Judicial
MOP denuncia grandes anomalías en baipás del Puerto de La Libertad por empresa ganadora de licitación
Las nuevas autoridades del Ministerio de Obras Públicas (MOP) denunciaron y elevaron al nivel de la Fiscalía la situación que han encontrado en el baipás de La Libertad, donde han señalado presunta corrupción con una empresa que ganó una licitación de más de $60 millones, pero que tiene récord de problemas con trabajos de menor envergadura.
Además, los denunciantes aseguraron que fueron ignorados reparos de Corte de Cuentas de la República (CCR) y hablan hasta de una amistad entre jefes del ministerio con la empresa ganadora de la licitación.
La construcción del proyecto que ha sido denunciado se realiza en la carretera al Puerto de La Libertad donde se divide en tres segmentos, uno es la apertura de calle, el segundo es la construcción de un puente y el tercer segmento —que es donde existen los señalamientos— es el empalme de la vía con la carretera Litoral.
El titular del MOP, Romeo Rodríguez Herrera, manifestó que les quisieron “esconder” la situación.
“En el segmento tres es donde encontramos las anomalías, de hecho al principio nos escondieron qué es lo que estaba sucediendo dentro del proyecto. Nuestro abogado y nosotros empezamos a indagar y encontramos que estaba a punto de vencer la fianza y ahí fue que actuamos y procedimos a la caducidad del contrato”, indicó.
«Hicieron ganar» a la empresa la licitación
El ministro relató que todo se inició desde el proceso de licitación, ya que desde el ministerio, en ese entonces a cargo de Eliud Ayala, “hicieron ganar” a la empresa Eben Ezer para hacerse cargo de las obra, esto a pesar de que la empresa tiene un amplio récord negativo con proyectos de menor envergadura.
“La empresa había participado en diferentes contratos con el FISDL (Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local) Fovial (Fondo de Conservación Vial) en el MOP y no había tenido capacidad de reacción, de hecho había solicitado en diferentes ocasiones prórrogas en contratos mucho más pequeños: de tres millones, un millón de dólares, 500 mil… y en esta obra solo el segmento tres anda por los $17 millones”, denunció Rodríguez.
Agregó que incluso hubo personas de la institución que le recomendaron a Eliud Ayala no contratar a la empresa por los problemas que había tenido. De acuerdo a las leyes salvadoreñas, un titular de una entidad no puede influir para la adjudicación de un proyecto.
“Dicen que le recomendaron al ministro no adjudicarle a la empresa por los problemas que había tenido, pero al parecer —según lo que dicen— es que hay una relación de amistad con estas personas. A pesar de ello se le adjudica a la empresa. Al menos en papeles cumplió con los porcentajes, cumplió la parte técnica y luego llevó la oferta económica más baja y por eso se le adjudicó. Obviamente hay indicios de que no se debía hacer adjudicado”, explicó.
Contrato firmado y múltiples retrasos
Luego de finalizado el proceso, en el contrato firmado entre la entidad del Estado y la empresa privada se establecía un período de seis meses para realizar el diseño y un año para ejecutar los trabajos.
“Se le enviaron diferentes informes al exministro por diferentes incumplimientos… la empresa empezó con retrasos con el diseño, no entregaba porque normalmente se tiene ciertas entregas parciales y se revisa con los equipos. Se crea una unidad ejecutora con el préstamo, normalmente están pendientes de supervisión entonces se estaban dando anomalías de que no cumplían ni siquiera con el diseño y no habían avances, se le estaba informado de esto (a Eliud Ayala), cuando se dio el retraso del diseño se enviaron informes para colocar multas y hacían caso omiso de estos documentos”, indicó.
De acuerdo a Romero Rodríguez, las autoridades de esa época solo le colocaron una multa a la empresa, a pesar de los recurrentes informes, pero solo porque “andaba por ahí” la Corte de Cuentas de la República (CCR).
