Judicial
Magistrada la Cámara Segundo de San Salvador y defensa, podrían darle trato preferencial a Jorge Nieto mandándolo a arresto domiciliar
Jueza de la Cámara Segundo de San Salvador y defensa, buscan trato preferencial para Jorge Nieto, exministro de Obras Públicas condenado a 12 años de prisión por delito de peculado
La defensa del exministro de Obras Públicas, Jorge Isidoro Nieto, quien fue condenado a guardar prisión por 12 años y al pago de casi $13 millones por el delito de peculado en la construcción del bulevar Diego de Holguín, (hoy Monseñor Romero), presentó una petición a la Cámara Segundo de lo Penal de San Salvador para que Nieto guarde arresto domiciliar por riesgo de contagio del COVID-19.
La defensa pide que se realiza una audiencia urgente de revisión de medidas para el exministro de Obras Públicas, quien en noviembre del año pasado fue condenado por el Tribunal Quinto de Sentencia por el delito antes mencionado.
Lisandro Quintanilla, abogado defensor de Nieto, asegura que su defensor no puede estar encarcelado hasta que la sentencia esté en firme, lo cual deberá resolver la Cámara Segunda de lo Penal, en los próximos días.
Quintanilla pide que su defendido porte un brazalete electrónico que garantice que no se fugará, ya que tiene problemas de salud crónicos, y el brote de coronavirus convertida en pandemia pone en riesgo a su cliente.
Esta medida de ser aceptada violaría los derechos de libertad e igualdad jurídica de más de 30 mil reos que conforman la población carcelaria en el país y dejaría entrever cierto “favoritismo” de la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador para con Jorge Nieto, aseguran algunos expertos en leyes y derechos penales del país.
Para ellos, la petición por decretarle arresto domiciliar a Jorge Nieto en tiempos de crisis por coronavirus, sería una “jugada sucia” entre la magistrada de la Cámara, Rosa María Fortín Hueso y el abogado defensor del exfuncionario, ya que en todo caso resolver a favor o en contra del ex ministro de Obras Públicas es de debida competencia del juez de vigilancia.
De allí surge la interrogante ¿Por qué el trato preferencial hacia Jorge Isidoro Nieto por parte de la magistrada de Rosa María Fortín Hueso?, quien se habla maneja a su antojo los procesos judiciales dentro de la Cámara Segundo de lo Penal de San Salvador y de quien hay mucho cuestionamientos por sus fallos preferenciales junto a Victoria Blanco.
La medida no ha pasado por desapercibida en los usuarios de redes sociales, quienes muestra su repudio por la medida que busca favorecer a Jorge Nieto con tan solo meses de guardar prisión, mientras que 33 mil reos llevan años pagado por menores delitos y sin gozar de tratos preferenciales dentro del sistema carcelario del país.
Acá algunos Twitter de usuario en cuanto al tema.
La Fiscalía General de la República (FGR), atribuyó a Jorge Nieto una apropiación indebida de $9 millones del Estado, a favor de terceros, cuando este fungió como titular de Obras Públicas.
Además, de acuerdo con la FGR, el exministro permitió que se le entregara a la empresa responsable de la construcción del bulevar Diego de Holguín, (Hoy Monseñor Romero) un anticipo por $7,695,887, aun cuando esta no estaba cumpliendo lo pactado en el contrato.
Esta es una nueva prueba para el sistema judicial y penitenciario salvadoreño, en el que está a punto de cometerse una flagrante injusticia, poniendo en libertad a alguien que quiere pasar por encima de todo el sistema para salir de la cárcel y gozar de un cómodo arresto domiciliar.
Judicial
Fiscalía destruye 1,362 kilos de cocaína valorados en más de $34 millones decomisados a ecuatorianos
La Fiscalía General de la República (FGR) supervisó este miércoles la destrucción de 1,362 kilos de cocaína valorados en más de 34 millones de dólares en el mercado ilícito. La quema se realizó en Shangallo, distrito de Ilopango, San Salvador, luego de completar los procedimientos legales correspondientes sobre el cargamento decomisado.
La droga fue incautada el 17 de julio por miembros de la Fuerza Naval a 947 millas náuticas al suroeste de la bocana El Cordoncillo, en aguas del Pacífico. En el operativo fueron detenidos dos hombres de nacionalidad ecuatoriana, quienes ya enfrentan proceso judicial por el delito de tráfico ilícito de drogas.
#Antinarcóticos | Este día, la @FGR_SV, en coordinación con la @PNCSV, realiza prueba de campo, registro y clasificación de más de 1,300 kilos de cocaína incautada a dos ecuatorianos el pasado 17 de julio.
