Judicial
Condenan a sujetos por manosear, matar y lanzar el cadáver de una mujer a un río
A 35 años de cárcel fueron condenados Carlos Humberto Sibrián Rivera y Edwin Orlando Caballero Ramírez por manosear, asesinar y lanzar el cadáver de una mujer a un río en el municipio de Metapán, en Santa Ana.
El feminicidio ocurrió el 11 de junio de 2018.
De acuerdo con el relato de un testigo que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó en el juicio, la víctima, de quien no se proporcionó la identidad, tenía problemas de alcoholismo.
El día de su muerte, la mujer estaba departiendo con algunas personas, entre ellos Sibrián Rivera y Caballero Ramírez, en un local del centro de la ciudad de Metapán.
Después de unas horas, ella se fue junto a los ahora arrestados a otro lado para seguir departiendo, pero en el camino hubo una discusión que terminó con los dos hombres atacando a golpes a la mujer.
Los hombres le quitaron la ropa, le tocaron el área púbica, la mataron, lanzaron el cadáver desnudo al río San José, de Metapán, y huyeron.
Cuando el testigo vio lo ocurrido, denunció a la Policía Nacional Civil (PNC) e iniciaron las investigaciones, que lograron la identificación de los responsables y su posterior captura.
La Fiscalía acusó a Sibrián Rivera y Caballero Ramírez del feminicidio en el sistema judicial y el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres del departamento los encontró responsables al validar la prueba presentada.
El juez les impuso una pena de 35 años de prisión a cada uno.
El Juzgado Especializado de Sentencia “A” de esta capital valoró casi en su totalidad la versión del testigo criteriado aportado por la representación fiscal, y estableció que lo vertido por esta figura junto a otras pruebas aportadas durante el proceso, eran suficientes para condenar a una estructura de 12 integrantes de mara 18 sureños que operaba en la ciudad de Cojutepeque a cuyos integrantes impuso penas carcelarias de hasta 112 años de prisión.
Las muertes de un activista de un partido político, de un miembro del CAM, así como un atentado en contra de una caseta de la PNC son parte de los hechos punibles que estos sujetos cometieron durante el tiempo que delinquieron en esa zona.
En total los 12 imputados enfrentaron el juicio bajo los delitos de Homicidio Agravado y homicidio agravado tentado, siendo estos nueve en su totalidad.
El jefe de la Unida de Vida de la oficina de Cojutepeque externo su complacencia con la resolución, debido a que se constituye en un fuerte golpe a las pandillas, en este caso a los 18 sureños, principalmente en la coyuntura actual en donde se libra una dura batalla en contra de estos grupos delincuenciales a nivel nacional.
«Sin duda este es un fuerte golpe que como Fiscalía le estamos dando a estos grupos criminales y en cierta forma una respuesta a las familias de las víctimas, que pedían justicia terrenal para los sujetos que les robaron las vidas de sus familiares», dijo.
Dentro de las condenas más ejemplarizantes y amplias que impuso el Juez Especializado están la de Edwin Geovany Laínez Abarca condenado a 112 años de prisión.
Además, José Ronald Hernández Hernández, 87 años de prisión; Manuel de Jesús Portillo, 75 años de cárcel, Salomón Eliazar Moreno, condenado a 50 años de prisión. El resto obtuvo penas de 25, 12 y 10 años de prisión.
El Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel dictaminó la condena a prisión impuesta a 55 pandilleros que operaban y delinquían en el occidente del país.
Los delincuentes recibieron penas que oscilan entre los 20 y 130 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado tentado y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con Centros Judiciales, Álvaro Misael Soriano Granados es el pandillero que recibió la mayor condena, siendo esta de 130 años de cárcel.
Estos sujetos cometieron la multiplicidad de estos hechos entre los años 2012 y 2015, en Usulután, y fueron capturados en el año 2020.
Judicial
Sujeto contactó a pandilleros para que acabaran con la vida de una persona con régimen de protección
El Juzgado Segundo de Instrucción, de San Salvador, ordenó apertura a juicio contra Víctor Manuel A., acusado de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado en perjuicio de una víctima con régimen de protección.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), en septiembre del año 2020 el imputado contactó a miembros de estructuras criminales y les propuso que acabaran con la vida de una persona. Para tal fin, el imputado les ofreció dinero y les proporcionó toda la información de la víctima.
La juzgadora admitió todas las pruebas, incluyendo los relatos de testigos con régimen de protección y ratificó la detención provisional contra el imputado.
