Internacionales
Texas reforzó la frontera con miles de soldados, pero los cruces de migrantes cayeron al mínimo
En Del Rio, Texas, la presencia de cientos de soldados desplegados en la frontera con México transformó la dinámica de esta pequeña ciudad fronteriza. Sin embargo, la llegada de las tropas ocurre en un contexto inesperado: los cruces de migrantes han disminuido drásticamente, alcanzando niveles que no se veían desde hace años.
Según informó The Washington Post, la decisión de reforzar la frontera con 3.600 efectivos, en su mayoría del Ejército y los Marines, responde a una declaración de emergencia emitida por el presidente Donald Trump, quien calificó la situación como una “invasión”. No obstante, los datos actuales muestran una realidad muy distinta.
De acuerdo con el medio, los agentes de la Patrulla Fronteriza en el sector que incluye Del Rio y la vecina Eagle Pass han registrado menos de 50 detenciones diarias desde finales de enero, una cifra que contrasta con los picos de hasta 5.000 migrantes diarios que se observaron en 2023. Este descenso se atribuye a una combinación de políticas migratorias más estrictas implementadas por la administración de Joe Biden y un aumento en los controles fronterizos por parte de México.
A pesar de ello, la presencia militar sigue creciendo, lo que ha generado preguntas entre los residentes locales sobre la necesidad de este despliegue en un momento de relativa calma.
Un despliegue militar sin una misión clara
El alcalde de Del Rio, Álvaro Arreola, expresó su satisfacción por la llegada de los soldados, destacando el impacto positivo en la economía local, pero admitió que no se ha comunicado con claridad cuál es su misión específica.
“Nos alegra que estén disfrutando de nuestra ciudad, aunque no hemos recibido información sobre su propósito real”, señaló. Según The Washington Post, los soldados están reforzando barreras fronterizas y colaborando en tareas de inteligencia relacionadas con actividades de los cárteles, pero no se han ofrecido detalles concretos sobre sus operaciones.
El general Gregory Guillot, comandante del Comando Norte de Estados Unidos, informó recientemente que el número de tropas activas en la frontera ha aumentado a 5.000 y podría seguir creciendo. Este despliegue se suma a los 10.000 soldados que México ha movilizado en su territorio como parte de un acuerdo con Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles.
Sin embargo, expertos como Adam Isacson, analista de seguridad fronteriza, cuestionan la efectividad de estas medidas en un contexto donde los cruces ilegales han disminuido significativamente. “Con el número actual de tropas estadounidenses y mexicanas, hay aproximadamente un soldado u oficial por cada migrante que intenta cruzar al mes”, explicó.
Políticas migratorias y su impacto en los cruces fronterizos
El descenso en los cruces ilegales comenzó en 2022, cuando México intensificó sus esfuerzos para detener a los migrantes antes de que llegaran a la frontera. Posteriormente, la administración de Joe Biden implementó medidas que restringen el acceso al asilo para quienes cruzan ilegalmente y promovió el uso de la aplicación CBP One para gestionar solicitudes de entrada.
Estas políticas han reducido las detenciones a niveles cercanos a los de 2019, y si la tendencia actual se mantiene, las aprehensiones en 2025 podrían caer por debajo de las 300.000, una cifra no vista desde 2017.
Sin embargo, la llegada de Donald Trump a la presidencia marcó un cambio abrupto en estas dinámicas. Según The Washington Post, Trump canceló miles de citas programadas a través de la aplicación CBP One, declaró una emergencia nacional y endureció las restricciones en la frontera. Estas acciones, junto con la retórica de una “invasión”, han sido criticadas por líderes locales y analistas, quienes consideran que exageran la magnitud del problema migratorio.
La vida en la frontera: entre la calma y la incertidumbre
En Del Rio, la presencia militar ha generado un impacto visible en la comunidad. Los hoteles cercanos a la sede de la Patrulla Fronteriza están llenos, y negocios locales como gimnasios y restaurantes ofrecen descuentos a los uniformados. Sin embargo, algunos residentes cuestionan la necesidad de este despliegue.
Ronald Chattler, empresario local, señaló que los días en los que los migrantes colapsaban en su propiedad tras cruzar el Río Bravo parecen haber quedado atrás. “No creo que necesitemos más soldados. Aquí no hay actividad”, afirmó.
