Internacionales
María Corina Machado convocó a los venezolanos a movilizarse el próximo 28 de agosto
María Corina Machado convocó este domingo a los venezolanos “a la calle” el próximo miércoles 28 de agosto, cuando se cumple un mes del fraude electoral cometido por el régimen de Nicolás Maduro, luego de que la máxima corte validara su cuestionada reelección sin presentar las actas electorales.
“Los venezolanos nos encontramos nuevamente en la calle. Este 28 de agosto; en familia, con tus hijos, con tus nietos y con tu acta en mano, ratificamos que #ActaMataSentencia”, publicó Machado en X, junto a una imagen que reza “a la calle el 28″.
“Cada día tenemos más fuerza y vamos hasta el final!!”, sostiene la líder de Vente Venezuela en sus redes sociales.
La líder opositora reivindica la victoria del candidato Edmundo González Urrutia, al asegurar tener copias de actas electorales que prueban la derrota de Maduro por amplio margen.
Este sábado más temprano María Corina Machado había llamado a la comunidad internacional a responsabilizar a Maduro de “la represión desatada” en el país caribeño, sobre todo tras las elecciones del 28 de julio.
La ex diputada expresó que la comunidad internacional “debe reconocer” la “victoria” del opositor y “responsabilizar a Maduro y a su régimen criminal por la represión desatada”.
Según cifras oficiales, más de 2.400 personas han sido detenidas desde el 29 de julio -algunas en manifestaciones y otras en operativos policiales-, mientras que 27 personas fallecieron en hechos de violencia que el régimen chavista de Maduro atribuye a la oposición, mientras que la oposición culpa a las fuerzas de seguridad del Estado por orden de superiores.
Por otra parte, en su mensaje en X, Machado reiteró que “consolidar la transición democrática” en el país caribeño es “la única vía para detener” la migración venezolana y para que aquellos que están en el exterior “regresen a casa”.
Por su parte, este sábado se dieron fuertes pronunciamientos. En primer lugar, la Unión Europea (UE) rechazó la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) chavista sobre las elecciones en Venezuela y exigió al régimen la publicación de “resultados verificables”. “Solo se aceptarán y reconocerán unos resultados verificables de forma independiente para garantizar que se respeta la voluntad del pueblo venezolano”, indicaron los países de la UE en un comunicado publicado por la oficina del Alto Representante de la Política Exterior comunitaria, Josep Borrell.
Horas más tarde, los presidentes de Brasil y Colombia, Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro, cercanos al régimen de Maduro, insistieron en la necesidad de difundir las actas electorales “desglosadas por mesa de votación”, tras el aval del TSJ a la victoria de Maduro.
“Ambos presidentes siguen convencidos de que la credibilidad del proceso electoral sólo podrá restablecerse mediante la publicación transparente de datos desglosados y verificables”, afirmó una declaración conjunta de ambos países que insiste, también, en que “la normalización política de Venezuela” solo se conseguirá por medio del “reconocimiento de que no existe una alternativa duradera al diálogo pacífico y a la convivencia democrática en la diversidad”.
En tanto, tal como la había adelantado el viernes el fiscal general del régimen venezolano, Tareck William Saab, este sábado el Ministerio Público (Fiscalía) citó a declarar al candidato presidencial de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, por una investigación penal en su contra, debido a la presunta comisión de delitos asociados a la denuncia de fraude electoral que ha hecho el antichavismo.
La cita es para el próximo lunes 26 de agosto, a las 10 de la mañana, de acuerdo a lo indicado en la boleta de citación emitida por la Fiscalía, afín al dictador Nicolás Maduro.
Según la citación, el líder opositor deberá comparecer en la sede del MP, en Caracas, como parte de una investigación por la “presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración”.
La Fiscalía investiga la página web donde la principal coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- asegura tener publicado el 83,5% de las actas de las presidenciales del 28 de julio, que evidencian el triunfo de González Urrutia.
“Sírvase comparecer ante esta representación fiscal del Ministerio Público (…) el día 26 de agosto de 2024 a las 10:00 horas de la mañana, a fin de rendir entrevista en relación a los hechos que investiga este despacho relacionado con la publicación y mantenimiento de la página web https://resultadosconvzla.com”, reza la citación.
Internacionales
Incautan más de medio millón de quetzales vinculados a extorsiones en una vivienda de Guatemala
Las autoridades de seguridad pública de Guatemala reportaron este jueves 27 de agosto la captura de un hombre de 39 años y la incautación de Q548 mil 300 en efectivo, dinero que habría sido generado de manera ilícita.
El procedimiento policial se realizó en la 33 avenida y 46 calle de la colonia El Granizo II, zona 7 de la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con la información compartida, personal de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), en coordinación con fiscales del Ministerio Público, desarrolló el operativo como parte del seguimiento a investigaciones en curso.
