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PNC oficializa la nueva unidad élite policial que elimina de raíz al GRP
Las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) oficializaron esta tarde la nueva unidad élite policial, que elimina de raíz el antiguo Grupo de Reacción Policial (GRP), luego de realizar una depuración profunda de esa estructura.
El nuevo grupo es la Unidad Táctica Especializada Policial (UTEP), que será conocida como Jaguares, y que está conformada por miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) y la Fuerza Especializada de Reacción de El Salvador (FES).
El director policial Howard Cotto fue enfático al anunciar «el cierre oficial, la supresión del Grupo de Reacción Policial», que en diciembre se vio afectado por un escándalo derivado de una fiesta en la que hubo bebidas alcohólicas y donde desapareció la agente Carla Mayarí Ayala, que a la fecha lleva 48 días desaparecida.
«Ninguno de los integrantes del GRP está incluido en la nueva unidad policial» remató el funcionario, quien además explicó que la unidad recién lanzada «no está por debajo de nadie, ni tampoco está por encima de nadie».
Cotto afirmó que en ningún momento la ausencia de los antiguos miembros del GRP dentro del nuevo grupo, hoy conocido como UTEP, corresponde a una mala evaluación del personal o a otras situaciones.
Las autoridades explicaron que los Jaguares están compuestos por «más de 200 policías tipo comando, quienes poseen una amplia experiencia para llevar a cabo operaciones de gran riesgo o dificultad en contra del crimen», entre los que hay 17 mujeres, lo que fue considerado un hito en la historia de la Policía.
El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez, expresó que «confiamos en la capacidad de esta unidad de adaptarse a las necesidades y de atender a las demandas de nuestros ciudadanos», en referencia a que puedan devolver la tranquilidad a los salvadoreños, que a diario se ven afectados por la ola de violencia protagonizada por terroristas.
El despliegue de los Jaguares estuvo precedido de un amplio dispositivo que incluyó el traslado de helicópteros, equipo y tropa.
Gabriel López Meléndez fue enviado a juicio por el delito de feminicidio agravado en perjuicio de su compañera de vida, así decidió el Juzgado Especializado Segundo de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el 3 de agosto de 2025 en el distrito de Apopa a raíz de una discusión que se prolongó durante varias horas hasta que el sujeto comenzó a agredir físicamente a la víctima.
«Mientras la pareja se encontraba en una habitación de su vivienda junto a uno de sus hijos, López, motivado por celos, habría comenzado una discusión y golpeó a la víctima en el estómago y el resto del cuerpo hasta quitarle la vida», se detalló en la acusación.
Posteriormente, López acudió a socorristas para solicitar ayuda, sin embargo, cuando estos llegaron, la víctima ya había muerto por las múltiples lesiones.
En el peritaje forense, que fue parte del desfile de pruebas de la Fiscalía, se determinó que la causa de muerte fue un trauma cerrado de abdomen de tipo contuso.
La investigación determinó que López Meléndez y la víctima mantenían una relación sentimental marcada por violencia psicológica y física ejercida por él. Además, el imputado intentaba controlarla y la maltrataba tras constantes episodios de celos.
Al valorar la oferta probatoria del ministerio público, el juzgado identificó elementos suficientes y relevantes para admitir la acusación y remitir el proceso a la etapa de sentencia. Asimismo, ratificó la medida cautelar de detención provisional contra el procesado, que se enfrenta a una posible condena de más de 30 años de prisión.
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Imponen 10 años de cárcel a cuatro hombres por amenazar a persona para que abandonara su casa
Luis Armando Márquez Tovar, Jonathan Alexander Veliz Umaña, Jorge Alberto Landaverde Rivas y José Samuel Lima Flores fueron condenados a 10 años de cárcel cada uno por el delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. La pena carcelaria fue impuesta por el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador.
Los hechos ocurrieron el 27 de diciembre de 2021, en el distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
La Fiscalía logró comprobar que ese día, aproximadamente a las 8:30 p. m., los ahora condenados llegaron a la vivienda de la víctima, quien tenía abierta la puerta balcón del inmueble para amenazarla con que debía abandonar el lugar.
En el desarrollo de la vista pública, la víctima declaró que uno de los sujetos hablaba por teléfono y, entre insultos, le exigió que tomara el celular porque querían hablar con él, además de pedirle que se dejara tomar una fotografía.
«La víctima al ver el semblante intimidante de los imputados, tomó el teléfono celular y escuchó que la persona al otro lado de la llamada le advirtió que, si no accedía a tomarse la fotografía, enviaría a otras personas para dispararle», detallaron las fuentes. Ante la negativa de la víctima, los procesados lo amenazaron para que abandonara el lugar. Por temor a que las amenazas se concretaran, la víctima se vio obligada a dejar su vivienda.
Carlos Eloy Castañeda Hernández fue condenado a 37 años de prisión por homicidio simple en calidad de cómplice no necesario, así resolvió el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador.
El hecho ocurrió el 15 de marzo de 2021, en Ciudad Delgado, San Salvador Centro, en perjuicio de la víctima identificada como C. J. E.
Según la acusación, ese día, tras una fuerte discusión, el hijo del procesado, identificado en el caso únicamente como Samuel, «disparó con un arma de fuego contra la víctima. En ese mismo hecho, el imputado le arrebató el arma y disparó contra las otras tres víctimas, causándoles lesiones. Posteriormente, el autor del homicidio (Samuel) se dio a la fuga», detallaron fuentes judiciales.
La condena impuesta a Castañeda Hernández incluye la responsabilidad en los tres casos de homicidio tentado (intento), cuyas víctimas permanecen bajo reserva de identidad, así como por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego.
En el fallo, el tribunal determinó que el imputado participó en el homicidio en calidad de cómplice no necesario, al no auxiliar a la víctima, lo que facilitó la fuga del asesino Samuel.
Por el delito de homicidio simple en modalidad de complicidad no necesaria, el tribunal le impuso diez años de prisión. Por cada uno de los homicidios tentados (intentos), ocho años; y por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, tres años de prisión
