Judicial
MOP denuncia grandes anomalías en baipás del Puerto de La Libertad por empresa ganadora de licitación
Las nuevas autoridades del Ministerio de Obras Públicas (MOP) denunciaron y elevaron al nivel de la Fiscalía la situación que han encontrado en el baipás de La Libertad, donde han señalado presunta corrupción con una empresa que ganó una licitación de más de $60 millones, pero que tiene récord de problemas con trabajos de menor envergadura.
Además, los denunciantes aseguraron que fueron ignorados reparos de Corte de Cuentas de la República (CCR) y hablan hasta de una amistad entre jefes del ministerio con la empresa ganadora de la licitación.
La construcción del proyecto que ha sido denunciado se realiza en la carretera al Puerto de La Libertad donde se divide en tres segmentos, uno es la apertura de calle, el segundo es la construcción de un puente y el tercer segmento —que es donde existen los señalamientos— es el empalme de la vía con la carretera Litoral.
El titular del MOP, Romeo Rodríguez Herrera, manifestó que les quisieron “esconder” la situación.
“En el segmento tres es donde encontramos las anomalías, de hecho al principio nos escondieron qué es lo que estaba sucediendo dentro del proyecto. Nuestro abogado y nosotros empezamos a indagar y encontramos que estaba a punto de vencer la fianza y ahí fue que actuamos y procedimos a la caducidad del contrato”, indicó.
«Hicieron ganar» a la empresa la licitación
El ministro relató que todo se inició desde el proceso de licitación, ya que desde el ministerio, en ese entonces a cargo de Eliud Ayala, “hicieron ganar” a la empresa Eben Ezer para hacerse cargo de las obra, esto a pesar de que la empresa tiene un amplio récord negativo con proyectos de menor envergadura.
“La empresa había participado en diferentes contratos con el FISDL (Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local) Fovial (Fondo de Conservación Vial) en el MOP y no había tenido capacidad de reacción, de hecho había solicitado en diferentes ocasiones prórrogas en contratos mucho más pequeños: de tres millones, un millón de dólares, 500 mil… y en esta obra solo el segmento tres anda por los $17 millones”, denunció Rodríguez.
Agregó que incluso hubo personas de la institución que le recomendaron a Eliud Ayala no contratar a la empresa por los problemas que había tenido. De acuerdo a las leyes salvadoreñas, un titular de una entidad no puede influir para la adjudicación de un proyecto.
“Dicen que le recomendaron al ministro no adjudicarle a la empresa por los problemas que había tenido, pero al parecer —según lo que dicen— es que hay una relación de amistad con estas personas. A pesar de ello se le adjudica a la empresa. Al menos en papeles cumplió con los porcentajes, cumplió la parte técnica y luego llevó la oferta económica más baja y por eso se le adjudicó. Obviamente hay indicios de que no se debía hacer adjudicado”, explicó.
Contrato firmado y múltiples retrasos
Luego de finalizado el proceso, en el contrato firmado entre la entidad del Estado y la empresa privada se establecía un período de seis meses para realizar el diseño y un año para ejecutar los trabajos.
“Se le enviaron diferentes informes al exministro por diferentes incumplimientos… la empresa empezó con retrasos con el diseño, no entregaba porque normalmente se tiene ciertas entregas parciales y se revisa con los equipos. Se crea una unidad ejecutora con el préstamo, normalmente están pendientes de supervisión entonces se estaban dando anomalías de que no cumplían ni siquiera con el diseño y no habían avances, se le estaba informado de esto (a Eliud Ayala), cuando se dio el retraso del diseño se enviaron informes para colocar multas y hacían caso omiso de estos documentos”, indicó.
De acuerdo a Romero Rodríguez, las autoridades de esa época solo le colocaron una multa a la empresa, a pesar de los recurrentes informes, pero solo porque “andaba por ahí” la Corte de Cuentas de la República (CCR).
“Imagino que se tuvo temor (por la CCR) y se puso la multa, pero de ahí se enviaron diferentes multas prácticamente cuando se había cumplido un año, seis meses de retraso del diseño porque llevaban un año y tuvieron una reunión, según comentaron los administradores del contrato, con el exministro y otras personas de alto nivel”, señaló.
$5 millones de anticipo que se utilizaron «para otro tipo de cosas»
En esa reunión, dijo el ministro, se les quitó los celulares a todos los que estaban dentro y se acordó “ayudarle” a la empresa a terminar porque no se había iniciado la construcción y solo les quedaba seis meses para cumplir con los 18 que se habían pactado.
Rodríguez añadió que en ese momento se podía haber terminado el contrato porque no se podía hacer en seis meses lo que estaba programado para un año.
“No aplicaron la caducidad del contrato, al contrario. Lo que hicieron fue poder dejar todo el panorama para poder entregar todo el anticipo de $5 millones a la empresa y continuar. Quedaron de acuerdo en apoyar lo más que podían a la empresa para poder terminar, al final como nadie se quería comprometer el administrador de contrato le envió informes al exministro”, relató Rodríguez Herrera.
La persona que administraba el contrato, dijo, envió un memorándum a Eliud Ayala, en el que se le informaba que necesitaban entregar el anticipo y que de no contestar en un tiempo estipulado, se iba a entregar.
“Justo no contestaron el documento y procedieron a entregar el anticipo. Se hizo un plan del anticipo, de las obras que se tenían que hacer, pero al final el anticipo se utilizó para otro tipo de cosas. Se enviaron informes del uso inadecuado del anticipo y de igual manera no se tuvo respuesta de las autoridades, nadie decía nada y continuaron con lo mismo”, apuntó.
Debido a todos esos problemas que se habían presentado, la CCR envió durante todo el proyecto seis reparos e incluso en mayo de 2019, a pocos días del cambio de gobierno, la Corte envió un documento pidiendo la caducidad del contrato.
El historial de Eben Ezer
Romeo Rodríguez manifestó que Eben Ezer tiene adjudicados varios proyectos en el Ejecutivo, solo que es una empresa que actúa con varios nombres. Con el Fovial, por ejemplo, tenía adjudicados cinco proyectos.
“Básicamente en cada uno de los proyectos había tenido problemas para la ejecución de las obras y eso ya era de conocimiento dentro de toda la institución, se rumoraba entre las mismas personas de que no iban a cumplir, ya sabían ellos de que no iban a cumplir”, aseveró.
El ministro también señaló que las autoridades anteriores no quisieron hacer nada por resolver el problema porque “si hubieran querido” hubieran terminado el contrato antes del cambio de gobierno e informar de lo que estaba pasando.
Por todas las irregularidades que se dieron, según el ministro de Obras Públicas, es que acudió el miércoles a las instalaciones de la Fiscalía a interponer un aviso por posible corrupción para que sea el Ministerio Público el encargado de dirigir las investigaciones.
Por: El Salvador Times.
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Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
