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Internacionales

Incendio en Almería deja 12 fallecidos y 23 personas sin localizar mientras continúan las labores de emergencia

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Un incendio forestal de gran magnitud registrado en la provincia de Almería, en el turístico sur de España, dejó 12 personas fallecidas que intentaban escapar de las llamas, mientras que 23 continúan sin localizar, según informaron autoridades regionales.

El fuego se propagó rápidamente el jueves en la zona de Los Gallardos, un área con una orografía escarpada, caracterizada por barrancos y viviendas dispersas en zonas forestales, lo que habría dificultado la evacuación y atrapado a algunas personas que intentaban huir.

El presidente regional de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, informó el viernes que el balance preliminar era de 12 fallecidos y 23 personas no localizadas, aunque pidió prudencia debido a que algunas podrían no haber logrado comunicarse con sus familiares o autoridades.

«Tenemos 12 personas fallecidas, 23 personas no localizadas», declaró Moreno Bonilla ante los periodistas, al tiempo que calificó la situación como «una tragedia».

Posteriormente, en una entrevista con la radio andaluza, el presidente regional indicó que aún se buscaba a 19 personas que permanecían sin localizar.

El incendio, que continúa fuera de control y es considerado uno de los más graves de la historia reciente de España, también dejó ocho personas heridas, cuatro de ellas con lesiones de mayor gravedad.

La rápida propagación de las llamas convirtió la zona, ubicada a pocos kilómetros de la costa Mediterránea, en una especie de «ratonera», según describió Moreno Bonilla.

El responsable de Emergencias, Antonio Sanz, señaló que todo apunta a que la mayoría o la totalidad de las víctimas podrían ser extranjeras, aunque aclaró que esta información no puede confirmarse hasta completar la identificación de los fallecidos.

De acuerdo con las primeras investigaciones, cuatro de las víctimas se encontraban dentro de un vehículo que tenía el volante al lado derecho, por lo que se investiga si podrían ser de nacionalidad británica. Este dato aún no ha sido confirmado.

Las otras siete personas habrían intentado escapar caminando por los caminos escarpados de la zona, donde quedaron rodeadas por el avance del fuego.

El alcalde de Bédar, Ángel Francisco Collado, explicó que las autoridades alertaron a los habitantes «puerta por puerta» sobre el peligro, pero señaló que un grupo de personas no atendió las recomendaciones de vecinos que les pedían permanecer en sus viviendas, situación que habría dejado siete fallecidos.

Ante la emergencia, Antonio Sanz insistió en la importancia de acatar las indicaciones oficiales. «No son recomendaciones, son instrucciones», afirmó, al señalar que cuando las autoridades ordenan evacuar y establecen las rutas de salida, es fundamental seguirlas.

Más de 400 efectivos de diferentes cuerpos de emergencia, entre ellos 150 bomberos regionales con medios aéreos y miembros de la Unidad Militar de Emergencias, continúan trabajando para controlar el incendio, que ya consumió 3,150 hectáreas.

Las autoridades indicaron que las labores han sido complicadas debido a la compleja orografía del terreno. Además, consideran como una de las hipótesis que el incendio pudo originarse por la caída de una línea de tendido eléctrico que provocó la ignición de la vegetación y su rápida expansión impulsada por el viento.

Mientras continúan los trabajos de control, numerosas personas permanecen desalojadas, y cerca de 200 están siendo ubicadas en distintos puntos municipales.

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Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula

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Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.

Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.

El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.

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FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala

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El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.

Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.

Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.

Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.

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Asesinan a testigo protegido por caso de trata de personas en Roatán

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Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.

El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.

La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.

Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.

Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.

Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía

Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.

Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».

Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.

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