Internacionales
12 años de cárcel para migrante hondureño que ingresó a EEUU con una Green Card falsa
Mario Antonio Mejía-Calderón, un ciudadano hondureño de 34 años, fue detenido en Jacksonville, Florida, acusado de ingresar de manera irregular a Estados Unidos y de poseer una tarjeta de residencia permanente falsificada, según informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en un comunicado emitido el 4 de marzo de 2025.
La Fiscalía del Distrito Medio de Florida confirmó que el acusado ya había sido deportado en 2013 y que enfrentaba una posible condena de hasta 12 años de prisión si era declarado culpable. Este caso se enmarca dentro de los operativos migratorios que ICE realiza en distintas ciudades de Estados Unidos para identificar personas que reingresan sin autorización.
El Departamento de Justicia indicó que el migrante enfrenta cargos por “posesión de una tarjeta de residencia permanente fraudulenta” y “reingreso ilegal a EE.UU. por parte de un extranjero que había sido deportado anteriormente”. El fiscal federal adjunto Michael J. Coolican se encargará del proceso judicial.
¿Cómo fue el arresto de Mario Antonio Mejía-Calderón?
Mejía-Calderón fue arrestado el 24 de enero de 2025 tras una investigación de ICE en Jacksonville, informó la Fiscalía del Distrito Medio de Florida en un comunicado oficial. Durante el procedimiento, los agentes determinaron que el individuo se encontraba en el país sin autorización y que la tarjeta de residencia permanente que exhibió era apócrifa. Tras verificar su identidad, las autoridades establecieron que había sido expulsado previamente de Estados Unidos el 11 de junio de 2013.
¿Qué pasa cuando un deportado reingresa a EEUU ilegalmente?
El reingreso ilegal de una persona previamente deportada constituye un delito federal en Estados Unidos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) señala que este tipo de infracciones pueden conllevar penas de prisión más severas si el acusado ha cometido delitos adicionales o si utilizó documentos falsificados.
El historial de Mejía-Calderón indica que en 2013 ya había sido detenido por agentes de ICE por encontrarse de manera irregular en el país. En ese momento, también portaba una tarjeta de residencia permanente falsificada, lo que derivó en su deportación.
¿Cuál es la posible condena para Mejía-Calderón?
Si es declarado culpable de los cargos en su contra, la sentencia podría alcanzar un máximo de 12 años de prisión, de acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU. La posesión de documentos de inmigración falsificados es un delito grave bajo la ley federal, mientras que el reingreso ilegal tras una deportación conlleva penas variables según las circunstancias de cada caso.
El acusado permanecerá en custodia mientras espera su juicio, según informó la Fiscalía del Distrito Medio de Florida. ICE y otras agencias federales continúan realizando operativos en distintos puntos del país para identificar y procesar casos similares.
¿Cuáles son las consecuencias de usar documentos falsificados en EEUU?
El uso de documentos de inmigración falsificados es un delito grave en Estados Unidos. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), una persona que presenta documentos fraudulentos puede enfrentar prisión, multas y deportación inmediata. Además, esta infracción podría impedir que el acusado solicite beneficios migratorios en el futuro.
Casos similares han resultado en condenas significativas. En 2024, un migrante mexicano fue sentenciado a 10 años de prisión por utilizar identificaciones falsas para obtener empleo y beneficios gubernamentales, según reportó el Departamento de Justicia.
¿Es obligatorio portar la tarjeta de residencia en EEUU?
La Ley de Inmigración y Nacionalidad de EE.UU. establece que los residentes permanentes deben portar su tarjeta de residencia en todo momento. La Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) indica que el incumplimiento de esta normativa puede derivar en una multa de hasta 100 dólares o en una pena de cárcel de hasta 30 días.
El uso de documentos falsificados agrava la situación legal de un migrante, ya que puede derivar en cargos adicionales y en la imposibilidad de acceder a beneficios migratorios en el futuro.
Al menos 25 personas, en su mayoría niños y adolescentes, murieron la noche del sábado en un accidente de tráfico ocurrido durante una gira de estudiantes en la isla de Fogo, Cabo Verde, informaron las autoridades en un comunicado divulgado este domingo por la radio pública.
El autobús transportaba a 32 personas que regresaban a Sao Filipe después de una excursión cerca del volcán Pico do Fogo. Según funcionarios locales, el recorrido formaba parte de una actividad anual dirigida a los niños antes de su regreso a clases.
El accidente ocurrió en un archipiélago de África Occidental de aproximadamente 550,000 habitantes, ubicado en el océano Atlántico frente a las costas de Senegal. Las autoridades señalaron que los accidentes de gran magnitud son poco frecuentes en Cabo Verde y que, en general, el país cuenta con carreteras en buen estado.
