Política
Pena de hasta 15 años de prisión por bloquear candidaturas a cargos de elección popular
La Asamblea Legislativa reformó el artículo 295 del Código Penal para sancionar con entre 10 y 15 años de prisión a la persona que por cualquier medio impida u obstaculice la inscripción de una candidatura a cargo de elección popular cuando el aspirante cumple los requisitos de ley.
La reforma fue aprobada en la plenaria del miércoles pasado y tuvo el respaldo de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC, pero no de ARENA, FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo.
Diversos analistas de la oposición, así como el magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Julio Olivo, se han opuesto públicamente a la candidatura del presidente Nayib Bukele, quien anunció en septiembre pasado que competirá en febrero de 2024 por la reelección.
Igual pena carcelaria será impuesta a quien bloquee la elaboración del registro electoral o el libre ejercicio del sufragio en cualquiera de sus modalidades, según la reforma.
También serán sancionados con entre 10 y 15 años de cárcel las personas que ingresen al sistema o programa informático que sea utilizado por el TSE durante la jornada del ejercicio del sufragio.
La promoción XVIII iniciará el 20 de marzo 2026 por lo que llaman a los interesados a inscribirse a través del sitio icap.ac.cr, donde pueden encontrar el formulario para ser parte del doctorado.
El Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP) lanza convocatoria para inscribirse en el programa de Doctorado en Gestión Pública y Empresarial, grado académico PhD.
El instituto cuenta con una experiencia de más de 15 años formando a tomadores de decisiones en la región centroamericana, detalló el titular de la Dirección Nacional de Educación Superior, Christian Aparicio.
La promoción XVIII iniciará el 20 de marzo 2026 por lo que llaman a los interesados a inscribirse a través del sitio icap.ac.cr, donde pueden encontrar el formulario para ser parte del doctorado.
El ICAP es un organismo internacional del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), especializado en administración pública, que promueve el desarrollo de los recursos humanos y la modernización de los sectores públicos.
La comisión de hacienda y especial del presupuesto de la Asamblea Legislativa ha avanzado casi el 50 % en el estudio del proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal 2026, que es de $10,555.5 millones.
Para ello, el equipo legislativo ha recibido a 11 titulares de diferentes carteras del Estado, para conocer la planificación del uso de recursos que darán a la asignación planificada para el próximo año.
Los tres titulares del Gabinete de Seguridad; el de Medio Ambiente; de Agricultura y Ganadería; Obras Públicas; Vivienda; Desarrollo Local; y de la Dirección de Obras Municipales ya explicaron en la comisión sus asignaciones.
Los titulares o representantes que han acudido al congreso informaron sobre el porcentaje de avance de ejecución del presupuesto del año en curso, así como logros específicos, algunos de los cuales son proyectos que se continuarán en 2026 en sus siguientes fases.
Para el próximo viernes están agendados de asistir a la comisión los titulares de Turismo, ISTU, Corsatur, Aplan; y los de Gobernación y de Desarrollo Territorial.
Restarían tres sesiones para escuchar las explicaciones del presupuesto asignado a Educación, Salud, Economía, PGR, PDDH, Cancillería, Cultura, Corte de Cuentas y Órgano Judicial.
Durante la más reciente sesión plenaria de la Asamblea Legislativa, la diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, protagonizó un momento de tensión al pedir que las cámaras del Órgano Legislativo la enfocaran, asegurando que estaba siendo discriminada.
Ortiz solicitó que su petición quedara registrada en acta y recordó que representa al partido VAMOS dentro del pleno legislativo.
