Judicial
Imponen 513 años de prisión a cabecilla de banda de asaltantes
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 3 miembros de una banda criminal que se dedicaba a robar en distintos municipios de la zona oriental, fueran condenados a penas de hasta 513 años de prisión.
Edwin Alexander López, alias el piojo, Anderson Geovanny Torres Guevara, alias chengo y David Francisco Ventura Celis, alias cabezón, junto a 4 hombres más -ya condenados- pertenecían a una banda criminal que entre agosto de 2017 y septiembre de 2018 se dedicaban a asaltar negocios ubicados en los departamentos de Cabañas, Usulután y en la zona norte de Morazán y La Unión.
Los criminales utilizaban ropa formal con el rostro descubierto y usaban armas de fuego cortas, entre pistolas 9 milímetros, revólver calibre 38 mm y pistolas 22 mm.
David Francisco Ventura Celis, fue individualizo por la FGR como el fundador de la estructura criminal y lo declararon culpable de 32 robos agravados, 2 homicidios agravados y agrupaciones ilícitas, por lo que fue sentenciado a 513 años de cárcel.
Los robos ocurrieron en San Francisco Gotera, El Divisadero y Jocoro, todos del departamento de Morazán; Santa Rosa de Lima, Anamorós y la ciudad de La Unión (La Unión); San Rafael Oriente y ciudad de San Miguel (San Miguel), además de Santiago de María en Usulután, e Ilobasco (Cabañas).
Ventura Celis junto a otro pandillero privaron de libertad a un hombre en la ciudad de Santa Rosa de Lima y lo trasladaron hasta el sector del cantón Llano Santiago, jurisdicción del municipio El Divisadero, Morazán, donde le dispararon en la cabeza. El asesinato ocurrió aproximadamente a las tres de la madrugada del 26 de febrero de 2018.
El otro homicidio ocurrió el 24 de marzo de 2018, en el municipio El Divisadero cuando la víctima intentó defender a un hombre que era asaltado.
Anderson Geovany Torres Guevara fue sentenciado a 189 años de cárcel por 15 robos agravados y agrupaciones ilícitas, y a 57 años de prisión fue condenado Edwin Alexander López, por 4 robos agravados y agrupaciones ilícitas.
Los tres procesados tienen orden de detención vigente y fueron condenados gracias a las nuevas disposiciones del Código Procesal Penal que permite juzgar a todo delincuente sin estar presente en juicio.
Esta banda criminal estaba compuesta por 8 delincuentes, de los cuales, 4 de recibieron hasta 283 años de prisión en febrero de 2023 y uno ya falleció.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
