Judicial
ÚLTIMA HORA: Juez ordena reapertura del caso jesuitas
El caso será retomado luego de que la Cámara decidiera reabrir el caso para procesar a los autores intelectuales de la masacre, perpetrada en 1989.
La Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador resolvió este lunes reabrir el caso de los seis jesuitas asesinados presuntamente por el Ejército salvadoreño en 1989, confirmó Arnau Baulenas, coordinador del Equipo de Procesos de Justicia del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA)
La resolución llega luego de que Baulenas acudiera el pasado 26 de febrero a interponer un escrito en el que se solicitaba de manera expresa que se resolviera rápidamente una apelación hecha por la parte defensora para reabrir el caso y así evitar a los autores intelectuales de esta masacre.
El caso fue reabierto el 16 de abril de 2018, fecha en que la defensa de los procesados se mostraron inconformes y apelaron a la decisión.
Baulenas detalló que uno de los abogados defensores presentó un recurso de recusación de nuevos magistrados y el caso llegó a la Sala de lo Penal para decidir si efectivamente el magistrado debía o no debía conocer el caso.
«La Sala de lo Penal dijo que este magistrado no tenía ningún tipo de razón por no conocer y que por tanto se devolvía el caso a la Cámara para que resolviera lo pertinente. El caso llegó en octubre de 2018 y hasta la fecha no hemos tenido una respuesta», dijo Baulenas en febrero.
Baulenas sostuvo que el objetivo de reabrir el caso es garantizar un proceso judicial «de verdad» para hacer justicia a las víctimas involucradas en este caso.
«Entendemos que es un derecho básico de cualquier víctima, no solo de buscar justicia, sino de tener derecho de acceso a la justica y un proceso de verdad. Aquí no estamos hablando de venganza, sino de que haya un proceso investigativo para poder llegar a la verdad de los hechos y en este caso poder determinar los actores intelectuales que ordenaron la masacre de la UCA», indicó Baulenas.
Entre los autores intelectuales, según Andreu Oliva, rector de la UCA, está el expresidente de la República Alfredo Cristiani. De acuerdo con las autoridades de la UCA, el expresidente estuvo involucrado de una u otra forma en la masacre, ya que también era el comandante general de la Fuerza Armada.
Además del expresidente Cristiani, las autoridades señalan a los militares retirados Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Elena Fuentes, Rafael Zepeda, René Emilio Ponce y el coronel Inocente Montano como los autores intelectuales.
La reapertura del caso busca que una resolución emitida en 2000 quede sin efecto. En esa ocasión los procesados fueron absueltos por la extinta Ley de Amnistía.
El único militar que está en prisión por el caso es Guillermo Benavides, quien fue capturado con fines de extradición a España, pero la Corte Suprema de Justicia lo amparó para continuar recluido en el país.
Treinta y dos integrantes de la clica Cobras Locos Salvatruchos, del programa Ahuachapán de la MS-13, fueron condenados a penas que van de los 35 a los 324 años de prisión por múltiples crímenes cometidos en el distrito de Tacuba, departamento de Ahuachapán, entre ellos al menos 17 casos de homicidio agravado, además de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
Todos los procesados enfrentaron juicio en el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana.
De acuerdo con la resolución judicial, la pena más alta fue impuesta a Willian Antonio García Rumaldo, alias «Sospechoso», quien recibió una condena de 324 años de prisión por su participación en 10 casos de homicidio agravado, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
Por su parte, Luis Ángel Hernández Vásquez, alias «Snayper» o «Sayper», fue condenado a 134 años de prisión tras comprobarse su participación en cuatro homicidios agravados y el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, Élmer Eduardo Medina García, alias «Memito», recibió una pena de 125 años de prisión por cuatro homicidios agravados y agrupaciones ilícitas.
Entre los casos de homicidio resueltos con estas condenas se encuentra el de Clementino Esteban Rosales, de 56 años y hermano de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), quien fue asesinado el 16 de octubre de 2017 en el cantón Sincuyo, distrito de Tacuba, Ahuachapán Centro. Según la resolución, la víctima fue atacada con armas de fuego y machetes.
También se comprobó la participación de los condenados en el homicidio agravado del soldado de la Fuerza Naval José Alfredo Ascencio de la Cruz, ocurrido el 22 de septiembre de 2017 en una vereda de la finca San Martín, en el caserío El Arenal, distrito de Tacuba.
Los demás integrantes de la estructura criminal, entre ellos chequeos, observadores y colaboradores, recibieron condenas que oscilan entre los 35 y 95 años de prisión, de acuerdo con su grado de participación en los distintos hechos.
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Ocho integrantes de la clica Hollywood Locos Salvatruchos de la MS fueron condenados hasta con 53 años de prisión
Ocho integrantes de la clica Hollywood Locos Salvatruchos de la MS-13 fueron condenados a penas de hasta 53 años de prisión por formar parte o liderar agrupaciones con estructura jerárquica y organizadas como la MS-13 que en el pasado infundieron terror e inseguridad en la población.
Según el expediente de la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados formaban parte de la estructura que delinquían en diferentes sectores de Chalatenango en donde fueron capturados en 2022, durante el Régimen de Excepción.
Entre los condenados se encuentra el homeboy José Gerardo Hércules Pineda, alias «charcha», quien recibió una pena de 53 años de prisión; y los paros Luis Fernando Alvarado Reyes, alias «canchis»; Hugo Alberto Romero Castillo, alias «Hugo»; y Josué Ezequiel Marroquín Pineda, alias «beleti» o «zunso», fueron condenados a 26 años de prisión cada uno.
También recibieron una condena de 26 años de cárcel los colaboradores Yeimy Gregoria Clavel Quijada, también conocida como Yeimin Gregoria Clavel Quijada, alias «my friend» o «yeimi»; Ramón Ernesto Castillo Mejía, alias «gargamón»; Simón Alvarado Orellana, alias «Simón»; y Nelson de Jesús Palma Escobar.
Las condenas fueron impuestas por el delito de organizaciones terroristas con agravación especial por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez 2, luego de valorar la abundante prueba documental, pericial y testimonial presentada por la Fiscalía General de la República.
A una pena de 32 años de prisión fue condenado Nelson Osvaldo Hernández Álvarez por haber abusado sexualmente de dos niñas (una de ellas con discapacidad mental) en Ciudad Arce, La Libertad Centro, durante los años 2022 y 2024.
El imputado habría aprovechado su relación con la madre de las víctimas para acercarse a ellas y violarlas mientras estaban bajo su cargo o cuando dormían.
Durante dos años Álvarez mantuvo amenazadas a las menores para que guardaran silencio y no lo delataran; tiempo después le contaron a unos familiares, quienes las acompañaron a denunciar y mediante orden fiscal el imputado fue detenido.
La condena de cárcel fue impuesta en presencia del imputado por el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, luego de valorar la abundante prueba documental, pericial y testimonial que presentó el fiscal en juicio.
A Hernández Álvarez se le condenó por el delito de violación agravada continuada (16 años por víctima) y está obligado al pago de $3,600 dólares en concepto de responsabilidad civil a favor de las víctimas.
