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Sujeto pagará 35 años de cárcel por acabar con la vida de su pareja en Usulután

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Una condena de 35 años de cárcel recibió un sujeto tras ser hallado culpable de acabar con la vida de su pareja, informó la Fiscalía General de la República (FGR), en las últimas horas.

Se trata de José Adalberto Serpas Campos, de 21 años de edad, acusado de acabar con la vida de Saraí Ramírez Campos, de 22 años de edad.

Los hechos tuvieron lugar el día viernes 24 de abril del 2020, en la colonia Santa Clara de Asís, del municipio de Santiago de María, en el departamento de Usulután.

Campos, en declaraciones a los medios cuando lo aprehendieron, dijo que tenían “problemas de pareja normales” y, un día antes de comete el suceso, las cosas llegaron a tal punto que fue necesaria la intervención de la Policía Nacional Civil (PNC), ), pues la noche del jueves tuvieron una fuerte discusión.

Asimismo, Campos aceptó que el día del hecho él entró por la parte trasera de la casa armado con un cuchillo con el que acabó con la vida de Saraí. Fueron vecinos quienes alertaron a la PNC tra escuchar los gritos de la joven.

Personas allegadas a la víctima, cuando ocurrió el suceso, indicaron que la mujer tenía tres hijos, uno de estos con Campos, quien le quitó la vida.

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Fiscalía busca despojar bienes a exministro de Defensa, David Munguía Payés

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La Fiscalía General de la República (FGR) informó esta mañana de viernes que se encuentra realizando las gestiones correspondientes ante el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio para que el exministro de Defensa, David Munguía Payés sea despojado de bienes que ascienden a los 4.6 millones de dólares.

Esta mañana el Ministerio Público presentó la solicitud de extinción de dominio ante la instancia judicial con la respectiva documentación.

“La FGR presenta la solicitud de extinción de dominio, ante el Juzgado Especializado, sobre los bienes del exministro de Defensa David Munguía Payés valorados en US$4,638,164.91”, indicaron las autoridades.

Entre los bienes que la FGR pretende sustraer y trasladar a favor del Estado se encuentran inmuebles, productos financieros y vehículos automotores, los cuales fueron obtenidos “producto de actividades ilícitas” durante la gestión del exfuncionario entre los años 2009 y 2019.

Actualmente, la Fiscalía ha acusado a Munguía Payés de los delitos de peculado, agrupaciones ilícitas y actos arbitrarios, delitos cometidos en el marco de la tregua entre pandillas durante la administración de Mauricio Funes, quien también enfrenta cargos por delitos de corrupción.

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Sujeto pasará 12 años en prisión por abusar de una niña en reiteradas ocasiones

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Un hombre fue condenado a pasar 12 años tras las rejas por el Tribunal Cuarto de San Salvador, porque lo encontró culpable de abusar de una niña en varias ocasiones.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), el sujeto responde al nombre de Julio César Zarpate Escobar, de 31 años.

Las investigaciones del Ministerio Público detallan que el hecho ocurrió en la urbanización Valle Verde, del municipio de Apopa al norte de San Salvador entre los años 2019 y 2020.

El testimonio de la menor establece que, Zarpate Escobar apartaba a la víctima y la llevaba al cuarto matrimonial para agredirla.

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Armando Pineda, expresidente de la CSJ, podría pagar 10 años de cárcel por actos arbitrarios e incumplimiento de deberes

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El grupo de abogados del empresario Enrique Rais, denunció penalmente al expresidente de Corte Suprema de Justicia (CSJ), Armando Pineda, por los delitos de Actos Arbitrarios e Incumplimiento de Deberes; el acusado podría pagar una pena de diez años de prisión.

Los defensores de José Aquiles Enrique Rais López, demostraron con base a la resolución que emitió la ONU, que el exmagistrado Pineda Navas, aplicó justicia selectiva en contra de Enrique Rais, y los delitos emitidos por el expresidente de la CSJ, se encuentran la omisión de la ejecución de la resolución emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), sentenció que el empresario Enrique Rais fue objeto de una detención arbitraria y que se vulneraron todos sus derechos civiles y políticos.

Los abogados exhortaron al ministerio público a que se lleve a cabo una investigación profunda e independiente sobre la privación arbitraria de José Aquiles Enrique Rais López y aplique las medidas pertinentes contra los responsables.

El Abogado defenso Carlos Mauricio Miranda Rubio, afirmó que: “se han vulnerado derechos fundamentales, principalmente su afectación al derecho a la libertad es arbitraria, estamos conscientes que el interés del señor Rais, además de alcanzar justicia en las demandas penales, se pretende que este caso se vuelva un precedente de justicia para visibilizar todas las demandas penales del sistema de justicia”, destacó el defensor.

La Corte Suprema de Justicia descartó dar cumplimiento a lo emitido por el GDTA y garantizar la plena libertad de Enrique Rais, ignorando investigaciones contra los jueces y otros funcionarios, entre ellos el exfiscal Douglas Meléndez y Raúl Melara.

La destitución de Carlos Sánchez Escobar fue por los actos de violación a Derechos Humanos y uso Ilegal de su cargo, aplicando a su conveniencia selectivamente las leyes y la Constitución, se espera que se le formule un antejuicio para comprobar los delitos de los cuales también se le acusa.

Al exmagistrado Pineda Navas, se le imputan los delitos de actos arbitrarios y según el artículo 230 del Código Penal, establece que “El funcionario o empleado público o el encargado de un servicio público que en el desempeño de su función realizare cualquier acto ilegal o arbitrario, vejación o atropello contra las personas o daño en los bienes, o usare de apremios ilegítimos o innecesarios para el desempeño de la función o servicio o permitiere que un tercero lo cometiere, será sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para desempeño del cargo por el mismo tiempo”.

Según el artículo 321 del mismo código, el delito de incumplimiento de deberes establece que “el funcionario o empleado público, agente de autoridad o el encargado de un servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual período”.

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