Judicial
Sujeto acusado de resistencia y lesionado en procedimiento enfrentará proceso en libertad
El Juzgado Octavo de Paz de San Salvador ordenó instrucción formal con medidas sustitutivas a la detención provisional a favor de Oscar Leonardo Mejía Molina, de 28 años de edad, acusado de daños y resistencia en perjuicio de la Policía Nacional Civil.
Mejía es el joven que se observa en un video que recorrió las redes sociales que, mientras fue capturado, agentes policiales le habrían causado lesiones y fue golpeado abordo de la patrulla policial.
El hecho sucedió el lunes 16 de noviembre a las 5:30 de la tarde, cuando Mejía se encontraba en una pizzería ubicada en final calle Asilo Sara, frente a Colonia Aragón Uno.
Según la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), elementos de la PNC realizaban patrullaje preventivo en esa zona, cuando observaron a Mejía Molina «sospechoso y con apariencia de delincuente», quien no hizo caso a unas instrucciones verbales de los policiales, por lo que el agente Marlon Wilfredo Ardón Ascencio (acusado por lesiones) se le acercó, pero Mejía se le abalanzó e intentó arrebatarle el arma.
En ese instante pierden el control y caen al suelo, resultando lesionado Mejía de la cabeza, pómulo y brazo derecho. Además el requerimiento expresa que al colocarle las esposas al imputado, éste les ocasiona daños.
De acuerdo con declaraciones de Mejía Molina a la prensa, el agente Ardon le dijo que no le daba un balazo porque se iba a meter en problemas.
Al joven no se le han imputado más delitos que lo sucedido en el altercado con los policías.
Durante el desarrollo de la audiencia inicial el fiscal solicitó al juez decretara medidas sustitutivas en lugar de la detención como lo habían solicitado en un inicio en el requerimiento fiscal. Las medidas que debe cumplir Mejía Molina son presentarse cada 15 días al Juzgado 8° de Instrucción y no salir del país.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