“Imagino que se tuvo temor (por la CCR) y se puso la multa, pero de ahí se enviaron diferentes multas prácticamente cuando se había cumplido un año, seis meses de retraso del diseño porque llevaban un año y tuvieron una reunión, según comentaron los administradores del contrato, con el exministro y otras personas de alto nivel”, señaló.
$5 millones de anticipo que se utilizaron «para otro tipo de cosas»
En esa reunión, dijo el ministro, se les quitó los celulares a todos los que estaban dentro y se acordó “ayudarle” a la empresa a terminar porque no se había iniciado la construcción y solo les quedaba seis meses para cumplir con los 18 que se habían pactado.
Rodríguez añadió que en ese momento se podía haber terminado el contrato porque no se podía hacer en seis meses lo que estaba programado para un año.
“No aplicaron la caducidad del contrato, al contrario. Lo que hicieron fue poder dejar todo el panorama para poder entregar todo el anticipo de $5 millones a la empresa y continuar. Quedaron de acuerdo en apoyar lo más que podían a la empresa para poder terminar, al final como nadie se quería comprometer el administrador de contrato le envió informes al exministro”, relató Rodríguez Herrera.
La persona que administraba el contrato, dijo, envió un memorándum a Eliud Ayala, en el que se le informaba que necesitaban entregar el anticipo y que de no contestar en un tiempo estipulado, se iba a entregar.
“Justo no contestaron el documento y procedieron a entregar el anticipo. Se hizo un plan del anticipo, de las obras que se tenían que hacer, pero al final el anticipo se utilizó para otro tipo de cosas. Se enviaron informes del uso inadecuado del anticipo y de igual manera no se tuvo respuesta de las autoridades, nadie decía nada y continuaron con lo mismo”, apuntó.
Debido a todos esos problemas que se habían presentado, la CCR envió durante todo el proyecto seis reparos e incluso en mayo de 2019, a pocos días del cambio de gobierno, la Corte envió un documento pidiendo la caducidad del contrato.
El historial de Eben Ezer
Romeo Rodríguez manifestó que Eben Ezer tiene adjudicados varios proyectos en el Ejecutivo, solo que es una empresa que actúa con varios nombres. Con el Fovial, por ejemplo, tenía adjudicados cinco proyectos.
“Básicamente en cada uno de los proyectos había tenido problemas para la ejecución de las obras y eso ya era de conocimiento dentro de toda la institución, se rumoraba entre las mismas personas de que no iban a cumplir, ya sabían ellos de que no iban a cumplir”, aseveró.
El ministro también señaló que las autoridades anteriores no quisieron hacer nada por resolver el problema porque “si hubieran querido” hubieran terminado el contrato antes del cambio de gobierno e informar de lo que estaba pasando.
Por todas las irregularidades que se dieron, según el ministro de Obras Públicas, es que acudió el miércoles a las instalaciones de la Fiscalía a interponer un aviso por posible corrupción para que sea el Ministerio Público el encargado de dirigir las investigaciones.
Por: El Salvador Times.
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En la exposición de los alegatos finales, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador que condene a seis años de cárcel al diputado desaforado de Nuevas Ideas, Erick García Salguero, por el delito de falsedad ideológica.
Antes de finalizar el juicio los magistrados le dieron el derecho de última palabra al imputado quien pidió consideración en el caso que sea encontrado responsable.
García no quiere seguir en prisión y expresó a la Cámara que si es condenado le sustituyan la pena por una medida alterna, que está dispuesto a someterse a cualquier decisión que le permita estar fuera de la cárcel.
Según la acusación de la Fiscalía, García Salguero cometió el delito cuando en un documento hizo constar que prestó $90,000, pero en las investigaciones se concluyó que esa transacción nunca fue realizada.
Para demostrar el ilícito, el ministerio público presentó como parte de la prueba una pericia consistente en una experticia grafotécnica que confirma que las firmas en los documentos son de García Salguero.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador ha iniciado hoy la audiencia probatoria [última del juicio civil] por enriquecimiento ilícito detectado en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al exdiputado del FMLN, Jorge Schafik Hándal Vega y su grupo familiar.
