Judicial
DISPUTA: “¿Cuál es el miedo? Si no te vas de aquí, entonces te voy a mandar a matar a vos y a tu familia», la amenaza de un hombre a su vecino
El pasado 2 de abril de este 2018, la familia Pérez retornaba a su vivienda, situada en la colonia Santa Margarita, en el municipio de Cuscatancingo, en San Salvador, luego de realizar sus jornadas laborales.
A bordo de un vehículo se transportaba Napoleón y su esposa, Amanda de Pérez, quienes a eso de las 5:50 de la tarde pretendían llegar a relajarse a su casa de habitación, pero la idea les cambió cuando a lo lejos vieron a dos menores de edad –entre 13 y 14 años- que lanzaban basura en el terreno que les pertenece.
Napoleón, como era de esperarse, les reclamó y les solicitó que dejaran de lanzar los desperdicios en su lotificación. A cambio de ello lo que recibió fueron burlas.
“Este ‘maitro’ está loco y enfermo. Este terreno es de mi papá”, comentó uno de los jóvenes. Se trataba del hijo de Mario Cornejo Pineda, el vecino de 50 años de edad con el que la familia Pérez ha tenido casi 10 años de disputarse el territorio en donde habitan.
Tras el reclamo de Napoleón a los jóvenes, estos corrieron hacia su casa para interponer la queja a Cornejo Pineda. Sin esperar tanto, el hombre tomó un ladrillo y bajo las amenazas de lanzarlo hacia el vehículo de Napoleón este los intimidó: “¿Cuál es el miedo? Si no te vas de aquí, entonces te voy a mandar a matar a vos y a tu familia. Ya sabes quién soy yo”.
Estas amenazas a muerte eran constantes. A lo largo de los 10 años, Cornejo Pineda siempre hacía la advertencia de que un día moriría la familia Pérez a manos de él mismo.
“No voy a descansar hasta verte muerto, aquí te voy a enterrar”, decía el sujeto al mismo tiempo en que señalaba el terreno en disputa, pese a que Napoleón posee las debidas escrituras que lo acreditan como dueño del mismo.
El fin de la paciencia sostenida durante una década
La amenaza hecha con un ladrillo fue el punto que hizo que Napoleón decidiera interponer la denuncia en contra de su vecino ante la Fiscalía General de la República (FGR), institución que inició las investigaciones y determinó acusar a Cornejo Pineda del delito de amenazas.
Por ello, los representantes del ministerio público que conocieron el caso presentaron el requerimiento en contra del sujeto ante el Juzgado de Paz de Cuscatancingo.
Para continuar con el procedimiento judicial, el Tribunal 5° de Sentencia instaló la audiencia de vista pública, en donde hubo un proceso de conciliación entre ambos vecinos, el afectado y amenazador.
Con ello, Cornejo Pineda deberá cumplir medidas dictadas en el juicio con un plazo de tres meses, por lo que este tiene hasta el 20 de noviembre de este año para concluirlas.
Por: El Salvador Times.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