Esta droga, valorada en aproximadamente $34 millones, será destruida en… pic.twitter.com/raZ9cvDVCA
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) August 18, 2026
Con esta acción, las autoridades confirman el avance de las diligencias penales y refuerzan las operaciones antinarcóticos en el país, donde los decomisos de grandes cargamentos de cocaína en alta mar continúan siendo una prioridad en la lucha contra el narcotráfico.
Judicial
Juzgado decreta detención provisional a conductor de Corvette por muerte de repartidor en San Salvador
El pasado 6 de agosto de 2026, Francisco Javier García Hernández departió y consumió bebidas alcohólicas en un restaurante ubicado en el bulevar El Hipódromo, en San Salvador. Posteriormente abordó su vehículo deportivo, un Chevrolet Corvette negro con placas P53-8EB.
Bajo los efectos del alcohol, según la Fiscalía, circuló en sentido contrario y a excesiva velocidad. Impactó de frente al motociclista Manuel de Jesús Murcia Arístides, quien se desempeñaba como repartidor de PedidosYa y también vendía productos lácteos para complementar sus ingresos.
Tras el golpe, la víctima fue arrastrada aproximadamente 16 metros sobre la vía. García Hernández abandonó la escena sin prestar auxilio, dejó el Corvette a unos 800 metros del lugar y se retiró en otro vehículo.
La Policía Nacional Civil inició la búsqueda del conductor. El 8 de agosto, García Hernández se presentó voluntariamente en una delegación policial y fue remitido por el delito de homicidio culposo. En redes sociales circularon rumores que lo vinculaban erróneamente con el entorno familiar del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, quien desmintió cualquier relación.
El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador ordenó este martes 18 de agosto de 2026 la instrucción formal con detención provisional contra Francisco Javier García Hernández, acusado de homicidio culposo y conducción peligrosa por la muerte del motociclista repartidor Manuel de Jesús Murcia Arístides. El hecho ocurrió la noche del 6 de agosto en el bulevar El Hipódromo, cuando el imputado, tras consumir alcohol, impactó con su Chevrolet Corvette al trabajador de una aplicación de comida, lo arrastró 16 metros y huyó del lugar.
Durante la audiencia inicial celebrada este martes, el juez consideró suficientes los indicios presentados por la Fiscalía. Entre las pruebas destacan un peritaje que confirma la velocidad excesiva del vehículo y videos que muestran al imputado consumiendo alcohol antes del accidente, así como el momento del impacto.
El juzgador determinó que existe riesgo de fuga o de obstaculización de la investigación, por lo que decretó la detención provisional mientras continúa el proceso penal. Además, ordenó la inmovilización de dos cuentas bancarias a nombre de García Hernández por un monto superior a los 80 mil dólares y aplicó medidas patrimoniales sobre otros bienes.
Manuel de Jesús Murcia Arístides era descrito por sus cercanos como un hombre trabajador y responsable, que se esforzaba por sostener a su familia con su labor de repartidor y la venta de productos lácteos. El caso ha generado amplio seguimiento en redes y medios locales desde el día del accidente.
El proceso penal sigue su curso con el imputado bajo detención provisional. Las autoridades judiciales continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer plenamente los hechos.
Judicial
Condenan a 20 años de prisión a maestro de Usulután por agredir y acosar sexualmente a dos alumnas de 9 y 12 años
Melvin Javier Osegueda Claros, docente de un centro escolar del distrito de Santiago de María, en Usulután Norte, fue condenado a 20 años de cárcel por el Tribunal de Sentencia de Usulután. La pena se divide en 16 años por agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada y 4 años por acoso sexual.
Los hechos ocurrieron entre febrero y octubre de 2025 dentro de las instalaciones escolares. Las víctimas eran dos estudiantes de 9 y 12 años. El maestro se aprovechó de su cargo para cometer los delitos durante casi todo el año lectivo.
Fue detenido el 22 de octubre de 2025 luego de que familiares de las menores interpusieran la denuncia correspondiente. La Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales que el tribunal valoró para determinar su responsabilidad penal.
El proceso se desarrolló bajo reserva para proteger la identidad y la intimidad de las víctimas. La sentencia busca enviar un mensaje claro contra quienes abusan de su posición de confianza en el sistema educativo.
Las autoridades judiciales y fiscales reiteraron su compromiso de perseguir con rigor este tipo de delitos que afectan a la niñez y adolescencia.
