Judicial
407 jefes de la MS seguirán en prisión por 500 homicidios y un centenar de desapariciones
Un total de 407 miembros de la ranfla nacional, o jefes de la MS 13 seguirán en prisión provisional por 500 homicidios y 91 desapariciones que la Fiscalía General de la República les atribuye. Así lo determinó el Tribunal Sexto contra Crimen Organizado de San Salvador.
El juez fijó el plazo de instrucción hasta agosto de 2025 para que la Fiscalía fortalezca las investigaciones y pueda demostrar un total de 37,402 hechos delictivos que se les atribuyen.
Entre los acusados se encuentran sanguinarios ranfleros como Borromeo Henríquez “El Diablito de Hollywood”; y Luis Ángel Turcios, “El Trece de Santa Tecla”. En el mismo caso se procesa a los corredores de los programas “Ahuachapán”, “Wester”, “Vatos Locos”, “Criminal”, “Stone”, “Sonsonate”, “Pinos Locos Salvatruchas”, “Libertad”, y Programa “Centrales”.
“Se ordena instrucción formal con la aplicación de la detención provisión en contra de los 407 imputados… se autoriza un plazo de instrucción basado en el decreto 803, en el cual el plazo de instrucción transcurriría de forma paralela, la cual iniciará del 9 de febrero del 2024 y finalizará el 25 de agosto del 2025”, señaló el juez.
Entre los procesados, 84 serán juzgados de forma ausente. Los presuntos terroristas son procesados por agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, rebelión, tráfico ilícito, tráfico ilícito de armas, trata de personas, tráfico de armas o explosivos, actos de terrorismo, homicidios agravados, privación de libertad, desaparición de personas, tentativa de homicidio agravado, y feminicidio.
Según la Fiscalía, los delitos fueron cometidos entre 2012 y 2022. En esta época habrían ordenado 29, 416 homicidios agravados, 907 desapariciones de personas y 492 extorsiones. De ser hallados culpables, las condenas mínimas que podrían recibir van desde 95 años de prisión.
La FGR cuenta con extracciones de teléfonos que les fueron incautados, donde hay registro de diversos crímenes, así como se cuenta con declaraciones de testigos criteriados, por lo que se espera que los sujetos paguen por sus crímenes a la sociedad.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
