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Gobierno de Joe Biden impone seis nuevas medidas para afrontar la llegada masiva de migrantes a Estados Unidos
El levantamiento del Título 42 elimina una herramienta clave que el gobierno federal ha utilizado durante más de tres años para reducir la cantidad de migrantes que cruzan a Estados Unidos. En total, aproximadamente la mitad de todos los migrantes encontrados en la frontera desde marzo de 2020 han sido expulsados en cuestión de minutos bajo esta medida.
El Título 42 no está disponible a partir de este viernes por la mañana, cuando se rescindió junto con la emergencia sanitaria nacional por COVID-19. Pero en los últimos meses el gobierno Biden ha construido un arsenal de estrategias para ayudar a evitar una situación caótica en la frontera.
Equivale a un enfoque de la zanahoria y el garrote.
La zanahoria, o el incentivo, consiste en crear vías legales para llegar a Estados Unidos, disuadiendo a los migrantes de presentarse en la frontera y que, en cambio, los alienten a presentar su solicitud desde sus países de origen.
El garrote es la adopción de reglas de asilo más estrictas que dificultan la obtención de protección en los Estados Unidos para quienes han cruzado la frontera ilegalmente.
En conjunto, las medidas podrían significar que el levantamiento del Título 42 podría resultar en un aumento de la migración menor de lo que se anticipó, o que la afluencia llegue antes de tiempo. Los cruces fronterizos ya han aumentado considerablemente, puesto que muchos inmigrantes intentaron cruzar antes de que expirara la medida, este jueves por la noche. Algunos han expresado que les preocupan los controles más estrictos y la incertidumbre que se avecina.
Estas son algunas de las nuevas medidas:
Permiso humanitario: pueden solicitarlo personas de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua. Necesitan un amigo o pariente que asuma la responsabilidad económica por ellos y, si se aprueba, pueden volar directamente a Estados Unidos. Hasta 360.000 personas podrán participar en el programa este año, y 100.000 han llegado hasta el momento. En inglés se conoce como humanitarian parole.
Centros regionales: el gobierno anunció recientemente que establecería centros en toda América Latina para que se evalúe a los solicitantes de asilo a fin de determinar si califican para el estatus de refugiado u otras formas legales de ingresar a Estados Unidos. En total, se establecerán unos 100 centros regionales, comenzando en Colombia y Guatemala.
Aplicación móvil: a principios de este año, el gobierno presentó una aplicación móvil, CBP One, que permite a los migrantes cerca de la frontera mexicana o en Ciudad de México programar una entrevista en un puerto de entrada oficial. El objetivo era poner orden en el trámite migratorio, y cerca de 80.000 personas han logrado obtener una cita. Pero los cupos son limitados en comparación con la gran demanda, y las fallas técnicas han frustrado los intentos de muchos inmigrantes, que durante meses han estado tratando de agendar una cita.
Anuncios digitales: el gobierno ha lanzado una campaña de publicidad digital en América Latina y el Caribe para combatir la desinformación que difunden las redes de contrabando, como que se garantiza la entrada a Estados Unidos después de que se levante el Título 42. La campaña advertirá a los posibles migrantes de los peligros de hacer el viaje a la frontera y de las consecuencias de ingresar ilegalmente a Estados Unidos.
Más recursos: Estados Unidos está enviando 1500 efectivos a la frontera y sumando más empleados para realizar el trabajo de procesamiento de inmigrantes en las instalaciones fronterizas, algo que requiere mucho tiempo. También está aumentando el número de vuelos de deportación para llevar a las personas de regreso a sus países de origen.
Nueva regla de asilo: bajo el antiguo sistema, que los críticos llamaban “atrapar y liberar”, muchos inmigrantes que llegaban a Estados Unidos pedían asilo y se les permitía permanecer en el país hasta que su caso fuera resuelto en un tribunal de inmigración.