En el condado vecino de Kinney, el sheriff Brad Coe describió la situación como “espeluznantemente tranquila”. Durante más de 40 días, no se registraron arrestos por tráfico de personas, y los agentes locales han vuelto a realizar tareas rutinarias como rescatar gatos de árboles. Sin embargo, Coe advirtió que esta calma podría ser temporal, ya que las políticas migratorias suelen estar sujetas a cambios abruptos.
A pesar de la disminución en los cruces, se estima que cerca de 300.000 migrantes permanecen en México, esperando un cambio en las políticas de Estados Unidos. Según John Gramlich, del Centro de Investigación Pew, los flujos migratorios ya no responden únicamente a factores estacionales, sino a eventos globales y decisiones políticas. Esto hace que las tendencias sean menos predecibles y que las comunidades fronterizas enfrenten un futuro incierto.
Mientras tanto, los refugios para migrantes en Texas están prácticamente vacíos, y las organizaciones humanitarias han redirigido sus esfuerzos hacia México. Líderes demócratas en la región, como el comisionado del condado de Maverick, Gerardo “Jerry” Morales, han criticado el despliegue militar, calificándolo como un acto de “teatro político” diseñado para movilizar a los votantes republicanos. “No hay emergencia porque las elecciones ya pasaron”, afirmó Morales
Internacionales
Ecuador construirá las megacárceles «que sean necesarias» en su lucha anticrimen, dice ministro
Ecuador construirá las megacárceles que «sean necesarias» en su lucha contra el narcotráfico y otras formas de crimen organizado que desangran al país, dijo el martes el ministro de Interior, John Reimberg, en entrevista con la AFP.
El presidente derechista Daniel Noboa implementa políticas de línea dura desde que llegó al poder en 2023 como la construcción de cárceles de alta seguridad y bajo fuertes restricciones, que han sido comparadas con el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador ideado por el mandatario Nayib Bukele.
El gobierno ecuatoriano puso en marcha en noviembre la primera cárcel para 800 personas, donde líderes de la mafia y también políticos condenados por corrupción son aislados, rapados y sometidos como medida para intentar doblegar a las numerosas bandas que sumen al país en su mayor espiral de violencia.
Noboa planea edificar a partir de mayo una segunda penitenciaría para unas 15,000 personas, que estaría lista en máximo 18 meses, señaló el funcionario.
Ministro del Interio de Ecuador, John Reimberg. Foto AFP / Diario El Salvador
«¿Una tercera cárcel? Sí, probablemente. Y las que sean necesarias para estos delincuentes», declaró Reimberg desde el conflictivo puerto de Guayaquil.
Ecuador registró el año pasado 51 homicidios por cada 100,000 habitantes, una de las tasas más altas de la región.
El Encuentro, la primera cárcel de extrema seguridad habilitada por el gobierno, funciona en la provincia costera de Santa Elena (suroeste) y actualmente alberga a 600 reclusos con uniformes de color naranja.
«No vamos a negociar»
Según Reimberg estas megacárceles despiertan la furia de las bandas que tienen nexos con cárteles internacionales del narcotráfico.
«Llevamos cerca de 600 drones que han intentado llegar a la cárcel de El Encuentro desde el día que empezó su construcción (para impedir su avance). Son 600 drones de grupos de delincuencia organizada (…) pero que hemos podido impedir que lleguen», indicó.
En los últimos años se han registrado ataques con drones cargados con explosivos contra otras cárceles, convertidas en centros de operaciones de las organizaciones del narco principalmente.
Las autoridades mantienen bajo reserva la ubicación de la segunda penitenciaría por seguridad.
Al nuevo centro serán trasladados «delincuentes de alta peligrosidad» que «tienen que estar en un lugar incomunicado», sostuvo.
Organizaciones de derechos humanos cuestionan la política penitenciaria de Noboa por abusos a los derechos de los internos. Cientos han muerto por tuberculosis o choques entre presos y algunos familiares denuncian desnutrición.
«¿Que nos quieren decir autoritarios? Yo tengo que responder al país con seguridad», aseguró Reimberg.
Por Ecuador transita el 70% de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, los principales productores mundiales de esa droga.
«No vamos a negociar, no vamos a pactar, los vamos a atacar, los vamos a debilitar», dijo el ministro, quien anotó que 74,000 personas fueron detenidas el año pasado.
Aviones estadounidenses
Noboa es uno de los mayores aliados en Latinoamérica de Donald Trump, a quien le ha pedido apoyo para enfrentar al crimen. Recientemente Washington instaló en el país sudamericano de manera permanente una dependencia del FBI y otra de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés).