Durante la inspección de una vivienda fueron localizados Q548 mil 300 en efectivo. Según las autoridades, el dinero también podría estar relacionado con casos de extorsión y ataques armados registrados en ese sector de la capital.
En el lugar fue detenido en flagrancia un hombre de 39 años, debido a que no pudo explicar el origen del dinero y por sus posibles vínculos con hechos delictivos.
El detenido fue puesto a disposición del juzgado correspondiente, que deberá dilucidar su situación legal.
Uganda declaró el fin de un brote de ébola luego de cumplir 42 días desde que el último paciente confirmado fue dado de alta, sin que se documentara una nueva transmisión asociada a ese caso, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El último enfermo por ébola confirmado, importado desde otro país, fue dado de alta el 16 de julio de 2026. Tras cumplirse 42 días sin nuevos contagios relacionados con ese caso, la OMS señaló que se marca el fin del brote.
«Uganda cumplió 42 días desde que el último enfermo por ébola confirmado, importado desde otro país, fue dado de alta el 16 de julio de 2026, sin que se haya documentado ninguna transmisión posterior asociada a ese caso, lo que marca el fin del brote», publicó la OMS en X.
La organización elogió al gobierno de Uganda, al personal sanitario y a sus socios por «las sólidas medidas adoptadas para contener el brote y evitar una propagación más amplia».
Uganda registró un total de 20 casos de ébola, casi todos correspondientes a personas que habían viajado desde la República Democrática del Congo (RDC), además de dos fallecimientos.
El ébola se transmite mediante el contacto con fluidos corporales y provoca fiebre hemorrágica.
El país fue reconocido por sus esfuerzos para evitar la propagación del brote, que desbordó los centros sanitarios en algunas zonas del este de la vecina RDC.
Desde que se declaró el brote el 15 de mayo, en la RDC se registraron más de 5.600 casos confirmados, incluidos más de 2.700 fallecimientos.
Según el texto, este es considerado el brote de propagación más rápida de esta enfermedad registrado hasta la fecha.
Irán ha ejecutado a más de 500 personas en lo que va de 2026, luego de un nuevo aumento de los ahorcamientos registrado en los últimos días, pese al llamado del presidente estadounidense Donald Trump para detener estas ejecuciones, informó el jueves la organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.
De acuerdo con IHR, al menos 511 personas han sido ejecutadas en Irán durante 2026, entre ellas al menos 29 relacionadas con las protestas antigubernamentales de enero.
La organización señaló que entre las personas ejecutadas figuran al menos 16 mujeres y 13 «presos políticos» vinculados a grupos de oposición prohibidos.
Activistas acusan a las autoridades iraníes de utilizar la pena capital como un mecanismo para intimidar a la población después de las protestas y de la guerra que comenzó el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel.
«Todas las ejecuciones, independientemente de los cargos, tienen un claro propósito interno: generar miedo y evitar nuevas protestas», declaró a la AFP el director de IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, quien agregó que existe preocupación por que esta tendencia pueda empeorar durante los próximos meses.
Desde el 19 de marzo, también fueron ejecutadas dos personas en relación con las protestas que comenzaron en 2022 tras la muerte bajo custodia de la joven kurdoiraní Mahsa Amini, quien había sido detenida en Teherán por presuntamente incumplir el código de vestimenta.
El martes, Trump escribió en su red Truth Social que Irán «asesina a manifestantes, incluso cuando no están manifestando, en una magnitud que no se había visto nunca».
«Se trata de una crisis humanitaria de proporciones épicas y debe detenerse, AHORA», agregó el mandatario estadounidense.
Amiry-Moghaddam sostuvo que, durante la guerra, la comunidad internacional concentró su atención en la reapertura del estrecho de Ormuz y en el conflicto, lo que, según afirmó, dio «a las autoridades un mayor margen para llevar a cabo ejecuciones de manifestantes, presos políticos y otras personas condenadas a muerte».
El director de IHR valoró los comentarios de Trump y afirmó que «una mayor atención aumenta el costo político para la república islámica».
La organización también aseguró que cientos de manifestantes han sido condenados a muerte o enfrentan cargos que podrían conllevar la pena capital.
Según Amnistía Internacional, Irán ejecutó al menos a 2.159 personas durante 2025. Sin embargo, las autoridades parecen estar intensificando actualmente las ejecuciones de manifestantes y de otras personas consideradas presos políticos durante el conflicto.
Más de 30 países, entre ellos Francia, Reino Unido y Canadá, condenaron este mes el uso de la pena capital por parte de Irán y afirmaron que el país está ejecutando a manifestantes para «silenciar la disidencia».
