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Ministro de Trabajo: «La clase trabajadora celebrará este día una pensión digna»
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, brindó una conferencia de prensa posterior a la lectura del proyecto de decreto que contiene la nueva Ley Integral del Sistema de Pensiones, en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa.
«Este día, el presidente Nayib Bukele salda una deuda histórica con la población. Hemos presentado, como Ejecutivo, una propuesta que tiene un carácter progresivo y de justicia social, de levantar las pensiones para el beneficio de la población», expresó el ministro, quien reiteró «que la clase trabajadora celebrará este día una pensión digna».
#DeDinero | «Los únicos que van a atacar la propuesta son la oposición y los defensores de los VIP […] Debemos de llevar pensiones dignas a quienes nunca las tuvieron. Hoy tendrán una pensión justa y digna», reiteró el ministro @RolandoCastroSv. 📸: Guillermo Martínez/DES pic.twitter.com/F979Thw7fB
— Diario El Salvador (@elsalvador) December 20, 2022
Entre las principales novedades y beneficios de la nueva Ley Integral del Sistema de Pensiones se encuentran: El patrono pagará 1 % más de lo establecido; El empleado seguirá cancelando lo mismo; La comisión de las AFP se reducirá y las pensiones aumentarán 30 %; es decir, eleva la pensión mínima a $400 y reduce las pensiones VIP a $3,000.
«A todos les llegará un incremento del 30 % en su pensión», aseguró Rolando Castro, quien agregó que «Los únicos grandes perdedores de esta reforma solamente han sido los 684 VIP que hemos tenido y que fue producto de los entuertos políticos que hacían ARENA y el FMLN».
Dicha ley también permitirá que la rentabilidad de las pensiones suba. Por otra parte, las edades de jubilación se mantienen en 55 años para mujeres y 60 para hombres. Un dato novedoso es que la diáspora podrá cotizar voluntariamente en el sistema para recibir los beneficios de un ahorro previsional rentable, seguro y en El Salvador.
«…Siempre hubo un sistema previsional injusto, un sistema no sostenible en el tiempo, el fondo de pensiones prácticamente se logró sustraer», dijo el funcionario.
Cabe mencionar que esta tarde está por ser votada, en la sesión plenaria, la nueva ley integral del sistema de pensiones, la creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) y la disolución del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP).
«Esta ley tiene un carácter progresivo, que tiene una visión de justicia social de levantar las pensiones de salvadoreños con salarios más bajos», expresó el ministro.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
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Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