La colaboración se basa en «información» e «inteligencia» para «trazar objetivos que tenemos que atacar, lugares donde se están almacenando drogas, por ejemplo, ataques a la delincuencia», añadió el ministro del Interior.
El presidente intentó sin éxito instalar bases militares extranjeras en el país a través de un referendo.
Según el ministro hay agentes estadounidenses trabajando con la fuerza pública ecuatoriana y aeronaves: «tenemos aviones que están aquí de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos», precisó.
Colombia
Después de poco más de un mes de que asumiera, Noboa declaró a Ecuador en conflicto armado interno para desplegar en las calles a los militares, lo que ha generado denuncias sobre excesos de la fuerza pública.
Interrogado sobre por qué las cifras de violencia no ceden pese a las medidas del gobierno, Reimberg señaló a tres culpables: la justicia en ocasiones permeada por la corrupción, los gobiernos pasados de izquierda y a Colombia, gobernado por el izquierdista Gustavo Petro.
«Tenemos un país vecino que no está trabajando en la frontera, que no está atacando a los grupos de delincuencia (…) nosotros estamos cumpliendo nuestra parte», indicó en medio de una disputa entre ambos países que escaló hasta la imposición mutua de millonarios aranceles y el retiro de embajadores.
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, prometió este martes redoblar la respuesta estatal frente a la violencia criminal en el país, luego de que un bebé de un año muriera en un ataque a balazos en Montevideo que, según la principal hipótesis policial, estaría vinculado a un enfrentamiento entre narcotraficantes.
«De poco vale saber cuál fue el motivo (…) Hay una cosa que está clara, no le vamos a aflojar, no hay que aflojar, al revés, lejos de amedrentarse lo que hay que hacer acá es apretar el acelerador», subrayó el mandatario en declaraciones a la prensa.
Orsi calificó el suceso como «terrible» y sostuvo que el problema central es, más que un hecho puntual, «una violencia que crece» y que refleja un deterioro social más amplio.
El episodio ocurrió la noche del lunes en el barrio Colón, en el noroeste de la capital, donde se desató una balacera en la que también resultó herido el padre del menor, un uruguayo de 24 años que permanece estable tras recibir tres disparos.
La policía trabaja sobre la hipótesis de un ajuste de cuentas entre grupos vinculados al narcotráfico.
Ante esto, Orsi advirtió que el país enfrenta niveles de violencia «demasiados altos», por lo que se debe abordar de manera estructural que combine seguridad, políticas sociales y prevención y no solo mediante el despliegue de «5.000 o 10.000 policías más».
En la última década, Uruguay ha registrado un aumento sostenido de homicidios asociados al narcotráfico, mientras que la seguridad pública figura desde hace años como la principal preocupación de los uruguayos, según distintas encuestas de opinión pública.
Internacionales
Alemania aprueba recortes históricos en gasto social y sanitario para financiar el aumento militar
El Gobierno alemán dio luz verde a un ambicioso plan de recortes del estado de bienestar con el objetivo de contener el déficit público y sostener un fuerte incremento del gasto militar. La coalición formada por democristianos y socialdemócratas alcanzó un acuerdo tras intensas negociaciones, adelantándose incluso al anuncio oficial previsto tras el consejo de ministros.
El paquete de medidas contempla una reducción significativa del gasto sanitario, con un ahorro proyectado de más de 38,000 millones de euros para 2030. Entre los cambios más destacados figura el fin de la gratuidad del seguro médico para cónyuges que no cotizan, quienes deberán aportar al menos el 2,5 % de los ingresos del asegurado.
Además, se prevén incrementos en los copagos por medicamentos y hospitalización, así como ajustes en la financiación de las aseguradoras públicas, que ya enfrentan déficits millonarios. El Ejecutivo defiende que estas medidas buscan «mantener estables las contribuciones» y evitar el colapso del sistema ante el envejecimiento de la población.
El plan también incluye recortes en otras áreas sociales, como las ayudas a desempleados de larga duración y una reforma de las pensiones que, según el canciller Friedrich Merz, pasarán a ser una «cobertura básica» sin garantizar el nivel de vida.
A esto se suma la intención de limitar el acceso a prestaciones para hijos de familias monoparentales, lo que podría afectar a cientos de miles de menores.
Por su parte, analistas advierten de que estas reformas podrían tener un alto impacto político, en un contexto marcado por el aumento del gasto en defensa y el debate sobre las prioridades presupuestarias del país.
