Judicial
Motorista del transporte público murió tras ser embestido por un conductor de la ruta 29 en el centro de San Salvador
“Sentí el viento fuerte de una coaster que pasó a la par, me hizo caer al suelo y fue en ese instante que la llanta delantera impactó en mi pierna”, estas fueron las últimas palabras que Mauricio Hernández dijo a la Policía luego de ser embestido por un motorista de la ruta 29 cuando transitaba junto con su esposa en el centro de San Salvador, el hombre murió producto de los golpes recibidos.
Hernández, de 37 años, trabajaba como motorista de una ruta de buses que circula entre San Salvador y Sopayango, paradojicamente, fue víctima de la imprudencia de Agustín G. de 51 años, un temerario al volante que se conducía a una excesiva velocidad que lo llevó a que el vehículo que conducía de la ruta 29 se saliera de la Primera calle poniente y avenida Monseñor Romero.
Según el expediente judicial, el martes 23 de febrero del 2018 a las 7:45 de la noche, la víctima y su esposa transitaban por el centro de San Salvador rumbo a su casa. Era su día libre por lo cual le dijo a ella que pasaría a traerla al trabajo; ambos caminaban tomados de la mano en medio de las congestionadas y estrechas aceras de la zona.
Al fondo de la calle apareció Agustín conduciendo su microbús a toda velocidad; un hombre que jamás comprendió que su peligrosa forma de conducir podría cobrarle la vida a las personas que estaban como pasajeros o a peatones que circulaban por las calles por las que aceleraba descontroladamente, como si de una competencia se tratara.
“Íbamos platicando a la altura de la Lotería. Él tomó mi cartera y se la puso cruzada”, recordó la esposa de Hernández quien repentinamente sintió como la mano de su compañero de vida se desprendió de la suya “solo sentí un tirón y escuché los gritos de mi esposo”, continuó mientras soltaba un llanto amargo.
Según los testigos, el microbús se subió a la acera y golpeó al hombre que cayó al suelo de inmediato, el conductor de la unidad ni siquiera se dio cuenta de lo sucedió. Pero, los gritos de dolor del afectado inundaron la calle. Su esposa lo vio desde unos cuantos centímetros con la mano extendía hacia su compañero de vida, como quien trata de alcanzar algo.
“El bus lo había agarrado las piernas. Prácticamente estaba debajo de las llantas, le había agarrado las piernas. Su pierna derecha le había quedado volteada”, señaló la despavorida mujer quien mantiene la escena en su mente. “No le pasó las llantas traseras porque la gente comenzó a golpear el bus”, explicó.
El angustioso rescate
Vendedores de la zona y los mismos pasajeros le gritaban al agresor para que se detuviera, sin entender mucho lo que pasaba, Agustín se vio rodeado de varias personas que querían evitar que escapara sin hacerse responsable.
Obligados a no esperar la ayuda de socorristas, transeúntes lograron sacar a la víctima quien manifestó que no soportaba el dolor en sus piernas.Pasaron varios minutos hasta que llegó una ambulancia que lo traslado al hospital Rosales donde fue ingresado de emergencia debido a las lesiones que presentaba.
Los médicos advirtieron a la familia de Hernández que debían de amputar la pierna debido a los severos daños que sufrió una de las principales venas producto de los golpes recibidos. Esta era la única opción que el hombre tenía para salvar su vida.
La decisión no era fácil, durante la noche del hecho y la mañana del día siguiente su esposa no daba respuesta.“Me dijo que se sentía muy mal y que la pierna no le dejaba de doler y de sangrar”, comentó la quien veía el mundo desmoronarse ya que un día antes su papá también había sufrido un accidente de tránsito.
Finalmente, una hemorragia complicó el inicio de la amputación de la pierna y los médicos le comunicaron a la esposa de la víctima sobre el fallecimiento de este justo antes de entrar al quirófano.
El responsable de los hechos fue detenido por el delito de homicidio culposo y hasta la fecha se encuentra a la espera del juicio en su contra que se va a desarrollar en la sala de audiencia del juzgado Quinto de Sentencia de San Salvador.
NOTA DE EL SALVADOR TIMES
Judicial
¡ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN! Revelan dádivas por $1.5 millones, viajes en jets privados y vehículos de lujo en el caso Corruptela
El caso Corruptela vuelve a poner bajo la lupa uno de los mayores escándalos de corrupción dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador reanudó la audiencia preliminar contra una presunta estructura integrada por 30 personas, entre exfuncionarios, exempleados de la institución y empresarios, señalados de participar en una serie de irregularidades que habrían permitido el desvío de fondos públicos, la manipulación de investigaciones y la entrega de beneficios económicos a cambio de favores.
Uno de los datos más relevantes expuestos en el proceso es la entrega de dádivas valoradas en aproximadamente $1.5 millones, que, según las investigaciones, incluían dinero en efectivo, vehículos de lujo y viajes en aviones privados. Estos beneficios habrían sido utilizados para obtener decisiones favorables dentro del Ministerio Público, entre ellas el archivo irregular de expedientes, la apertura de investigaciones falsas, la manipulación de acusaciones y la ejecución de detenciones ilegales.
Las investigaciones también establecieron un presunto desvío de $735,866.14 procedentes de cuentas especiales y del patrimonio de la Fiscalía. De acuerdo con la acusación, estos recursos habrían sido utilizados para financiar consultorías ficticias, contrataciones ilegales, remodelaciones de viviendas particulares, mantenimiento de vehículos privados, pago de servicios de telefonía personal y viáticos que no correspondían a las funciones institucionales.
