Internacionales
12 años de cárcel para migrante hondureño que ingresó a EEUU con una Green Card falsa
Mario Antonio Mejía-Calderón, un ciudadano hondureño de 34 años, fue detenido en Jacksonville, Florida, acusado de ingresar de manera irregular a Estados Unidos y de poseer una tarjeta de residencia permanente falsificada, según informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en un comunicado emitido el 4 de marzo de 2025.
La Fiscalía del Distrito Medio de Florida confirmó que el acusado ya había sido deportado en 2013 y que enfrentaba una posible condena de hasta 12 años de prisión si era declarado culpable. Este caso se enmarca dentro de los operativos migratorios que ICE realiza en distintas ciudades de Estados Unidos para identificar personas que reingresan sin autorización.
El Departamento de Justicia indicó que el migrante enfrenta cargos por “posesión de una tarjeta de residencia permanente fraudulenta” y “reingreso ilegal a EE.UU. por parte de un extranjero que había sido deportado anteriormente”. El fiscal federal adjunto Michael J. Coolican se encargará del proceso judicial.
¿Cómo fue el arresto de Mario Antonio Mejía-Calderón?
Mejía-Calderón fue arrestado el 24 de enero de 2025 tras una investigación de ICE en Jacksonville, informó la Fiscalía del Distrito Medio de Florida en un comunicado oficial. Durante el procedimiento, los agentes determinaron que el individuo se encontraba en el país sin autorización y que la tarjeta de residencia permanente que exhibió era apócrifa. Tras verificar su identidad, las autoridades establecieron que había sido expulsado previamente de Estados Unidos el 11 de junio de 2013.
¿Qué pasa cuando un deportado reingresa a EEUU ilegalmente?
El reingreso ilegal de una persona previamente deportada constituye un delito federal en Estados Unidos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) señala que este tipo de infracciones pueden conllevar penas de prisión más severas si el acusado ha cometido delitos adicionales o si utilizó documentos falsificados.
El historial de Mejía-Calderón indica que en 2013 ya había sido detenido por agentes de ICE por encontrarse de manera irregular en el país. En ese momento, también portaba una tarjeta de residencia permanente falsificada, lo que derivó en su deportación.
¿Cuál es la posible condena para Mejía-Calderón?
Si es declarado culpable de los cargos en su contra, la sentencia podría alcanzar un máximo de 12 años de prisión, de acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU. La posesión de documentos de inmigración falsificados es un delito grave bajo la ley federal, mientras que el reingreso ilegal tras una deportación conlleva penas variables según las circunstancias de cada caso.
El acusado permanecerá en custodia mientras espera su juicio, según informó la Fiscalía del Distrito Medio de Florida. ICE y otras agencias federales continúan realizando operativos en distintos puntos del país para identificar y procesar casos similares.
¿Cuáles son las consecuencias de usar documentos falsificados en EEUU?
El uso de documentos de inmigración falsificados es un delito grave en Estados Unidos. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), una persona que presenta documentos fraudulentos puede enfrentar prisión, multas y deportación inmediata. Además, esta infracción podría impedir que el acusado solicite beneficios migratorios en el futuro.
Casos similares han resultado en condenas significativas. En 2024, un migrante mexicano fue sentenciado a 10 años de prisión por utilizar identificaciones falsas para obtener empleo y beneficios gubernamentales, según reportó el Departamento de Justicia.
¿Es obligatorio portar la tarjeta de residencia en EEUU?
La Ley de Inmigración y Nacionalidad de EE.UU. establece que los residentes permanentes deben portar su tarjeta de residencia en todo momento. La Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) indica que el incumplimiento de esta normativa puede derivar en una multa de hasta 100 dólares o en una pena de cárcel de hasta 30 días.
El uso de documentos falsificados agrava la situación legal de un migrante, ya que puede derivar en cargos adicionales y en la imposibilidad de acceder a beneficios migratorios en el futuro.
Cuatro jóvenes fueron encontrados sin vida durante el fin de semana en diferentes colonias de La Ceiba, en la zona atlántica de Honduras, informaron medios locales.
Las víctimas fueron identificadas como Diego Jassir Canelas Solís, de 20 años; Dylan Mateo Canelas Solís, de 14 años; Daniel Enrique Antúnez Canelas, de 15 años; y Kelvin Magdiel Canelas, cuya edad no fue precisada.
De acuerdo con la información preliminar, los cuerpos fueron hallados atados de manos y pies en dos sectores de la ciudad y presentaban múltiples impactos de bala.
El medio La Prensa informó que dos de las víctimas fueron encontradas el sábado en una calle de la colonia San José, mientras que las otras dos fueron localizadas el domingo por la mañana en la colonia Canelas.
Los primeros en ser encontrados fueron Diego Jassir Canelas Solís y Daniel Enrique Antúnez Canelas, quienes, según información preliminar, eran primos. El diario El Heraldo indicó que vecinos del sector alertaron a las autoridades tras observar los cuerpos tendidos en una calle cercana a una tienda concurrida de la zona.
El mismo medio señaló que, de acuerdo con la información disponible, los jóvenes habrían sido privados de libertad desde el viernes junto con otras dos personas. Además, versiones citadas por El Heraldo indican que los cuatro jóvenes formaban parte de la congregación de los Testigos de Jehová.
Por su parte, el portavoz de la Secretaría de Seguridad de Honduras, Edgardo Barahona, confirmó en el noticiero Hoy Mismo, de TSi, que los jóvenes fueron privados de su libertad la noche del viernes en otro sector de La Ceiba, cuando presuntamente se dirigían a comer, según información divulgada por la radio HRN, conocida como La Voz de Honduras.
