Judicial
Sujeto acusado de resistencia y lesionado en procedimiento enfrentará proceso en libertad
El Juzgado Octavo de Paz de San Salvador ordenó instrucción formal con medidas sustitutivas a la detención provisional a favor de Oscar Leonardo Mejía Molina, de 28 años de edad, acusado de daños y resistencia en perjuicio de la Policía Nacional Civil.
Mejía es el joven que se observa en un video que recorrió las redes sociales que, mientras fue capturado, agentes policiales le habrían causado lesiones y fue golpeado abordo de la patrulla policial.
El hecho sucedió el lunes 16 de noviembre a las 5:30 de la tarde, cuando Mejía se encontraba en una pizzería ubicada en final calle Asilo Sara, frente a Colonia Aragón Uno.
Según la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), elementos de la PNC realizaban patrullaje preventivo en esa zona, cuando observaron a Mejía Molina «sospechoso y con apariencia de delincuente», quien no hizo caso a unas instrucciones verbales de los policiales, por lo que el agente Marlon Wilfredo Ardón Ascencio (acusado por lesiones) se le acercó, pero Mejía se le abalanzó e intentó arrebatarle el arma.
En ese instante pierden el control y caen al suelo, resultando lesionado Mejía de la cabeza, pómulo y brazo derecho. Además el requerimiento expresa que al colocarle las esposas al imputado, éste les ocasiona daños.
De acuerdo con declaraciones de Mejía Molina a la prensa, el agente Ardon le dijo que no le daba un balazo porque se iba a meter en problemas.
Al joven no se le han imputado más delitos que lo sucedido en el altercado con los policías.
Durante el desarrollo de la audiencia inicial el fiscal solicitó al juez decretara medidas sustitutivas en lugar de la detención como lo habían solicitado en un inicio en el requerimiento fiscal. Las medidas que debe cumplir Mejía Molina son presentarse cada 15 días al Juzgado 8° de Instrucción y no salir del país.
El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque condenó a Nefthaly Adonay Muñoz Pérez y Fredy Antonio Hidalgo Azucena a 20 años de cárcel por el delito de extorsión agravada contra un comerciante en el departamento de Cuscatlán.
Según informó la Fiscalía General de la República, los imputados amenazaban de muerte a la víctima para obligarla a entregar dinero de forma mensual, además de mercadería que comercializaba. “La coacción en la entrega de dinero y productos, así como la falta de utilidades en su negocio, obligaron a la víctima a cerrar su única fuente de ingresos”, explicó el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Santa Cruz Michapa entre diciembre de 2022 y 2023. Las investigaciones establecieron que ambos sujetos exigían pagos regulares como parte de su actividad delictiva.
Esta es la segunda condena por extorsión que enfrentan los acusados. En febrero de este mismo año, ya habían sido sentenciados a 15 años de prisión por extorsionar a otra víctima.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales que permitieron al tribunal declarar culpables a los dos acusados.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
