Judicial
SENTENCIA: Tribunal dará fallo contra expresidente del BMI y el exdirector de Infocentro el 5 de marzo
Tribunal dará fallo contra expresidente del BMI el 5 de marzo
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, dará el fallo el próximo 5 de marzo, a las 11:00 a.m, de la vista pública contra el expresidente del Banco Multisectorial de Inversión (BMI), Nicola Ernesto Angelucci Silva y Sigfredo Armando Figueroa Salinas, exdirector de la Asociación Infocentro, por los delitos de peculado y negociaciones ilícitas, en perjuicio de la administración pública.
Ayer luego de concluir los alegatos finales por parte de la defensa de ambos procesados la Fiscalía solicitó al Tribunal que, a los acusados se les decretara el arresto domiciliar, a fin de garantizar la comparecencia al fallo, considerando que los delitos son tipificados como graves.
Dicho ente colegiado resolvió no ha lugar la petición ya que ambos han cumplido con las medidas alternas a la detención, por lo tanto resolvió colocarles un dispositivo electrónico mientras se da la lectura del fallo.
La Fiscalía General de la Republica solicitó la pena de 15 años de cárcel para Nicola Angelucci por el delito de peculado en modalidad continuada y 8 años por negociaciones ilícitas, asimismo en concepto de responsabilidad civil la cantidad de 6 millones 193 mil 293.61 dólares, los cuales alegan que son el monto total que fue transferido del BMI a Infocentros, por los seis convenios mencionados en el caso.
Asimismo solicita para Sigfredo Figueroa la pena de 12 años por el delito de peculado, en calidad de cómplice necesario.
Con relación a la responsabilidad civil, la Fiscalía requiere que se responsabilice de forma solidaria, y que el Tribunal decida el porcentaje por el que cada uno de los acusados debe responder.
En el desarrollo de la audiencia se recibió la declaración 26 testigos de cargo y 11 de descargo; además dos peritos financieros contables, uno presentado por la Fiscalía y el otro por parte de la defensa de Angelucci, los cuales fueron interrogados sobre auditorías realizadas a la documentación, sobre los convenios realizados entre el BMI e Infocentros.
Angelucci está acusado de administrar presuntamente de forma irregular 6 millones 173 mil dólares durante el periodo de 1999 al 2009, cuando se dio una apropiación de fondos del BMI para trasladarlos a la Asociación Infocentros, cuando no era permitido por ser una asociación sin fines de lucro.
También era presidente de la Asociación Infocentro y con esta doble calidad de funciones se hizo valer de su cargo para favorecer la suscripción de convenios con dicha entidad.
La investigación contra los procesados comenzó en el año 2012 por denuncia de erogaciones que realizó el BMI para varios proyectos de los cuales no había evidencia física de haberse ejecutados por parte de Infocentros.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
