Judicial
Testigo criteriado «Noé» continúa aportando información de la operatividad de las clicas MS
El Juzgado Especializado de Sentencia “A” de San Salvador continúo el juicio del caso “Operación Cuscatlán”, con la declaración del testigo con criterio de Oportunidad “Noé”, quien narró la operatividad de las “clicas” del departamento de La Libertad y cómo estás obtenían grandes ganancias mensuales en negocios “lícitos”.
Este jueves “Noé” habló sobre los “programas” y “clicas”, narrando que el “Programa Libertad” tenía negocios como plantaciones de café en el municipio de Nejapa, huertos de hortalizas, entre otros.
Además, declaró que por la producción y venta de hortalizas la pandilla obtenía ganancias de 10 mil dólares mensuales y por la producción y venta de café eran de 20 mil dólares anuales.
Asimismo, el testigo habló sobre unas clases que recibieron los pandilleros, para el uso de armas largas y cortas, narrando que estas las impartió el pandillero Carlos Zometa Palacios, debido a que éste había sido instruido antes por unos excombatientes de la Fuerza Armada, para el uso de armas.
Según el testigo estas clases se les impartieron a un aproximado de 200 “homeboys» en el 2012 durante un periodo de 24 meses. Las clases supuestamente se dieron en un terreno de Nejapa, dijo.
La audiencia continúa este viernes, a las 8 de la mañana.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
