Judicial
Juzgado Especializado realiza audiencia preliminar en caso conocido como «Salvador Ruano»
El Juzgado Especializado de Instrucción “C” de San Salvador ordenó juicio contra diez imputados, acusados por homicidio agravado, feminicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
Se trata de un remanente de los sujetos involucrados en torno al caso que se conoce como “Salvador Ruano” el exalcalde de Ilopango, ya fallecido; las investigaciones señalan que, los sujetos operaban en el sector de Ilopango, San Martín, Altavista, San Felipe y sectores aledaños.
Los procesados son: Milton Daniel Zelaya, Salvador Eduardo Orantes, Juan José Sánchez Peña, Carlos Eduardo González González, Carlos Heriberto Serrano García, Juan Carlos Campos Solorzano, Francisco Javier Chacón Rivera, José Adán Ávalos Maravilla y Salvador Eduardo Flores, quienes se unirán al proceso que se encuentra en un Juzgado Especializado de Sentencia.
La jueza rechazó otorgarles sobreseimientos definitivos, solicitados por la defensa, debido a que los delitos son graves y existe la declaración del testigo bajo régimen de protección, además, admitió una prueba material para dos de los involucrados, uno de ellos manifestó haber estado en Pensilvania, Estados Unidos, cuando ocurrieron los hechos; sin embargo, esto se discutirá en la vista pública.
En la audiencia, además, se discutió sobre feminicidios agravados, que tuvieron lugar el 14 de enero de 2012 en un predio baldío de la colonia Cel 2, en Lomas de San Bartolo, sector III, Ilopango.
Las víctimas fueron Wendy Beatriz Cruz Leiva, Yanci Yamileth Alvarado y Vanessa Jacqueline Vásquez. Los justiciables llevaron a las víctimas hasta dicho lugar, donde las mataron con arma blanca.
Judicial
FGR logra condena histórica contra 66 pandilleros de la MS-13: penas alcanzan hasta 807 años de cárcel
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una histórica condena contra 66 miembros de la clica Saylor Locos Salvatruchos, de la pandilla MS-13, quienes fueron sentenciados a penas que oscilan hasta los 807 años de prisión por crímenes cometidos entre 2017 y 2019 en los municipios de Lolotique, Moncagua, Chapeltique y San Miguel.
Las investigaciones fiscales comprobaron que los imputados estuvieron involucrados en 24 homicidios agravados, 12 extorsiones, un caso de privación de libertad, dos proposiciones y conspiraciones para cometer homicidio, y cuatro expedientes relacionados con el delito de tráfico ilícito de drogas. También se les procesó por asociaciones delictivas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo fue el asesinato de una pareja el 4 de agosto de 2019 en el cantón El Platanar, Moncagua. Según las autoridades, los pandilleros sospechaban que una de las víctimas colaboraba con la Policía al brindar información sobre el paradero de un marero.
Entre los cabecillas condenados figura Hérbert Luis Sánchez Cruz, alias Cuchara, quien fue sentenciado a 807 años de prisión por su participación en 20 homicidios, así como por extorsiones, tráfico de drogas y conspiración para cometer homicidios. Otros sentenciados destacados incluyen a Gérber Natividad López Mejía, alias Aliens, condenado a 727 años por 18 homicidios, y Melquisidec Jiménez Zavala, alias Yaspers, sentenciado a 663 años por 17 asesinatos.
De los 66 pandilleros procesados, 18 enfrentaron juicio en calidad de rebeldes y los demás comparecieron de manera virtual ante el Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Miguel. La FGR subrayó que esta sentencia representa un golpe contundente contra estructuras criminales que operaban con impunidad en el oriente del país.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este lunes una acusación formal contra Erik Alexander Mejía Alfaro por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, tras un violento ataque contra su compañera de vida en el cantón El Socorro, distrito de Zacatecoluca, departamento de La Paz Este.
El hecho ocurrió el pasado 28 de mayo, cuando Mejía Alfaro siguió a la víctima hasta su vivienda y la agredió brutalmente, iniciando con golpes físicos y luego utilizando un arma blanca tipo corvo. Durante el ataque, la víctima intentó defenderse con las manos, pero el agresor le causó heridas graves en ambas extremidades.
Según las autoridades, la mujer mantenía una relación con el imputado marcada por episodios constantes de violencia física y psicológica.
Tras la agresión, el atacante huyó del lugar, pero fue localizado y capturado por la Policía Nacional Civil el 31 de mayo. La Fiscalía solicitó al Juzgado de Paz de Zacatecoluca que el acusado permanezca en detención provisional, mientras continúa la investigación.
El caso ha generado indignación y reaviva el llamado de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres a reforzar las medidas de prevención y protección ante la violencia feminicida en el país.
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 30 años de prisión a Roberto Carlos Castillo Rodríguez, conocido como alias Casco, por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, limitación ilegal a la libre circulación y amenazas con agravación especial.
Según la investigación fiscal, el 14 de noviembre de 2016, alias Casco, acompañado por tres sujetos más, llegó a la vivienda de una víctima para exigirle el pago inmediato de $300 en concepto de extorsión. La víctima pidió más tiempo para reunir el dinero. Sin embargo, días después, fue interceptada nuevamente por el pandillero, a quien solo logró entregarle $150.
Tras recibir el dinero, alias Casco amenazó al afectado con matarlo junto a su familia si no abandonaban la vivienda esa misma noche. Temiendo por su vida, la víctima huyó del lugar y presentó la denuncia ante las autoridades.
Durante el juicio, la Fiscalía presentó abundante prueba que demostraba la participación directa del imputado, identificado como homeboy de la clica Witmer Locos Salvatruchos, perteneciente a la Mara Salvatrucha (MS-13).
Además de esta condena, el tribunal también sentenció a Nuria Eugenia Flores López a cuatro años de prisión por agrupaciones ilícitas, pena máxima establecida para colaboradores bajo el Código Penal anterior.
Las autoridades reiteraron su compromiso con la lucha contra las estructuras criminales que han generado violencia y desplazamiento forzado en el país.
