Judicial
LE PONE PRECIO A SU NIETA: Mujer recibe cinco dólares de un hombre para que abuse de su nieta
Un hombre de 60 años de edad identificado como Valentín Zepeda Zepeda fue condenado a 14 años de prisión por el delito de violación en menor e incapaz continuado y remuneración por actos sexuales o eróticos en perjuicio de una adolescente de 13 años de edad.
De acuerdo con elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos tuvieron lugar en febrero de 2016, en el municipio de Juayúa, departamento de Sonsonate.
Según el informe, Zepeda Zepeda, conocido como “Chele Tin”, fue capturado con orden de detención el 29 de mayo de 2016, en Juayúa; y por este mismo caso también fue capturada la abuela de la víctima, acusada de Inducción, promoción y favorecimiento de actos sexuales eróticos, pues ella era quien ofreció a la pequeña a Zapeda.
Miembros de la FGR explicaron que la investigación inició tras un informe presentado por la Junta de Protección de la Niñez y la Adolescencia, del departamento de Sonsonate (JPSO), donde informaron a la sede fiscal de ese departamento sobre la vulneración a los derechos de una adolescente.
En la investigación, la víctima narró que su mamá la abandonó a los 10 años de edad, dejándola al cuidado de su abuela, de 60. Desde entonces estuvo bajo su tutela con normalidad, hasta que, a principios del mes de febrero de 2016, su abuela la llevó donde el “Chele Tin”, diciéndole que se quedara con él, al mismo tiempo que “Chele Tin” le entregó un billete de cinco dólares a su abuela.
Estando dentro de la casa del sujeto, ella manifestó que este la llevó a una cama donde la acostó, le quitó su ropa y procedió a violarla. Luego la agresión sexual, el imputado le dijo que se fuera y, al salir, se enteró que su abuela la estaba esperando fuera de la vivienda.
Sin embargo, esa no fue la única ocasión, la pequeña contó que, a finales de febrero del mismo año, su abuela la volvió a llevar donde el mismo sujeto, quien nuevamente le dio un billete de cinco dólares a su tutora para que Zepeda la violara.
En el Tribunal de Sentencia de Sonsonate; después del desfile probatorio presentado por la representación fiscal, quedó plenamente establecida, tanto la existencia de los delitos, como la participación delincuencial del imputado; por lo que el tribunal después de validar las pruebas, en su resolución, condenó a Valentín Zepeda Zepeda a 14 años de prisión. No obstante, la abuela de la menor fue sobreseída debido a que no se logró comprobar su participación en los hechos que se le atribuían.
En cuanto a la menor, fue apartada del lado de la mujer y se encuentra bajo el cuidado de una institución.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
