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Ministro de Justicia Ramírez Landaverde: “Es un caso complicado”, sobre asesinato de periodista Karla Turcios
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, aseguró estar ante un caso “complicado” referente al asesinato de la periodista de La Prensa Gráfica (LPG) Karla Turcios, quien desapareció el sábado y su cuerpo fue encontrado el domingo en horas del mediodía.
El titular del ministerio público dijo que comprende la “indignación” de la población pero aseguró que por ahora, no pueden entrar en más detallles del hecho, dado que se está iniciando a investigación.
“Entendemos las muestras de indignación y la exigencia al Estado de una rápida y diligente actuación para llegar a la verdad, pero es un caso complicado. Es un caso que va a requerir mucho trabajo”, dijo el ministro esta mañana en la entrevista Diálogo con Ernesto López.
El titular de Seguridad aseguró que por el momento, “no hay que descartar nada” y dijo que toda información sirve para esclarecer el asesinato.
“Todas las posibilidades deben ser puestas sobre la mesa. El interés de todos es llegar a la verdad y pues reiteramos no solamente el de solidarizarnos con todos los periodistas y por supuesto con la familia”, dijo.
El funcionario también pidió el apoyo de la ciudadanía y en especial de las personas cercanas a Turcios para poder resolver el caso.
“Todo aquel que conozca, que tenga algún dato o que haya tenido una relación cercana con la víctima que considere tener información importante, pues póngala al alcance de la autoridades. El apoyo que las autoridades puedan recibir es lo que va a determinar la rapidez con que este caso se resuelva. De forma que hacemos ese llamado a que prevalezca ese interés”, pidió el ministro.
Sobre otros casos emblemáticos que aún siguen sin resolverse como el crimen del camarógrafo de canal 21, Samuel Rivas y el desaparecimiento de la agente, Carla Ayala, el titular de justicia dijo que se está avanzando en las investigaciones.
“Todos son casos que se les está dando toda la prioridad que requieren y que van avanzando. Son casos muy complicados, algunos demorarán más tiempo y hay una demanda social para que se declare y esclarezca”, agregó.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