Otras personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad, informó José Canuto, representante de Protección Civil de la municipalidad de Sao Filipe.
De acuerdo con testigos, el accidente se produjo cuando uno de los neumáticos del autobús explotó. El vehículo derrapó y terminó cayendo en un barranco de aproximadamente 30 metros de profundidad, ubicado en un valle de difícil acceso.
El Ministerio de Defensa de Bolivia elevó a seis la cifra de personas fallecidas tras las dos explosiones registradas el viernes por la tarde en una unidad militar de la ciudad de Viacha, ubicada a 30 kilómetros al suroeste de La Paz y con una población superior a los 100,000 habitantes. La actualización se produjo luego de que los equipos de rescate localizaran tres nuevos cadáveres entre los escombros.
Según el Ministerio de Defensa, en el recinto militar se almacenaba material pirotécnico decomisado, granadas y explosivos con base de TNT. De las seis personas fallecidas, tres han sido identificadas y corresponden a soldados, mientras que las identidades de los otros tres cuerpos recuperados permanecen pendientes de confirmación.
“El número de personas fallecidas tras las explosiones registradas el viernes en instalaciones militares de Viacha se elevó a seis (…) Tres de las víctimas fueron identificadas (…) mientras que otras tres permanecen en proceso de identificación”, indicó el comunicado oficial.
La cartera de Defensa señaló que se mantiene la cifra de 11 personas desaparecidas mientras continúan las labores de búsqueda entre las estructuras destruidas. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, explicó que todavía existen sectores afectados, materiales que deben ser revisados por especialistas y estructuras comprometidas.
Familiares de los soldados permanecían en los alrededores del cuartel en busca de información sobre sus seres queridos. Mientras tanto, las causas de las explosiones continúan bajo investigación. La Fiscalía abrió una causa por “homicidio culposo” y otros delitos.
El expresidente Evo Morales, opositor del mandatario Rodrigo Paz, calificó lo ocurrido como un “crimen de guerra” y cuestionó la actuación del Gobierno. A través de la red social X, afirmó que lo sucedido debería motivar una demanda ante la Corte Penal Internacional y pidió que la Fiscalía actuara de oficio.
Morales también señaló que el incidente afectó a varias familias de soldados que cumplían con su deber de servir a Bolivia.
Las explosiones provocaron daños en decenas de viviendas de los alrededores. Entre las afectaciones se reportaron ventanas hechas añicos, techos removidos, piedras esparcidas y árboles derribados como consecuencia de las ondas expansivas. Además, las puertas de algunos establecimientos comerciales quedaron retorcidas por la fuerza de las detonaciones.
Las autoridades de Indonesia cerraron este domingo ocho aeropuertos, entre ellos el principal de Yakarta, luego de la erupción del volcán Anak Krakatoa, una situación que dejó varados a más de 150,000 pasajeros y afectó 467 vuelos, de los cuales 58 correspondían a rutas internacionales y 409 a vuelos nacionales, informó el Ministerio de Transportes.
La suspensión de operaciones en el aeropuerto internacional Soekarno-Hatta, en Yakarta, comenzó a la 01:30 de la madrugada del domingo y fue prorrogada en varias ocasiones. Durante la noche, las autoridades extendieron nuevamente el cierre hasta las 23:59 horas locales (16:59 GMT).
De acuerdo con el Ministerio de Transportes, los análisis realizados durante la jornada detectaron dispersión de cenizas volcánicas en la zona del aeropuerto internacional Soekarno-Hatta, por lo que se ordenó el cierre de la terminal aérea.
El volcán Anak Krakatoa entró en erupción el sábado, expulsando lava y provocando explosiones que, según la agencia indonesia de vulcanología, pudieron escucharse hasta a 700 kilómetros de distancia. El organismo también informó que el domingo se registraron otras dos erupciones del volcán, ubicado en el estrecho de Sonda, entre las islas de Java y Sumatra.
Las cenizas volcánicas, consideradas peligrosas para los motores de los aviones, se dispersaron por el espacio aéreo de varios aeropuertos y alcanzaron también la ciudad de Bandar Lampung, en el extremo sur de Sumatra, donde cubrieron vehículos estacionados y los bordes de las carreteras.
Ante esta situación, las escuelas de Yakarta permanecerán cerradas el lunes y las clases serán impartidas a distancia. La administración de la capital anunció la medida mediante un comunicado, aunque no precisó durante cuánto tiempo permanecerá vigente.
El Anak Krakatoa registra actividad intermitente desde su aparición a comienzos del siglo XX, dentro de la caldera formada tras la erupción del Krakatoa en 1883.
Aquella erupción fue una de las catástrofes más mortíferas y destructivas de la historia, con un saldo estimado de 35,000 personas fallecidas.
