Política
Diputada de ARENA, Milena Mayorga, asegura que hay «una alianza perversa» entre el FMLN y el partido que representa
La diputada del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Milena Mayorga, realizó varias publicaciones en su cuenta personal de Twitter, en las que considera que el retraso de un mes de la Comisión de Legislación sobre la solicitud de antejuicio contra el diputado Norman Noel Quijano, su partido habría aprovechado ese tiempo para buscar un acuerdo con el FMLN a fin de blindar al expresidente legislativo, acusado de asociaciones ilícitas y por fraude electoral en el año 2014 y 2015.
El requerimiento fiscal presentado en la Asamblea Legislativa, señala que Quijano es acusado de los delitos de asociaciones ilícitas y fraude electoral, ya que durante la campaña presidencial de 2014, cuando fue candidato a presidente del país, habría ofrecido dinero a cabecillas de pandillas a cambio de votos.
“Estaban dilatando el proceso mientras se llegaban a ciertos acuerdos. Sabemos que últimamente en la Asamblea Legislativa hay un pacto de corruptos y mientras se ponían de acuerdo pasó un mes para conocer la solicitud de antejuicio, mientras los ciudadanos han estado reclamando justicia”, aseguró la diputada.
Hay una Alianza perversa entre el FMLN y ARENA, se están protegiendo entre ellos y no desaforarán a Norman Quijano ya que hay más implicados.#PactoDeCorruptos#LasCosasComoSon@noticierostvm
— Milena Mayorga (@MilenaMayorga) February 25, 2020
Según la parlamentaria, “hay testigos, audios y vídeos donde hubo una especie de negociación. En este país han estado jugando con la sangre del pueblo y es triste ver que en los últimos 30 años acá se tenga que negociar posiciones políticas, incluso Quijano habló de derogar la ley antipandillas”.
Según mencionó Milena Mayorga, ningún diputado de cualquier tendencia debería aferrarse al fuero político para afrontar la justicia salvadoreña.
“El tema de antejuicio de Quijano es delicado y yo no lo acuso, pero puedo dar mi voto para quitarle el fuero porque nosotros presentarnos a la justicia si hay un requerimiento. El fuero no debe ser sinónimo de impunidad, algunos políticos ingresan a la política solo para obtener este beneficio”, recalcó.
“Por más que lo hayan retrasado un mes, aquí el punto es quienes van a conformar esa Comisión Especial. El diputado Quijano dice que quiere defenderse, pero no es la Asamblea Legislativa donde debe comprobar su inocencia, sino en los tribunales. Si Raúl Melara llegó a la Asamblea Legislativa para solicitar el antejuicio en su contra, es porque tiene las pruebas suficientes para sustentar la acusación”, puntualizó.
Atrás de Norman Quijano hay muchas más personas involucradas. Esto sólo es la punta del iceberg.#LasCosasComoSon @noticierostvm#ForotvmSS
— Milena Mayorga (@MilenaMayorga) February 25, 2020
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
