Judicial
Juzgado Especializado realiza audiencia preliminar en caso conocido como «Salvador Ruano»
El Juzgado Especializado de Instrucción “C” de San Salvador ordenó juicio contra diez imputados, acusados por homicidio agravado, feminicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
Se trata de un remanente de los sujetos involucrados en torno al caso que se conoce como “Salvador Ruano” el exalcalde de Ilopango, ya fallecido; las investigaciones señalan que, los sujetos operaban en el sector de Ilopango, San Martín, Altavista, San Felipe y sectores aledaños.
Los procesados son: Milton Daniel Zelaya, Salvador Eduardo Orantes, Juan José Sánchez Peña, Carlos Eduardo González González, Carlos Heriberto Serrano García, Juan Carlos Campos Solorzano, Francisco Javier Chacón Rivera, José Adán Ávalos Maravilla y Salvador Eduardo Flores, quienes se unirán al proceso que se encuentra en un Juzgado Especializado de Sentencia.
La jueza rechazó otorgarles sobreseimientos definitivos, solicitados por la defensa, debido a que los delitos son graves y existe la declaración del testigo bajo régimen de protección, además, admitió una prueba material para dos de los involucrados, uno de ellos manifestó haber estado en Pensilvania, Estados Unidos, cuando ocurrieron los hechos; sin embargo, esto se discutirá en la vista pública.
En la audiencia, además, se discutió sobre feminicidios agravados, que tuvieron lugar el 14 de enero de 2012 en un predio baldío de la colonia Cel 2, en Lomas de San Bartolo, sector III, Ilopango.
Las víctimas fueron Wendy Beatriz Cruz Leiva, Yanci Yamileth Alvarado y Vanessa Jacqueline Vásquez. Los justiciables llevaron a las víctimas hasta dicho lugar, donde las mataron con arma blanca.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
