Judicial
Pareja enfrenta apertura a juicio tras salir de un motel con drogas y un arma de fuego en Soyapango
La Fiscalía General de la República (FGR) llevó ante la justicia a Josué Eduardo Q. S. y su compañera Vanessa Guadalupe R. luego de ser detenidos la tarde del 18 de enero pasado por agentes de la Policía Nacional Civil.
Los uniformados vieron que un vehículo salió de un motel de San Salvador, monitorearon el automotor ya que se tenía conocimiento que en ese lugar se realizan movimientos para vender drogas.
Las cámaras de seguridad captaron cuando dicho automotor se conducía sobre el centro de Soyapango, por lo que la Policía registró el carro encontrándoles una porción de marihuana, una porción de cocaína y un arma de fuego.
Con este hallazgo, los sospechosos fueron detenidos y acusados por posesión y tenencia de droga y tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Soyapango resolvió la apertura a juicio para ambos, con medidas sustitutivas para ella y la detención provisional para él; además, deberán pagar una caución económica de 300 dólares que les fue impuesta desde la audiencia inicial en la primera etapa de este proceso.
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La Unidad Especializada de Delitos de Homicidio y Antipandillas, de la Fiscalía General de la República (FGR), logró condenar a 28 miembros de pandilla por los delitos de Proposición y Conspiración para cometer el delito de Homicidio. Los terroristas pertenecen a la pandilla Barrio 18 sureños y se encontraban recluidos en el Centro Penal de Izalco, en Sonsonate, donde habrían cometido los ilícitos.
Según las investigaciones de la Fiscalía, al inicio del mes de abril del año 2019 los condenados comenzaron a planear el asesinato de cuatro miembros de la misma estructura criminal, bajo el supuesto de haber traicionado a dicha organización.
En horas de la tarde, del 12 de abril del año en mención, sin mediar palabra, los procesados comenzaron a golpear a las víctimas hasta asesinar a cuatro de ellas.
Las responsabilidades penales se dividen de la siguiente manera: Nueve pandilleros, líderes de rango medio, fueron condenados a 46 años de prisión por el delito de Proposición y Conspiración para cometer el delito de Homicidio. Mientras que diecinueve miembros de la pandilla fueron sentenciados a 20 años de cárcel por el delito de Homicidio.
El Tribunal Especializado de Sentencia de Santa Ana validó toda la prueba presentada por los fiscales, en la que resalta la prueba técnica y científica que ha logrado individualizar a cada implicado y la función que cumplió en los hechos acusados.
Judicial
Por poseer material pornográfico de menores en su celular es condenado a 10 años de prisión
Melvin Alexander Herrera González -miembro de la pandilla 18 sureños- alías “chilillo” fue sentenciado a 10 años de cárcel por poseer en su celular, material pornográfico de niñas menores de 15 años; las víctimas no han sido identificadas.
Según la representación fiscal de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia (UAEMNA) de Zaragoza, Herrera Gonzáles fue detenido por orden judicial el 17 de septiembre de 2021, en la carretera El Litoral, a 200 metros aproximadamente del redondel Conchalío, del departamento de La Libertad, por el delito de Limitación Ilegal a la Libertad de Circulación y Robo Agravado; sin embargo, al momento de incautar su teléfono celular se encontró el material pornográfico.
La condena fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, donde el juez valoró la prueba presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) y lo delcaró culpable de los delitos de Utilización de Niñas, Niños, Adolescentes o Personas con Discapacidad en Pornografía a través del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (8 años de cárcel), y por la Adquisición o posesión de material Pornográfico de Niñas, Niños, Adolescentes o personas con discapacidad a través del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (2 años de prisión).
Ana Silvia Vásquez Morán pasará sus próximos 15 años tras los barrotes de una prisión por haber recibido dinero a través de un depósito electrónico, que fue exigido con amenazas a muerte.
El fiscal del caso -que conforma el Grupo Antiextorsiones- demostró con diferentes pruebas que la víctima comenzó a recibir llamadas telefónicas desde el 25 de enero del año 2018, en las que le demandaron la entrega de mil dólares.
Al final, la víctima se comprometió con los extorsionistas a entregar $50 dólares de manera mensual.
El 9 de febrero del 2018 se concretó la entrega a través de los servicios electrónicos de una compañía telefónica, y fue depositado a nombre de la incriminada.
Después de las investigaciones pertinentes, la FGR giró la orden de captura contra Vásquez Morán, y posteriormente enfrentó un juicio en el Juzgado Segundo de Sentencia de San Miguel, el cual la declaró responsable del delito de Extorsión Agravada.