La nueva regla de la gestión de Biden supone que aquellos que no utilizan vías legales para ingresar a los Estados Unidos no son elegibles para el asilo cuando se presentan en la frontera. Los migrantes en la frontera pueden refutar esta presunción solo si antes buscaron asilo o protección en otro país por el que pasaron de camino a Estados Unidos y se les negó refugio allí, o si pueden demostrar circunstancias excepcionales, como una emergencia médica.
Pueden tener una entrevista telefónica desde un centro de detención fronterizo con un funcionario de asilo, y pueden ser deportados rápidamente si se determina que no reúnen los requisitos para presentar la solicitud. A diferencia del Título 42, recibirán una marca permanente en su registro que les prohibirá ingresar a Estados Unidos durante cinco años y podrían enfrentar cargos penales.
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BCIE aprueba financiamiento de US$155 millones para dar continuidad al fortalecimiento de la infraestructura vial y la movilidad urbana en El Salvador
Con una inversión de US$155 millones, el BCIE respaldará la ejecución del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana – Fase II en El Salvador, continuando con intervenciones estratégicas para el país en materia de infraestructura vial. El programa beneficiará a más de 1.17 millones de habitantes en el Área Metropolitana de San Salvador y en el distrito de Atiquizaya, departamento de Ahuachapán.
Esta iniciativa se estructura en tres componentes principales: la ampliación y mejoramiento de la Carretera RN13W en el tramo Desvío Atiquizaya – Desvío Bypass de Ahuachapán junto con sus obras conexas; los estudios de diseño y construcción del Corredor Norte del Anillo Periférico del AMSS; y los estudios de diseño del Corredor Oriente del Anillo Periférico del AMSS. En conjunto, el Programa incluye la ampliación a 4 carriles de 7.05 km de carretera existente, la construcción de 8.17 km de nuevas vías y 30.4 km de ciclovía nueva.
La implementación de este programa redistribuirá los flujos de tránsito que hoy saturan la capital, reduciendo el tiempo promedio de viaje en 45.6% para los usuarios de los tramos intervenidos, y mejorará la circulación regional sobre la Carretera Panamericana. Además, con la ampliación de la RN13W, el programa elevará la capacidad de algunos de los ejes viales más importantes del país, proyectando un tránsito promedio diario anual de 111,053 vehículos, incluyendo 9,023 vehículos de carga pesada, ofreciendo condiciones más seguras y menores costos de operación para sus usuarios.
El Programa integra además soluciones tecnológicas de gestión inteligente del tránsito, medidas de seguridad vial e infraestructura para transporte no motorizado, y se estima que generará 250 empleos directos temporales.
Con esta aprobación, el BCIE reafirma su compromiso con el desarrollo integral de El Salvador. Este financiamiento representa una inversión de largo plazo en la competitividad, la conectividad territorial y el bienestar de la población salvadoreña.
La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para modificar el contrato de préstamo No. 5851/OC-ES, suscrito entre el Gobierno de El Salvador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el propósito de fortalecer el sistema aduanero y consolidar al país como un referente regional en infraestructura logística y facilitación del comercio.
El empréstito, por un monto de hasta $84 millones, fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 9 de abril de 2024 y ratificado el 22 de mayo del mismo año. Inicialmente, los fondos estaban destinados al Programa de Facilitación Comercial y Modernización de la Operación Portuaria en El Salvador, enfocado principalmente en la reducción de tiempos de espera del transporte de carga en los puertos y en mejorar la eficiencia operativa portuaria.
Sin embargo, el Ejecutivo identificó la necesidad de ampliar el alcance del programa y redirigir las inversiones hacia una modernización más integral de las aduanas y los controles fronterizos del país. Como resultado, el pasado 29 de abril, el Ministerio de Hacienda y el BID firmaron una modificación al contrato de préstamo para adecuar el proyecto a las nuevas prioridades estratégicas del Gobierno.
Durante la sesión de la comisión legislativa, el director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, explicó que uno de los cambios principales será la actualización del nombre del proyecto, que pasará a denominarse Programa de Facilitación del Comercio y de las Inversiones en El Salvador.
