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Español y salvadoreña son condenados por desfalco de $3 millones
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
Un microbús lleno de pasajeros terminó incrustado en un restaurante luego de verse involucrado en un aparatoso percance vial registrado en el kilómetro 78 de la ruta Interamericana, en las afueras de la ciudad de Guatemala.
De acuerdo con la información disponible, el motorista del microbús intentó esquivar a un automóvil que se incorporó de manera imprudente a la mencionada carretera.
Como resultado de la maniobra evasiva, el conductor perdió el control de la unidad y terminó empotrado en la fachada de un restaurante ubicado en la zona.
Como parte del Plan San Salvador Centro Ordenado y Seguro, personal del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) de San Salvador Centro realizó el retiro de diferentes obstáculos que habían sido instalados sin autorización.
El procedimiento fue ejecutado sobre el Paseo General Escalón, donde particulares habían colocado tubos metálicos y postes que dificultaban el paso de las personas.
De acuerdo con la comuna capitalina, este tipo de acciones contribuyen al fortalecimiento del orden y garantizan la libre circulación de los peatones en los espacios públicos.
Nacionales
Alcaldía de Santa Tecla emite más de 100 avisos por vehículos abandonados durante este año
El Cuerpo de Agentes Municipales de Santa Tecla (CAMST) informó que durante el presente año ha extendido alrededor de 100 notificaciones a personas que mantienen vehículos en estado de abandono en diferentes puntos del municipio.
Las autoridades detallaron que los automotores se encuentran abandonados en las vías públicas del municipio de La Libertad Sur. Como parte de las acciones de control y ordenamiento, el CAMST ha retirado un total de 13 vehículos.
De acuerdo con Arquímedes López Serrano, director del CAMST, cada mes reciben alrededor de 200 denuncias ciudadanas relacionadas con vehículos, motocicletas y otros objetos dejados en las calles, los cuales obstaculizan o dificultan el tránsito en distintos sectores del municipio.
“Todo lo que hacemos es regulado bajo la Ordenanza Municipal, no podemos ir en contra de la ley”, expresó López Serrano.
Asimismo, el funcionario señaló que mantienen un monitoreo constante y el seguimiento de las denuncias recibidas mediante un plan permanente orientado a garantizar el cumplimiento del artículo 19 de la Ordenanza Municipal. Dicho artículo establece que las calles, aceras y demás espacios municipales deben permanecer libres de infraestructuras u objetos que limiten la libre circulación de las personas y vehículos.
