Judicial
13 carros valuados en US$130 mil son decomisados a narcotraficante
Fiscales de la Unidad Especializada de Extinción de Dominio continuaron este martes con la incautación de los bienes a nombre de Luis Alfonso Amaya Pineda y su grupo familiar, procesados por tráfico ilícito de droga, desde octubre de 2022.
Los bienes y cuentas bancaria que en su totalidad ascienden a $4 millones comenzaron a ser decomisados el pasado lunes y está previsto que el procedimiento culmine el miércoles.
La Fiscalía General de la República confirmó que en el segundo día de diligencias incautaron 13 vehículos a nombre de Amaya Pineda y su familia, los automotores están valuados en $130,000.
«Entre estos hay 3 pickup del año, con un valor estimado de $29,000 cada uno», destacó el ministerio público. Luis Alfonso Amaya y su esposa Zaida Lisseth Candel Osorio, son procesados en el Tribunal Tercero contra Crimen Organizado de San Salvador.
Fueron arrestados por orden de la Fiscalía el 22 de febrero de 2023 en residencial Bosques de Santa Elena Sur, Antiguo Cuscatlán, en ese domicilio les hallaron siete kilos de cocaína y otras 10 porciones de diferente tamaño, con un precio de $197,449.90.
Ambos tienen el proceso penal por los delitos de tráfico ilícito y tenencia ilegal de arma de fuego.
Fiscales de la Unidad Especializada Delitos de Narcotráfico han perfilado a Luis Alfonso Amaya, como jefe de una estructura de narcotráfico que transporta droga desde Costa Rica y Panamá, y que tiene nexos con la Mara Salvatrucha.
Además, Alfredo Amaya Pineda, hermano de Alfonso Amaya, tiene causa penal por los mismos delitos tras ser detenido el 5 de octubre del 2022 en la colonia Santa Clara de Cojutepeque, le hallaron enterrados en su casa de habitación 39 de kilos de cocaína.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
