Judicial
Juzgado mantiene condena para Coronel Benavides en caso Jesuitas
El Juzgado 4° de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena realizó audiencia de incidentes a favor del condenado, Guillermo Alfredo Benavides Moreno, coronel del Ejército Nacional e involucrado en el homicidio agravado de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras.
El interno está condenado a la pena de 30 años de cárcel por el delito de asesinato, según el Código Penal derogado el 20 de abril de 1998, y por proposición y conspiración en el delito de actos terroristas.
Según datos del proceso, Benavides fue enviado al mencionado penal el 13 de enero de 1990, luego de ser condenado por un tribunal de conciencia por parte del Juzgado 4° de lo Penal (hoy de Instrucción) y liberado el 1 de abril del mismo año, después que la Asamblea Legislativa decretara una Ley de Amnistía. Sin embargo, al ser declarada ilegal por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, fue recapturado por el 5 de febrero de 2016, para ser extraditado hacia España.
Durante la audiencia, la jueza leyó una misiva por parte del padre José María Tojeira, jefe del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), en la que solicitaba que se le otorgara una libertad anticipada, ya que por parte de la Compañía de Jesús y los familiares de los seis sacerdotes y dos colaboradoras “no había nada que perdonar”. Además, por razones humanitarias, ya que su edad es de 75 años y que padece de una enfermedad crónica y degenerativa.
Sin embargo, la defensa argumentaba que su representado ya había cumplido con la tercera parte de la pena (10 años de cárcel), no obstante, el condenado no cumple con los requisitos establecidos por los artículos 85 y 87 del actual Código Penal, en los que se establece sobre los programas a cumplir dentro del penal.
Según un informe de 2020, el condenado demuestra desinterés en participar en los programas de reinserción, además, de presentar agresividad en el trato con los demás internos y las autoridades del penal.
La jueza declaró no hay lugar a la aplicación del artículo 39 de dicho código, en el que se refiere al principio de retroactividad, ya que “es de correspondencia a Centros Penales elegir quiénes pueden ser beneficiados con una libertad anticipada u otra por el estilo”, menciona el apartado ya referido.
Actualmente lleva un total de ocho años, cuatro meses y tres días, para optar por un beneficio.
Los abogados del interno van a presentar un recurso de apelación a más tardar, el próximo martes 15 de junio ante el mencionado juzgado. El caso sería del conocimiento de la Cámara Mixta de Tránsito y Vigilancia Penitenciaria.
Fuente: Centros Judiciales de El Salvador
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
