Judicial
Sujeto acusado de resistencia y lesionado en procedimiento enfrentará proceso en libertad
El Juzgado Octavo de Paz de San Salvador ordenó instrucción formal con medidas sustitutivas a la detención provisional a favor de Oscar Leonardo Mejía Molina, de 28 años de edad, acusado de daños y resistencia en perjuicio de la Policía Nacional Civil.
Mejía es el joven que se observa en un video que recorrió las redes sociales que, mientras fue capturado, agentes policiales le habrían causado lesiones y fue golpeado abordo de la patrulla policial.
El hecho sucedió el lunes 16 de noviembre a las 5:30 de la tarde, cuando Mejía se encontraba en una pizzería ubicada en final calle Asilo Sara, frente a Colonia Aragón Uno.
Según la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), elementos de la PNC realizaban patrullaje preventivo en esa zona, cuando observaron a Mejía Molina «sospechoso y con apariencia de delincuente», quien no hizo caso a unas instrucciones verbales de los policiales, por lo que el agente Marlon Wilfredo Ardón Ascencio (acusado por lesiones) se le acercó, pero Mejía se le abalanzó e intentó arrebatarle el arma.
En ese instante pierden el control y caen al suelo, resultando lesionado Mejía de la cabeza, pómulo y brazo derecho. Además el requerimiento expresa que al colocarle las esposas al imputado, éste les ocasiona daños.
De acuerdo con declaraciones de Mejía Molina a la prensa, el agente Ardon le dijo que no le daba un balazo porque se iba a meter en problemas.
Al joven no se le han imputado más delitos que lo sucedido en el altercado con los policías.
Durante el desarrollo de la audiencia inicial el fiscal solicitó al juez decretara medidas sustitutivas en lugar de la detención como lo habían solicitado en un inicio en el requerimiento fiscal. Las medidas que debe cumplir Mejía Molina son presentarse cada 15 días al Juzgado 8° de Instrucción y no salir del país.
Luis René Rivera González enfrenta cargos por feminicidio agravado, acusado de haber asesinado a su compañera de vida a golpes en la cabeza y posteriormente incinerar el cuerpo para intentar ocultar el crimen, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo en un terreno baldío ubicado sobre la carretera a Punta Mango, en el caserío La Vaca, cantón El Zope, distrito de Jucuarán, Usulután.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, tras cometer el homicidio, Rivera González regresó a su vivienda en Chirilagua, San Miguel, y minutos más tarde volvió a la escena del crimen para prender fuego al cadáver.
La desaparición de la víctima fue reportada por familiares el 21 de abril. Gracias a las diligencias realizadas por la FGR, el cuerpo fue localizado el 30 de abril. La institución también señaló que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia por parte del acusado.
Rivera González fue capturado mediante orden administrativa el 15 de mayo. La FGR ha solicitado al Juzgado de Paz de Chirilagua que el proceso avance a la etapa de instrucción con régimen de detención provisional mientras continúan las investigaciones.
Judicial
Mujer es acusada de homicidio agravado por la muerte de su pareja y otro hombre en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento ante el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel en contra de Dilcia Alejandra Navarro Umaña, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de dos hombres, entre ellos su compañero de vida.
Según el informe fiscal, los hechos ocurrieron luego de una reunión en la que Navarro Umaña, su pareja sentimental, de 39 años, y un amigo de ambos, compartían bebidas alcohólicas. Durante el encuentro surgió una discusión que continuó cuando los tres se trasladaron a la vivienda de la pareja.
“Al llegar a la casa, los dos hombres comenzaron a pelear. En ese momento, la mujer tomó un cuchillo e hirió de gravedad a ambos. Una tercera persona que intentó intervenir resultó con lesiones leves”, detalló la FGR en su comunicado oficial.
La pareja de Navarro Umaña falleció en el lugar a causa de dos heridas en el tórax y una en el cuello, mientras que el otro hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde murió la mañana del 19 de mayo mientras recibía atención médica.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que se decrete detención provisional contra la acusada y que el caso pase a la fase de instrucción, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