La investigación comprende 22 hechos de presunta corrupción relacionados con 30 personas, entre quienes figura el exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, señalado como uno de los principales involucrados en el caso. También aparece el exfiscal general adjunto Edgar Isaías Márquez, quien no se presentó a la audiencia preliminar y fue declarado rebelde por la jueza encargada del proceso.
Entre los demás procesados se encuentran Julio Adalberto Arriaza González, José Francisco Paredes Valladares, Mauricio Antonio Yanes Morales y José Dolores Zelaya Mendoza, quienes ocuparon diferentes cargos dentro de la Fiscalía. La investigación también incluye al fallecido expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes, así como a empresarios y particulares presuntamente vinculados con las operaciones investigadas.
En el expediente también figuran los empresarios José Aquiles Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais, Aldo Vinicio Parducci, Moisés Torres Polanco y Jorge Moisés Nájera Aguilar. Según la investigación, la presunta red habría utilizado recursos, cargos y facultades de la Fiscalía para favorecer intereses particulares, mediante decisiones que comprometían el funcionamiento de la institución encargada de investigar los delitos en El Salvador.
La audiencia preliminar se desarrolla a puerta cerrada debido a una reserva parcial decretada para proteger la identidad de testigos criteriados. No obstante, durante el desarrollo de las diligencias se han conocido algunas decisiones judiciales relacionadas con los imputados y las solicitudes presentadas por las partes.
Entre estas decisiones destaca que cinco imputados considerados de menor participación recibieron autorización para someterse a un procedimiento abreviado, mediante el cual admitirían los hechos delictivos que se les atribuyen a cambio de penas reducidas, conforme a las condiciones establecidas por la legislación. Sin embargo, a Blanca Rosa Rais, hermana del empresario Enrique Rais, le fue denegada la posibilidad de acogerse a ese procedimiento.
Otro punto importante de la audiencia es la petición de la Fiscalía para modificar la calificación de la participación del exfiscal Luis Martínez y de Julio Arriaza. El Ministerio Público busca que ambos dejen de ser considerados instigadores y sean procesados como autores directos de los delitos que se les atribuyen. Martínez enfrenta acusaciones por siete delitos, mientras que Arriaza está vinculado a tres ilícitos.
Los delitos investigados dentro del caso Corruptela incluyen cohecho propio, cohecho activo, peculado, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, omisión de la investigación y lavado de dinero y de activos. La diversidad de acusaciones refleja la dimensión de un proceso que abarca tanto el presunto uso indebido de recursos institucionales como posibles actuaciones ilegales dentro de investigaciones penales.
El caso continúa en una etapa judicial decisiva, en la que deberá determinarse si existen suficientes elementos para enviar a juicio a los acusados. Las cifras millonarias, los beneficios de lujo y las presuntas irregularidades cometidas desde el interior de la Fiscalía constituyen el eje de una investigación que busca establecer las responsabilidades individuales de los involucrados, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
Judicial
Cadena perpetua para dos líderes de la MS-13 en San Salvador: Tribunal condena a 97 pandilleros de 10 clicas
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Condenan a cadena perpetua a pandilleros de la MS-13 capturados durante el régimen de excepción en El Salvador
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso condenas de cadena perpetua a integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), capturados durante el régimen de excepción y procesados por delitos relacionados con homicidios, desapariciones, extorsiones y actividades de organizaciones terroristas. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó las sentencias el viernes 9 de octubre de 2026, como parte de los procesos judiciales contra estructuras pandilleriles que operaban en la capital y sus alrededores.
Entre los condenados se encuentran Josué Germain González Mejía, identificado por las autoridades como corredor de clica, y Giovanni Andrés Hernández, señalado como homeboy dentro de la organización criminal. Según las investigaciones fiscales, ambos formaban parte de estructuras que mantenían presencia en diferentes sectores de San Salvador, donde se les atribuyeron hechos violentos y actividades delictivas contra la población.
#CombateAPandillas | Cadena perpetua para pandilleros de la MS-13.
La @FGR_SV logró que demostrar que estos criminales mantenían el control en diferentes zonas de la capital y sus alrededores, en donde cometieron diversos casos de homicidios, desapariciones, extorsiones, organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, entre otros.
Todos fueron capturados gracias al Régimen de Excepción.
Entre los condenados a cadena perpetua están Josué Germain González Mejía, quien tenía el rango de corredor de clica, y Giovanni Andrés Hernández, identificado como homeboy.
Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 9, 2026
La Fiscalía aseguró que durante el proceso judicial presentó elementos probatorios relacionados con homicidios, desapariciones de personas, extorsiones, agrupaciones ilícitas y delitos vinculados con organizaciones terroristas. Sin embargo, la institución no precisó el número total de personas condenadas en este caso, las fechas de los hechos investigados ni las circunstancias particulares de cada delito. Las sentencias fueron dictadas por el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Estas condenas se producen después de las reformas constitucionales y penales aprobadas en marzo de 2026, mediante las cuales El Salvador incorporó la prisión perpetua para delitos de extrema gravedad, como homicidio, violación y terrorismo. La modificación del artículo 27 de la Constitución permitió establecer esta sanción, cuya aplicación contempla mecanismos de revisión judicial después de determinados períodos de cumplimiento. En septiembre se conocieron las primeras sentencias bajo el nuevo marco legal, por lo que las resoluciones contra integrantes de la MS-13 representan nuevos casos de aplicación de esta pena.
Los condenados habían sido detenidos durante el régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022 y prorrogado periódicamente por la Asamblea Legislativa. El Gobierno sostiene que esta medida ha contribuido a reducir los homicidios y desarticular estructuras criminales, mientras organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por las garantías procesales en determinados casos. Las nuevas sentencias reflejan la aplicación del endurecimiento de las penas contra delitos graves en El Salvador, en medio de la continuidad de los procesos judiciales relacionados con las pandillas.
