Judicial
Prensa destaca el sobreseimiento definitivo otorgado a favor de Enrique Rais por la Fiscalía Suiza
El periódico 24 HEURES (24 HORAS), uno de los principales medios de prensa del Cantón de Vaud, Suiza, ha destacado en su edición digital e impresa del 6 de mayo del presente año, la noticia acerca del Sobreseimiento Definitivo que el Ministerio Público Fiscal de Suiza ha decretado a favor del empresario suizo-salvadoreño, Enrique Rais, que es el resultado de dos años de investigación que comprobaron la inocencia de Rais y lo infundado de las denuncias promovidas por los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti.
El citado medio de comunicación, hace un reconocimiento a la constancia y esfuerzo desarrollado por más de cinco años por parte de Enrique Rais y su equipo de defensa de litigación internacional para ratificar su inocencia sobre los hechos acusados y además demostrar que su caso fue una instrumentalización del Sistema Judicial (Fiscalía y Órgano Judicial) para fabricar una persecución penal en su contra, cuyo único objetivo era despojarlo de sus empresas.
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“Je suis victime d’ une machination” (“Soy víctima de un complot”)
El 22 de diciembre de 2017, Enrique Rais había sido entrevistado por la prensa Suiza, donde declaró de forma precisa, que su caso estaba sustentado en prueba ilícita y prueba falsa, que incluía “intervenciones telefónicas ilegales”, que no tenían relación con su persona y en las que la propia Fiscalía reconoció que no existía autorización para captar escuchas de los teléfonos de Rais. Además destacó la forma en que el Ex Fiscal General Douglas Meléndez, instrumentalizó a la Fiscalía, abriendo expedientes sobre la base de notas publicadas por el periodista Héctor Silva, de las cuales se ha demostrado ante las autoridades correspondientes que no eran coincidentes con la realidad.
Esta persecución penal ilegal y arbitraria, llevó a Enrique Rais a tener que defenderse en Suiza de acusaciones promovidas el 20 de noviembre de 2017, por Matteo Pasquale y Franco Pacetti, quienes con apoyo del ex abogado Mario Calderón Castillo, en un claro patrocinio infiel, ya que los mismos canadienses reconocen que es su abogado, utilizaron documentación que este último sustrajo de las empresas de Rais, para intentar sorprender a la Fiscalía Suiza, que se trataba de actos de lavado de dinero, lo que después de la investigación se confirmó que fue una denuncia calumniosa.
Precisamente Enrique Rais fue denunciado por los delitos de Lavado de Dinero, Robo de las acciones de MIDES, corrupción de funcionarios y fraude procesal, por los mismos hechos que se han montado los procesos penales en El Salvador y sobre los cuales Naciones Unidas ha ordenado que se debe “poner fin inmediato al proceso penal en contra del Sr. Rais” y “garantizarle su libertad plena y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización.” Esto forma parte de las responsabilidades del Estado de El Salvador, que el Gobierno ya se encuentra cumpliendo a partir de la divulgación que previamente realizó por medio de Cancillería de la resolución que declara la detención arbitraria decretada contra Rais. (Publicada en: https://rree.gob.sv/opiniones-del-grupo-de-trabajo-sobre-la-detencion-arbitraria-en-su-89o-periodo-de-sesiones-23-a-27-de-noviembre-de-2020/ )
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“La resolución de Naciones Unidas que declara la detención arbitraria de Rais, por la justicia salvadoreña”
De acuerdo, al apoderado legal de Enrique Rais, su cliente ha sido víctima del sistema judicial en El Salvador, lo que ha quedado comprobado con la resolución emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, dictamen al que el Gobierno de Suiza ha dado la validez y cumplimiento que corresponde a partir de las obligaciones internacionales en materia de respeto a los derechos humanos.
Añade que el caso fabricado contra Enrique Rais, es una muestra de cómo anteriormente el Sistema Penal ha sido utilizado por estructuras de poder político y económico para afectar a personas por fines de intereses empresariales o comerciales; siendo precisamente lo que denunció siempre su cliente y que el tiempo, así como organismos internacionales y un gobierno que destaca en institucionalidad y Estado de Derecho como Suiza, le están permitiendo demostrar que es víctima de abuso de poder.
El abogado recordó que en la Corte Suprema de Justicia, siendo Presidente de ese Órgano de Estado, Óscar Armando Pineda Navas, se efectuaron una serie de traslados y remociones de Jueces que iban a conocer los procesos contra su cliente y en otros casos se retiraron jueces y magistrados, por el simple hecho de haber fallado previamente de un modo favorable en casos relacionados con Rais, lo que es también atentorio contra la independencia judicial; pues se envía un mensaje a cualquier autoridad judicial o Tribunal que si fallaban conforme a justicia y le daban la razón a mi cliente, podían también ser removidos de sus cargos o desmejorados con traslados a sedes judiciales en la periferia. Esto además de las presiones públicas que realizaba el Exfiscal general.
También, en el caso del Ex Magistrado Carlos Ernesto Sánchez, quien previamente como miembro de la Cámara 1ª de lo Penal de San Salvador, fue quien le decretó basado en prueba ilícita y prueba falsa la detención provisional a Enrique Rais, lo que ha sido declarado como una detención arbitraria por Naciones Unidas. Y además, quiso apuntar el abogado, resulta que los Ex Magistrados de Sala de lo Constitucional que han sido recientemente destituidos de sus cargos, en una aplicación selectiva de justicia constitucional, mantuvieron engavetados por tres años recursos de hábeas corpus promovidos por los abogados de Enrique Rais, ya que resolverlos implicaba confirmar que su privación de libertad había sido ilegal, mientras que en otros casos esa misma Sala emitió “sentencias exprés”
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“Suiza sobresee de todos los cargos a Enrique Rais”
Después de una exhaustiva y objetiva investigación, la Fiscalía Suiza concluyó que Enrique Rais, no ha cometido ninguno de los delitos que se le imputaban, por tanto le decreta el Sobreseimiento y además ordena que el Gobierno Suizo lo indemnice por los daños y perjuicios que le ha ocasionado una persecución penal falsa.
En su resolución, la Fiscalía Suiza, reconoce que por una parte el dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, por su nivel de respetabilidad mundial y ser la máxima autoridad para pronunciarse en la materia, le contiene toda la credibilidad para confirmar lo declarado por parte de Enrique Rais, de ser víctima de abuso de poder. Y por otra parte cuestiona las actuaciones de Fiscalía y Poder Judicial de El Salvador, auxiliándose para ello de información contenida en el «Índice de Percepción de la Corrupción» de TRANSPARENCIA INTERNACIONAL para el año 2020, que es una clasificación del nivel de percepción de la corrupción en el mundo en el sector público en 180 países y territorios de todo el mundo, en el cual, El Salvador se situó en el puesto 104 con una puntuación de 36/100, 100 correspondiente a «con regular nivel de corrupto».
Un estudio realizado por la misma asociación concluyó que en 2019, «el 93%» de la población salvadoreña consideraba muy problemático el grado de corrupción en el Sistema Judicial.
La publicación divulgada por 24 HEURES, de acuerdo a personeros Suizos consultados, responde al compromiso de los medios de prensa en aquel país, por ser objetivos y veraces con su información de tal forma que al haber publicado en aquel momento una entrevista sobre la base de los cuestionamientos por acciones penales contra Enrique Rais, ahora se ocupan de desmentir todos los hechos falsos y hacer pública su inocencia frente a tales acusaciones.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
