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Con 59 votos de los diputados presentes, la Asamblea Legislativa aprobó una prórroga a la validez de las placas de los vehículos automotores de El Salvador con formato del año 2011, la cual estará vigente hasta el 31 de agosto de 2027.

La medida modifica la Disposición transitoria a la Ley de derechos fiscales por la circulación de vehículos, con el objetivo de mitigar el impacto económico que representa la renovación de placas y otorgar un tiempo prudencial para realizar la evaluación técnica y financiera del proceso.

Según el dictamen aprobado, es necesario efectuar una evaluación técnica, financiera y logística minuciosa para optimizar los recursos destinados a la futura emisión de nuevos dispositivos de identificación vehicular.

Las placas con formato 2011 vencían originalmente en 2017; sin embargo, su vigencia fue prorrogada hasta diciembre de 2021 y posteriormente extendida hasta abril de 2024 debido a la crisis económica provocada por la pandemia de covid-19.

Más adelante, el periodo de validez fue ampliado nuevamente hasta agosto de 2025 para contribuir a la economía de los salvadoreños y, posteriormente, hasta el 31 de agosto de 2026 mediante un decreto legislativo aprobado el 19 de agosto de 2025.

Con la nueva disposición, las placas con formato 2011 mantendrán su vigencia hasta el 31 de agosto de 2027.

El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.

Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.

Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.

La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.

Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.

El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.

El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de Jhon Anthony Valles García, quien, según las autoridades, se desplazaba en una motocicleta haciéndose pasar por repartidor de una plataforma de delivery.

De acuerdo con el funcionario, el hombre intentó huir al percatarse de la presencia policial, pero fue localizado luego de sufrir un accidente en el kilómetro 8.5 de la carretera Panamericana, en Antiguo Cuscatlán.

Durante el procedimiento, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) le incautaron seis paquetes de marihuana, un teléfono celular y la motocicleta en la que se desplazaba.

«Nuestro trabajo de sacar de la sociedad a quienes tienen, mueven o comercializan veneno no se detiene», expresó Villatoro.

El ministro agregó que las autoridades continuarán actuando contra quienes distribuyan droga en el país.

«Seguiremos actuando con firmeza contra estos narcomenudistas. Quienes pretendan distribuir droga en nuestro país, pagarán con cárcel», afirmó.