El exlegislador fue demandado por fiscales de la Unidad Anticorrupción de haberse enriquecido de forma ilícita junto a su esposa, Lilian Amanda de Hándal y sus dos hijas: Linda Verónica de Yannelli y Georgina Beatriz Hándal de Rosales.
#CombateALaCorrupción I Este día, el exdiputado Jorge Shafick Handal Vega y su grupo familiar enfrentan juicio ante la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro, por enriquecerse ilícitamente con $182,374.61.
En la jornada de hoy, la @FGR_SV presentará testigos… pic.twitter.com/ySIQRWYyT0
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) April 24, 2024
En la audiencia preparatoria los magistrados admitieron prueba documental y pericial la cual ha comenzado a ser discutida y al final de la audiencia deberán pronunciarse con una sentencia condenatoria o desestimatoria.
A los cuatro demandados les reprochan un incremento patrimonial que no pudieron justificar por un monto de $182,374.61.
En la Sección de Probidad fueron notificados para que presentaran documentos que permitieran justificar la procedencia lícita de esos fondos, pero al no desestimar las irregularidades en sus declaraciones juradas, Corte Plena ordenó enjuiciarlos civilmente.
A Hándal Vega le cuestionan cuatro irregularidades que le reflejan un incremento patrimonial no justificado de $40,525.62; su esposa Lilian Amanda, es demandada por seis irregularidades por monto de $109,589.62; su hija Linda Verónica Hándal de Yannelli, dos irregularidades que suman $31,000.00 y Georgina Beatriz Hándal Rosales, una irregularidad por $1,259.37.
Según la Unidad Anticorrupción de la FGR el exdiputado y sus familiares no justificaron el incremento patrimonial que obtuvieron del 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2012, período en el cual el exfuncionario fungió como diputado por el departamento de Usulután.
«Este día está programado que desfile la prueba testimonial y la declaració de propia parte de los demandados», informó una de las fiscales.
Se espera que el exdiputado del FMLN acuda a rendir declaración el jueves por la mañana.
La Fiscalía General de la República (FGR) sigue haciendo justicia para los salvadoreños que por años fueron víctimas de las pandillas y tras una vista pública logró que 26 miembros de pandillas fueran condenados a penas de hasta 180 años de prisión.
En la audiencia en contra de los imputados, la FGR demostró que son parte de un grupo terrorista y que fueron responsables de quitarle la vida a 11 personas, además de extorsionar, haber incendiado un microbús y lesionar con arma de fuego al motorista.
Según el fiscal del caso, estos sujetos se dedicaban a atemorizar a los habitantes del distrito de Chalchuapa y sus alrededores, a quienes les exigían el pago de la mal denominada “renta”.
Entre los condenados está Marlon Alexander López Arana, alias sayco, quien fue perfilado como corredor de clica, y sentenciado a 180 años de prisión por el delito de homicidio agravado, actos terroristas, homicidio agravado imperfecto y agrupaciones ilícitas. El imputado también está condenado a pagar $1,200.00 dólares en concepto de responsabilidad civil.
Para Eduardo Enrique Campos Castaneda, alias pesadilla, se logró una condena de 95 años prisión, por los mismo delitos.
Otro de los terroristas con altas penas fue Luis Alfredo Mendoza Carranza, alias slipy, corredor de clica, quien fue condenado a 89 años de prisión y al pago de $800.00 de responsabilidad civil.
Ulises Antonio Moreno Ramos, alias zorro o flama, pasará los próximos 75 años en la celda de una cárcel prisión; Óscar Enrique Salas Cortez, corredor de programa recibió una pena de 65 años de cárcel y deberá pagar $400.00 dólares de responsabilidad civil.
Mientras que para el resto de terroristas se logró una condena impuso penas de 10, 14,25,30 y 35 años de cárcel.
Las sentencias fueron impuestas por el Tribunal Tercero contra El Crimen Organizado de Santa Ana.
