Judicial
ÚLTIMA HORA: Juez ordena reapertura del caso jesuitas
El caso será retomado luego de que la Cámara decidiera reabrir el caso para procesar a los autores intelectuales de la masacre, perpetrada en 1989.
La Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador resolvió este lunes reabrir el caso de los seis jesuitas asesinados presuntamente por el Ejército salvadoreño en 1989, confirmó Arnau Baulenas, coordinador del Equipo de Procesos de Justicia del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA)
La resolución llega luego de que Baulenas acudiera el pasado 26 de febrero a interponer un escrito en el que se solicitaba de manera expresa que se resolviera rápidamente una apelación hecha por la parte defensora para reabrir el caso y así evitar a los autores intelectuales de esta masacre.
El caso fue reabierto el 16 de abril de 2018, fecha en que la defensa de los procesados se mostraron inconformes y apelaron a la decisión.
Baulenas detalló que uno de los abogados defensores presentó un recurso de recusación de nuevos magistrados y el caso llegó a la Sala de lo Penal para decidir si efectivamente el magistrado debía o no debía conocer el caso.
«La Sala de lo Penal dijo que este magistrado no tenía ningún tipo de razón por no conocer y que por tanto se devolvía el caso a la Cámara para que resolviera lo pertinente. El caso llegó en octubre de 2018 y hasta la fecha no hemos tenido una respuesta», dijo Baulenas en febrero.
Baulenas sostuvo que el objetivo de reabrir el caso es garantizar un proceso judicial «de verdad» para hacer justicia a las víctimas involucradas en este caso.
«Entendemos que es un derecho básico de cualquier víctima, no solo de buscar justicia, sino de tener derecho de acceso a la justica y un proceso de verdad. Aquí no estamos hablando de venganza, sino de que haya un proceso investigativo para poder llegar a la verdad de los hechos y en este caso poder determinar los actores intelectuales que ordenaron la masacre de la UCA», indicó Baulenas.
Entre los autores intelectuales, según Andreu Oliva, rector de la UCA, está el expresidente de la República Alfredo Cristiani. De acuerdo con las autoridades de la UCA, el expresidente estuvo involucrado de una u otra forma en la masacre, ya que también era el comandante general de la Fuerza Armada.
Además del expresidente Cristiani, las autoridades señalan a los militares retirados Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Elena Fuentes, Rafael Zepeda, René Emilio Ponce y el coronel Inocente Montano como los autores intelectuales.
La reapertura del caso busca que una resolución emitida en 2000 quede sin efecto. En esa ocasión los procesados fueron absueltos por la extinta Ley de Amnistía.
El único militar que está en prisión por el caso es Guillermo Benavides, quien fue capturado con fines de extradición a España, pero la Corte Suprema de Justicia lo amparó para continuar recluido en el país.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
