdomo, quien no siguió la tregua entre pandillas de Mauricio Funes.
- Sin militares en las calles: Otra propuesta para atraer el apoyo electoral de los pandilleros fue que Sánchez Cerén quitaría a los militares de las calles, con el propósito de que no molestaran a las pandillas, según la acusación de la Fiscalía.
- Créditos para pandilleros: Las pandillas podían administrar su propio programa de créditos gracias al FMLN. Un testigo dice que Arístides Valencia y Benito Lara se los prometieron en una reunión antes de la elección 2014.
- Más dinero para pandillas: El FMLN ofreció dar $100,000 a cada “municipio santuario”, donde las pandillas tenían treguas de no agresión, para que realizaran proyectos que beneficiaran a los pandilleros.
Con información de: LPG
Judicial
Prisión provisional para empleado de farmacia acusado de desviar más de $49,000
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador ordenó detención provisional contra Julio Adalberto R. R., de 28 años, acusado de realizar transacciones no autorizadas con fondos de una farmacia donde trabajaba como auxiliar de informática. Las operaciones investigadas suman $49,177.77, presuntamente enviados a una billetera electrónica a su nombre.
El caso fue detectado en marzo de 2025, cuando una entidad bancaria notificó al departamento de finanzas del establecimiento sobre movimientos sospechosos. Las indagaciones internas identificaron transacciones de $250 hacia una billetera electrónica desde productos financieros administrados por el empleado.
La farmacia revisó las operaciones efectuadas entre julio de 2024 y marzo de 2025 y encontró movimientos no autorizados desde tarjetas que el imputado manejaba para gastos generales de mantenimiento. Según la acusación, esos recursos habrían sido transferidos a la cuenta electrónica vinculada con el procesado.
Durante la audiencia inicial, el juez consideró que existían indicios sobre el delito y la probable participación del acusado, por lo que dispuso que el proceso continúe a la etapa de instrucción. El cargo atribuido es obtención indebida de bienes o servicios por medio de tarjetas inteligentes o medios similares; la detención provisional no constituye una condena.

Judicial
Padre acuerda pagar $1,840 de deuda alimenticia tras proceso judicial en Santa Ana
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana aprobó una conciliación entre Mario Arcides C., de 40 años, y la representante legal de su hijo, dentro de un proceso por incumplimiento de los deberes de asistencia económica. El acuerdo establece el pago de $1,840 que el imputado adeuda por obligaciones alimenticias.
Según el dictamen de acusación, la Procuraduría General de la República había fijado una cuota mensual de $80 a favor del niño. Sin embargo, el padre únicamente realizó cuatro pagos y posteriormente dejó de cumplir con la obligación establecida.
La deuda presentada en el proceso comprende cuotas pendientes entre julio de 2022 y agosto de 2023, además del aguinaldo correspondiente y la mora acumulada. Estos conceptos integran el monto que el imputado se comprometió a cancelar mediante el acuerdo avalado por el juzgado.
El pago se realizará en dos cuotas de $920: la primera deberá depositarse el 30 de noviembre de 2026 y la segunda, el 23 de diciembre del mismo año. Ambas deberán abonarse en la cuenta bancaria de la representante legal del niño, conforme a las condiciones de la conciliación.

Judicial
Condenan a dos extranjeros a 13 años de cárcel por transportar 150 kilos de cocaína en La Libertad Costa
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó a 13 años de prisión a cada uno de dos extranjeros por tráfico ilícito de drogas, tras un procedimiento en el que fueron incautados 150 kilogramos de cocaína. El cargamento tenía un valor comercial estimado de $3,770,000, según los análisis periciales incorporados al proceso.
Los condenados son Luis Alfredo García Guevara, de nacionalidad guatemalteca, y Harinton Javier Ruiz, nicaragüense. Ambos fueron intervenidos el 5 de noviembre de 2025, después de que elementos de la Fuerza Aérea y de la Marina Nacional detectaran la embarcación en la que navegaban frente a las costas salvadoreñas.
El procedimiento continuó en la playa La Bocana de Mizata, en La Libertad Costa, donde las autoridades inspeccionaron la lancha. Durante la revisión encontraron cinco bultos que contenían 150 paquetes de cocaína, con un peso total de 150 kilogramos, confirmado mediante las pericias realizadas.
La sentencia fue emitida tras la valoración de los elementos presentados durante el juicio, entre ellos las inspecciones y los análisis de la sustancia decomisada. El tribunal estableció la responsabilidad de los dos procesados por el transporte del cargamento e impuso la misma pena de prisión a ambos.






