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PNC custodia tumba donde presuntamente se encuentra el cuerpo de Carla Ayala
El Director General de la Policía Nacional Civil (PNC), comisionado Howard Augusto Cotto expuso detalles sobre la investigación en el caso de la agente desaparecida Carla Ayala Pineda, en las instalaciones del edificio central de la institución.
Afirmó que la Policía ha venido trabajando desde hace unas semanas en esta investigación, que lleva a tener una fuerte presunción, que el cuerpo de la agente Ayala Pineda pueda encontrarse enterrado en un cementerio de San Francisco Javier, en Usulután.
Los elementos que hacen que la institución policial tenga la presunción de la existencia del cuerpo de la agente en el cementerio antes mencionado, son los siguientes:
En primer lugar, producto de las pesquisas que se han estado realizando en la investigación del caso, pendientes principalmente de ubicar el paradero de la agente Carla Ayala, se ha tenido el conocimiento que el pasado 30 de diciembre de 2017, un día después de sucedido el hecho, familiares de Castillo Arévalo, abandonan una vivienda en el municipio de Soyapango, y se supo a través de los vecinos, que presuntamente una de las 2 personas que vivía ahí, había fallecido.
Luego, a través de las indagaciones policiales, el 31 de diciembre por la tarde, se da sepultura supuestamente al familiar del prófugo Castillo Arévalo, en dicho cementerio.
Los familiares del ex agente prófugo utilizaron para tramitar la autorización y efectuar el entierro, una constancia de defunción emitida por un médico de Ilopango, cuando se le entrevistó el profesional admitió no haber visto ni conocido a la persona que aducen había fallecido.
Por lo tanto, emite un acta de defunción sin conocer a la persona, y sin tener a la vista el cuerpo. Además, la persona supuestamente fallecida originaria de San Francisco Javier, creció y vivió por mucho tiempo en dicho municipio, siendo sepultada sin realizarle ninguna vela o actos fúnebres, sin la asistencia de nadie a este tipo de actos, y realizaron la sepultura de esa persona, y hasta la fecha no hay nadie quien lo confirme.
Todos estos elementos dan la fuerte presunción de que en el lugar está enterrado el cuerpo de la compañera Ayala Pineda.
La Policía está gestionando los trámites para hacer de forma legal la exhumación del cuerpo que pudiera encontrarse en esa tumba para constatar si es o no la agente desaparecida. Desde el 22 se febrero se emitió una orden de custodia en el lugar, que se mantendrá independientemente de lo que tarde el proceso.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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