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Operativo permitió golpear estructura de traficantes de drogas
Las investigaciones establecen que los miembros de esta estructura realizaban su accionar en diferentes zonas del Occidente del país y en San Salvador, desde el año pasado.
En una nueva operación conjunta entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), se logró las capturas de siete personas ligadas a una organización que se venía dedicando al tráfico ilegal de drogas en el Occidente del país y en San Salvador.
La Unidad Fiscal Especializada Antinarcotráfico confirmó que esta madrugada se desarrollaron los operativos destinados a golpear y concretar las capturas de miembros de la estructura terrorista pandilla 18, dedicados a negociar de forma ilegal con drogas principalmente metanfetamina y marihuana.
Según las investigaciones, también se les ha determinado participación en el delito de Homicidio Agravado y Proposición y Conspiración en el delito de Homicidio Agravado.
Los dispositivos fueron desarrollados de forma conjunta y simultánea en diferentes lugares de los departamentos de Santa Ana, Ahuachapán, Sonsonate y San Salvador, hasta donde llegaron las autoridades para efectuar las capturas y al mismo tiempo decomisar elementos que los relacionan en los ilícitos.
Las indagaciones realizadas por fiscales e investigadores policiales precisan que, desde julio del año 2020, los miembros de esta organización venían realizando su accionar criminal en distintas zonas del Occidente del país y en San Salvador.
Las autoridades rastrearon las ubicaciones de otros involucrados, y se confirmó las capturas de Saúl Natanael Velásquez Ríos, Carlos Armando Martínez Quiñónez, Armando Adolfo Escobar Fuentes, Kenneth Josué Escobar Fuentes, Ana Guadalupe Márquez Cubias, Eduardo Alberto García García y Cindy Carolina Rivera Argueta.
En un plazo no mayor a 72 horas serán puestos a disposición de un juzgado común en esta jurisdicción.
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Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, no ha tardado en expresarse de las nuevas reformas aprobada en la Asamblea Legislativa en la que se permite cadena perpetua a pandilleros, asesinos y violadores.
Ortiz reiteró que el aumento de años a una condena no da justicia a las víctimas.
Además cree que está reforma puede traer «problemas» para las personas que son procesadas por tres delitos mencionados anteriormente.
Claudia Ortiz fue la única que votó en contra de la reforma al artículo 27 para condenar a cadena perpetua a pandilleros, violadores y asesinos.
Esta mañana un joven trabajador murió al caer sobre su cuerpo un promontorio de laminas que habían llegado a dejar a una ferretería en el Cantón Coyolito, jurisdicción de Tejutla, Chalatenango.
Socorristas de Comandos de Salvamento de El Salvador, seccional de Aguilares fueron alertados y al llegar al lugar del percance, realizaron maniobras para poder recuperar al joven quien fue identificado como Juan Joel Vargas Rosa, de 20 años.
Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por los cuerpos de socorro y del SEM, la persona perdió la vida, debido a los traumas sufridos al caer sobre su cuerpo el peso de las láminas desde una altura de dos metros.
Dos trabajadores más que estaban en el lugar lograron salir a tiempo y evitar de esta manera una tragedia mayor.
