Judicial
Secretaria del SINEJUS: “Se contrató a un grupo llamado Tropicalísimo para que fuera a cantar, no sabíamos que iban a enseñar las piernas”
Luego de que surgieran diversos videos y fotografías de una fiesta de empleados del Órgano Judicial que tuvo lugar en la sala de audiencias 5-B del Centro Judicial “Isidro Menéndez”, en San Salvador, la secretaria general del Sindicato de Empleados Judiciales Salvadoreños (SINEJUS), Reina Sigarán, se pronunció referente al tema.
La secretaria explicó lo que ocurrió: “Se celebró una asamblea de elección del sindicato y como somos empleados del Órgano Judicial se nos prestó la sala. Después de las elecciones se hizo un pequeño evento de alegría no pornografía”.
“Esta actividad fue sana, no hay alcohol ni droga, no hay delito. Se contrató a un grupo llamado Tropicalísimo para que fuera a cantar, no sabíamos que iban a enseñar las piernas”, comentó en su cuenta personal de Facebook.
Sigarán indicó que hubo “una mala intensión” por personas “enemigas” de los empleados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Además, emitió opinión en contra de los medios de prensa que hicieron la publicación de la fiesta celebrada el pasado 25 de agosto.
Aseguró que se pidió autorización al administrador del Centro Judicial para hacer uso de la sala de audiencias para realizar la Asamblea General para elección de la junta directiva.
“Quiero pronunciarme en cuanto a la mala intensión de algunas personas enemigas de los trabajadores y de la Corte Suprema de Justicia al querer vincular que se han hecho actos ilegales en una sala de audiencia”, comentó la integrante del sindicato.
“Es de aclarar que los medios solo buscan hacer noticias, por otra parte el sindicato no tiene local propio y se paga todo evento con los fondos del sindicato”, agregó la secretaria del SINEJUS.
Por: Carmina Castro/ El Salvador Times
Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), José Héctor Larín Díaz (rebelde) fue condenado a 10 años de cárcel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Larín Díaz fue capturado el 11 de febrero de 2025, en el barrio Concepción, del distrito de El Tránsito, en San Miguel.
Al momento de la detención, el sujeto portaba un revolver y al realizarle una prueba toxicológica se le detectaron 66 grados de alcohol en la sangre.
Inicialmente el Juzgado de Paz de El Tránsito, San Miguel, absolvió al procesado y tras una apelación realizada por la FGR otro juez del mismo juzgado condenó a Larín Díaz a 10 años de cárcel.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
