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Judicial

Sujeto acusado de resistencia y lesionado en procedimiento enfrentará proceso en libertad

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El Juzgado Octavo de Paz de San Salvador ordenó instrucción formal con medidas sustitutivas a la detención provisional a favor de Oscar Leonardo Mejía Molina, de 28 años de edad, acusado de daños y resistencia en perjuicio de la Policía Nacional Civil.

Mejía es el joven que se observa en un video que recorrió las redes sociales que, mientras fue capturado, agentes policiales le habrían causado lesiones y fue golpeado abordo de la patrulla policial.

El hecho sucedió el lunes 16 de noviembre a las 5:30 de la tarde, cuando Mejía se encontraba en una pizzería ubicada en final calle Asilo Sara, frente a Colonia Aragón Uno.

Según la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), elementos de la PNC realizaban patrullaje preventivo en esa zona, cuando observaron a Mejía Molina «sospechoso y con apariencia de delincuente», quien no hizo caso a unas instrucciones verbales de los policiales, por lo que el agente Marlon Wilfredo Ardón Ascencio (acusado por lesiones) se le acercó, pero Mejía se le abalanzó e intentó arrebatarle el arma.

En ese instante pierden el control y caen al suelo, resultando lesionado Mejía de la cabeza, pómulo y brazo derecho. Además el requerimiento expresa que al colocarle las esposas al imputado, éste les ocasiona daños.

De acuerdo con declaraciones de Mejía Molina a la prensa, el agente Ardon le dijo que no le daba un balazo porque se iba a meter en problemas.

Al joven no se le han imputado más delitos que lo sucedido en el altercado con los policías.

Durante el desarrollo de la audiencia inicial el fiscal solicitó al juez decretara medidas sustitutivas en lugar de la detención como lo habían solicitado en un inicio en el requerimiento fiscal. Las medidas que debe cumplir Mejía Molina son presentarse cada 15 días al Juzgado 8° de Instrucción y no salir del país.

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Prisión para dos miembros de la pandilla 18 por extorsión en San Salvador

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El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.

Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.

El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.

Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.

Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.

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Exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, condenada a 10 años de prisión

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El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.

La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.

Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.

La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.

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Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador

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Foto: Cortesía

Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.

Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.

Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.

Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.

Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.

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