Judicial
Condenado a 20 años de cárcel por participar en desmembramiento de víctima
La Fiscalía General de la República (FGR), informó este lunes la condena de 20 años de prisión en contra de un miembro de estructuras terroristas, quien participó en el desmembramiento de un hombre en el año 2015. Se había mantenido prófugo de la justicia, pero hace unos días fue capturado.
El informe señala que el imputado es Juan Carlos Dubón Beltrán, identificado con el alias “Chucky”.
Fue el Juzgado Especializado de Sentencia A, San Salvador, el responsable de desarrollar la vista pública y durante la cual se le atribuyó el delito de Homicidio Agravado, en perjuicio de Juan Antonio Valladares Hernández.
En este caso intervinieron otros miembros de la estructura terrorista, pero estos ya recibieron sendas condenas de cárcel y actualmente las cumplen en diferentes cárceles del país. En el caso de Dubón Beltrán, faltaba ser sometido a juicio ya que se había mantenido prófugo de la justicia.
“Como Fiscalía, hemos aportado los elementos necesarios que demuestran su culpabilidad en este grave hecho y por el cual en juicio logramos demostrar la existencia del delito y su participación”, explicó el fiscal.
Y es que este caso se descubrió en el año 2015 cuando las indagaciones llevaron a ubicar los restos de la víctima en un cementerio clandestino en donde fue decapitada y mutilada, en San Luis La Herradura, en el departamento de La Paz.
La Fiscalía Adjunta para la Mujer, Niñez y Adolescencia y otros grupos vulnerables, demostró que Gerardo Otoniel López Garay intentó matar a su excompañera de vida, con múltiples golpes propinados con una piedra en la encabeza y el rostro, por lo que recibió una pena de 26 años de cárcel.
La víctima fue atacada por el incriminado el 1 de diciembre del año 2020, en una calle de la colonia Altos de Guadalupe del municipio de Alegría, aproximadamente a las 5:45 de la tarde, en presencia de sus 2 hijos menores de edad.
Entre las pruebas presentadas en el juicio por la Fiscal del caso de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia de la oficina de Usulután que forma parte de la Fiscalía Adjunta, están las manchas de sangre encontradas en las manos y rodillas de López Garay, los dispositivos electrónicos incautados y testigos de los hechos.
También los antecedentes de violencia en perjuicio de la fémina. En el 2018 la mujer lo denunció por amenazas, pero posteriormente retiró la demanda.
Pero en septiembre del año 2020, se inició un proceso por violencia intrafamiliar, en la que en la audiencia inicial se le impusieron medidas inmediatas a favor de la mujer, que aún estaban vigentes cuando intentó asesinarla.
Entre las medidas estaba el alejarse de la ofendida, que no la amenazara y que se quedara viviendo junto a sus hijos en la vivienda que compartían como pareja.
Con base a las pruebas presentadas en el juicio en el Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de San Miguel, el juez le impuso 24 años por el delito de Feminicidio Tentado y se le sumaron otros 2 años por el de Desobediencia en caso de Medidas de Protección.
El Juez del Tribunal de Sentencia de Chalatenango condenó a ocho años de prisión a Jesús Alberto Ventura, tras ser encontrado culpable del delito de agresión sexual en menor.
Según la Fiscalía, los hechos sucedieron en octubre de 2020, en el municipio de Concepción Quezaltepeque, Chalatenango.
«La madre de la víctima, tras enterarse de la agresión procedió a denunciar el hecho, lo cual condujo a la detención del sujeto», indicó el fiscal del caso.
Una estructura conformada por al menos 13 pandilleros fue condenada por el Tribunal Especializado de Sentencia B de San Salvador, entre ellos están dos líderes: Josué David Córdoba y Jaime Ernesto Marroquín que solo por el delito de Homicidio la juzgadora les impuso 25 años de cárcel para cada uno.
La fiscal de la Unidad de Patrimonio Privado de Zaragoza explicó que la jueza valoró todos los elementos de prueba presentados y consideró que los miembros de esta estructura son los responsables de delitos como, homicidio, extorsión agravada, amenazas con agravación especial y limitación a la libertad de circulación.
“Las penas son cinco años por el delito de Amenazas con Agravación Especial, por el delito de Homicidio Agravado 25 años, por Extorsión 10 años por cada una de las víctimas”.
La representación fiscal se mostró satisfecha por el resultado con el cual se están sacando de circulación a delincuentes que estaban agobiando a la población de sectores como Ayagualo, las Granadillas, cantón El Limón y Santa Tecla, todas del departamento de La Libertad.
Los hechos por los que fueron condenados ocurrieron entre los años 2018 y 2019 apuntó la fiscal del caso.