Según Herrera, esta modificación permitirá incorporar nuevas acciones orientadas al fortalecimiento de la infraestructura física en las aduanas del país, así como la modernización de puestos fronterizos estratégicos, entre ellos la frontera El Poy, ubicada en Chalatenango, uno de los principales puntos de intercambio comercial terrestre con Honduras.
Asimismo, el funcionario detalló que el programa contempla fortalecer el Centro de Control Integrado ubicado en el recinto de San Bartolo, una instalación clave para la supervisión y control de mercancías en el comercio exterior salvadoreño.
La propuesta también incluye la adquisición e implementación de tecnología para mejorar los controles aduaneros y agilizar el manejo de mercancías. Herrera señaló que esto permitirá avanzar en la digitalización y simplificación de los trámites vinculados al comercio exterior, reduciendo tiempos y costos logísticos para empresas importadoras y exportadoras.
Entre las iniciativas previstas se encuentra el desarrollo del Portal de Comercio Exterior, una plataforma digital que centralizará diversos procesos relacionados con importaciones, exportaciones y trámites aduaneros. El proyecto incluye además la compra de equipo informático, el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y el equipamiento necesario para mejorar la operatividad de las instituciones involucradas.
De acuerdo con el representante del Ministerio de Hacienda, todas estas acciones buscan incrementar la competitividad del país y generar condiciones más favorables para atraer inversiones, fortalecer el comercio regional y mejorar la eficiencia de las cadenas logísticas.
Otro de los cambios relevantes dentro de la modificación al préstamo es la sustitución de la entidad ejecutora del programa. En la versión original, la ejecución estaba a cargo del Ministerio de Economía en coordinación con la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), debido a que el enfoque principal se encontraba en las operaciones portuarias.
Con la reestructuración aprobada en comisión, la Dirección General de Aduanas (DGA) asumirá el rol de entidad ejecutora junto al Ministerio de Economía, mientras que CEPA dejará de participar directamente en la administración del programa.
Las autoridades justificaron esta decisión argumentando que la DGA es la institución que actualmente lidera las acciones relacionadas con controles fronterizos, facilitación comercial y modernización aduanera, por lo que su incorporación permitirá una ejecución más eficiente y alineada con las necesidades actuales del país.
Los diputados de la Comisión de Hacienda respaldaron la iniciativa al considerar que fortalecer la infraestructura aduanera y agilizar los procesos comerciales contribuirá a dinamizar la economía nacional y mejorar la posición de El Salvador en materia de comercio internacional.
Además, destacaron que la modernización tecnológica y la digitalización de trámites representan herramientas fundamentales para reducir la burocracia y aumentar la transparencia en los procesos de importación y exportación.
Con esta reforma al préstamo, el Gobierno apuesta por fortalecer la conectividad logística y mejorar las capacidades institucionales vinculadas al comercio exterior, en un contexto donde la competitividad regional depende cada vez más de la eficiencia en los sistemas aduaneros y de transporte de mercancías.
El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana ordenó instrucción formal con detención provisional contra Josselyn Esmeralda Ramos Ramos, de 19 años, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de su hijo de 2 años y 6 meses de edad.
De acuerdo con el requerimiento presentado por la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el pasado 30 de abril de 2026 en una vivienda ubicada en la comunidad Amayito, en Santa Ana.
Según las investigaciones, la imputada permaneció sola durante aproximadamente tres horas con el menor dentro de una habitación, lugar donde presuntamente ocurrió el hecho.
Durante la audiencia inicial, las autoridades expusieron que la autopsia practicada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la causa de muerte fue asfixia por obstrucción de nariz y boca.
Asimismo, en esta etapa del proceso judicial, la Fiscalía señaló que la acusada presuntamente ejercía violencia física y psicológica reiterada contra el niño.
Con la resolución emitida por el juzgado, la joven continuará en prisión mientras avanzan las investigaciones y el proceso penal correspondiente.
