Judicial
Prisión preventiva para empleado municipal de Usulután por Corrupción
Wilson Geovanni Baires Granados, quien laboraba como Supervisor de Centros de Alcance en la alcaldía de Usulután, permanecerá en prisión por presuntos actos de corrupción al alterar el sistema de cobros a determinadas personas de la localidad.
De acuerdo a las investigaciones, Baires Granados vendía vales de combustible y gestionaba puestos en el mercado municipal a cambio de dinero, por lo que continuará un proceso de instrucción por los delitos de cohecho propio, peculado y tráfico de influencias.
La resolución fue emitida anoche por el Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel en la audiencia de imposición de medidas, donde fiscales presentaron suficientes indicios de la existencia del delito y de la participación del imputado.
En la diligencia judicial también se les decretó la instrucción formal con detención provisional a 37 miembros de la MS que responderán por cuatro homicidios agravados, 18 casos de proposición y conspiración en el delito de homicidio, 7 casos de extorsión, 7 casos de tráfico ilícito de drogas y organizaciones terroristas.
Los incriminados fueron detenidos el pasado martes en la madrugada con órdenes de la Fiscalía General, en una operación en los 4 departamento del oriente del país en la que se pretendía detener a 274 miembros de la MS, que integran 64 grupos y que se dedican a cometer diferentes delitos.
Un total de 43 pandilleros de la MS-13 enfrentan una Audiencia Única Abierta por el delito de agrupaciones ilícitas en San Miguel.
Entre los imputados se encuentran homeboys, tres chequeos, seis paros y 17 colaboradores, de acuerdo con la información proporcionada.
Las autoridades señalan que los acusados mantenían el control de sectores en Chapeltique, San Miguel, Moncagua y Lolotique, donde habrían cometido al menos 456 homicidios agravados, 101 extorsiones agravadas y 109 privaciones de libertad, además de otros delitos por los cuales también enfrentarán juicio.
Entre las víctimas de los homicidios figura un operador del sistema 911, quien fue asesinado en un punto de taxis ubicado en la colonia San José, en San Miguel.
Todos los imputados fueron capturados mediante las herramientas implementadas durante el Régimen de Excepción.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado al Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel la pena máxima para cada uno de los acusados, de acuerdo con el rango que ocupaban dentro de la estructura criminal.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó un allanamiento para capturar a Orlando Israel Amaya Fuentes, quien es investigado por adquirir material de abuso sexual infantil.
De acuerdo con las investigaciones, la FGR recibió un aviso de la INTERPOL que alertaba sobre la participación de Amaya Fuentes en un grupo de distribución de este tipo de material que opera desde Buenos Aires, Argentina. Según la información, el investigado se comunicaba con dicho grupo mediante plataformas digitales para obtener el contenido.
El operativo se desarrolló en Mejicanos, San Salvador Centro.
El detenido será procesado por el delito de adquisición o posesión de material pornográfico de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad a través de las tecnologías de la información.
Emely Gabriela Paz Sermeño fue condenada a 45 años de prisión por el homicidio agravado de su recién nacido, ocurrido en agosto de 2025 en Sonsonate.
De acuerdo con los hechos expuestos, la imputada se encontraba al interior de un hospital de la zona cuando se dirigió al baño del establecimiento, donde inició su labor de parto. Posteriormente, dio a luz y abandonó al bebé en un basurero.
Las evidencias presentadas durante el proceso determinaron que el recién nacido nació con vida y que la causa de muerte fue asfixia perinatal.
La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate.