Barahona también indicó que la principal línea de investigación vincula el caso con estructuras criminales, principalmente relacionadas con maras y pandillas.
Persistencia de la violencia
En Honduras operan organizaciones dedicadas al narcotráfico, pandillas, redes de tráfico de personas y otros grupos criminales.
El país cerró 2025 con una tasa de 23.2 homicidios por cada 100,000 habitantes y, según el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), durante el primer semestre de este año se registraron 1,235 homicidios, lo que refleja la persistencia de la violencia.
Los departamentos de Cortés, Francisco Morazán y Yoro concentran la mayor cantidad de asesinatos reportados por las autoridades durante este año.
Aunque el Gobierno hondureño ha implementado medidas para combatir la inseguridad, hasta la fecha no ha logrado revertir los altos índices de criminalidad.
Recientemente, el Congreso aprobó una serie de reformas para enfrentar la violencia, que mantiene la tasa de homicidios en Honduras por encima de los 24 casos por cada 100,000 habitantes.
Las reformas autorizan a los militares a participar en tareas de seguridad pública, crean una nueva división contra el crimen organizado y permiten clasificar a las pandillas y a los carteles de la droga como grupos terroristas.
Venezuela inició la fase de reconstrucción de las zonas devastadas por los sismos del 24 de junio con 9,055 viviendas en proceso de reparación, informó la presidenta del Plan Venezuela Renace, Jacqueline Faría. En el marco de esta nueva etapa, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llamó a transformar «el espíritu del rescate en las manos laboriosas de la recuperación».
Faría explicó a la televisión estatal que, en La Guaira, la entidad más afectada por los terremotos, el 49.3 % de los inmuebles inspeccionados recibió etiqueta verde, lo que indica que las estructuras son habitables; el 23.5 % fue clasificado con etiqueta amarilla debido a daños superficiales, mientras que el 27.2 % obtuvo etiqueta roja por presentar peligro estructural.
La funcionaria aclaró que una clasificación con etiqueta roja no implica necesariamente la demolición de la vivienda.
«Los ingenieros estructurales, los patólogos, tienen que hacer un recálculo de la estructura y ejecutar esa obra y poder entonces hacerla habitable. No todas las rojas van a demolición», precisó.
Según el informe oficial, La Guaira concentra 2,926 viviendas en reconstrucción, Caracas registra 1,690, Yaracuy, donde se ubicó el epicentro del segundo sismo, suma 2,700 y Aragua contabiliza 918, para un total de 9,055 estructuras residenciales intervenidas hasta el momento.
Faría aseguró que el objetivo es que las personas que permanecen en campamentos temporales o frente a sus viviendas puedan regresar a sus hogares «lo antes posible en suma seguridad y con el ciento por ciento de atención».
En otra actividad, Delcy Rodríguez exhortó a los equipos de rescate a mantenerse movilizados durante la nueva etapa de recuperación.
«Yo pido que ese espíritu de este despliegue histórico para superarnos en el dolor, lo transformamos ahora en las manos laboriosas de la recuperación y de la reconstrucción», expresó.
Asimismo, hizo un llamado a impulsar una reconstrucción que trascienda la infraestructura.
«He llamado a la reconstrucción, no solamente de la infraestructura, he llamado a la reconstrucción humana, de nuevos valores humanos».
Rodríguez añadió: «Construyamos también una nueva ética para la sociedad venezolana, que sea una ética de amor, de comprensión, que sea una ética de cooperación para quien lo necesite».
Las declaraciones fueron brindadas durante la ceremonia de condecoración a más de 6,000 rescatistas, celebrada este sábado en La Guaira.
El balance oficial más reciente elevó este sábado a 5,119 la cifra de fallecidos por el doble sismo de magnitud 7.2 y 7.5 ocurrido el 24 de junio. Además, 21,470 personas permanecen en 107 campamentos transitorios mientras esperan soluciones habitacionales.
El capo mexicano de la droga Ismael «El Mayo» Zambada fue condenado este lunes a cadena perpetua por un tribunal de Nueva York, tras ser declarado responsable de haber codirigido el Cártel de Sinaloa.
Zambada, de 76 años, permanece encarcelado en Estados Unidos desde hace dos años y, en agosto de 2025, se declaró culpable de varios delitos relacionados con su responsabilidad al frente de esa organización narcotraficante.
Su exsocio, Joaquín «El Chapo» Guzmán, también cumple una condena de prisión de por vida en Estados Unidos.
«El Mayo» fue detenido el 26 de julio de 2024 en un aeropuerto de Estados Unidos. El narcotraficante sostiene que fue engañado por un aliado del cártel para abordar un avión que posteriormente lo dejó en manos de las autoridades estadounidenses.
Como parte del acuerdo derivado de su declaración de culpabilidad, las autoridades estadounidenses desistieron de solicitar la pena de muerte.
En un comunicado, el Departamento de Justicia informó que el juez federal de distrito Brian Cogan impuso la condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en la corte federal de Brooklyn, por su papel como principal líder de una «organización criminal continua» y por violaciones de la ley contra el crimen organizado.
«Ismael Zambada García pasó casi cuatro décadas envenenando comunidades estadounidenses para obtener miles de millones de dólares en ganancias y ordenando los asesinatos de cualquiera que se interpusiera en su camino. Hoy, ese capítulo se cierra definitivamente», afirmó el fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella Jr.
Conocido por mantener un perfil bajo y evitar ser fotografiado, Zambada pasó décadas ascendiendo dentro de la estructura del Cártel de Sinaloa, mientras eludía tanto la captura como múltiples intentos de asesinato.
