Judicial
Imponen 513 años de prisión a cabecilla de banda de asaltantes
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 3 miembros de una banda criminal que se dedicaba a robar en distintos municipios de la zona oriental, fueran condenados a penas de hasta 513 años de prisión.
Edwin Alexander López, alias el piojo, Anderson Geovanny Torres Guevara, alias chengo y David Francisco Ventura Celis, alias cabezón, junto a 4 hombres más -ya condenados- pertenecían a una banda criminal que entre agosto de 2017 y septiembre de 2018 se dedicaban a asaltar negocios ubicados en los departamentos de Cabañas, Usulután y en la zona norte de Morazán y La Unión.
Los criminales utilizaban ropa formal con el rostro descubierto y usaban armas de fuego cortas, entre pistolas 9 milímetros, revólver calibre 38 mm y pistolas 22 mm.
David Francisco Ventura Celis, fue individualizo por la FGR como el fundador de la estructura criminal y lo declararon culpable de 32 robos agravados, 2 homicidios agravados y agrupaciones ilícitas, por lo que fue sentenciado a 513 años de cárcel.
Los robos ocurrieron en San Francisco Gotera, El Divisadero y Jocoro, todos del departamento de Morazán; Santa Rosa de Lima, Anamorós y la ciudad de La Unión (La Unión); San Rafael Oriente y ciudad de San Miguel (San Miguel), además de Santiago de María en Usulután, e Ilobasco (Cabañas).
Ventura Celis junto a otro pandillero privaron de libertad a un hombre en la ciudad de Santa Rosa de Lima y lo trasladaron hasta el sector del cantón Llano Santiago, jurisdicción del municipio El Divisadero, Morazán, donde le dispararon en la cabeza. El asesinato ocurrió aproximadamente a las tres de la madrugada del 26 de febrero de 2018.
El otro homicidio ocurrió el 24 de marzo de 2018, en el municipio El Divisadero cuando la víctima intentó defender a un hombre que era asaltado.
Anderson Geovany Torres Guevara fue sentenciado a 189 años de cárcel por 15 robos agravados y agrupaciones ilícitas, y a 57 años de prisión fue condenado Edwin Alexander López, por 4 robos agravados y agrupaciones ilícitas.
Los tres procesados tienen orden de detención vigente y fueron condenados gracias a las nuevas disposiciones del Código Procesal Penal que permite juzgar a todo delincuente sin estar presente en juicio.
Esta banda criminal estaba compuesta por 8 delincuentes, de los cuales, 4 de recibieron hasta 283 años de prisión en febrero de 2023 y uno ya falleció.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado ordenó que siete limpiaparabrisas y cobradores informales de parqueo permanezcan en prisión preventiva, tras ser acusados de los delitos de coacción y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados operaban en distintos semáforos de la capital, donde presuntamente intimidaban a conductores mediante señas alusivas a estructuras criminales. La FGR señaló que exigían dinero u objetos de valor a cambio de no causar daños a los vehículos o atentar contra sus ocupantes.
Los sospechosos fueron capturados entre el 8 y el 10 de mayo en las inmediaciones de la 25ª Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador. Las autoridades explicaron que la investigación se desarrolló con técnicas especializadas y el apoyo de inteligencia policial.
Los detenidos fueron identificados como Julio César Aldana, Luis Alonso Ramos Molina, Maycol Javier Haslan Pavón, Kevin Alexander Navarro Méndez, José Miguel Arteaga Melgar, Ariel Francisco Montes Hernández y Héctor René Renderos Navarro.
Un informe de análisis criminal elaborado por la Policía Nacional Civil (PNC) reveló el modo de operar del grupo, cuya estructura —según las autoridades— buscaba evadir la detección policial mientras cometía los delitos.
Durante la audiencia, la jueza consideró que existen suficientes elementos indiciarios para mantener detenidos a los imputados mientras continúa la investigación.
La FGR dispone ahora de un plazo de cuatro meses para ampliar el proceso y presentar pruebas adicionales que serán evaluadas en la audiencia preliminar.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró 23 años de prisión para José Remberto Ávalos por violación en menor o incapaz continuada y privación de libertad de una niña de 11 años.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ávalos cometió los abusos, el 2 de septiembre de 2020 en el cantón El Matazano, del distrito de Comasagua, en La Libertad Sur.
El sujeto, mediante engaños, persuadió a la niña para que llegara a su vivienda con la intención de recuperar el teléfono perdido de su abuela.
Al llegar al lugar, el procesado la privó de libertad y la obligó a entrar a casa donde la violó varias veces.
Posteriormente, la víctima fue amenazada por el imputado para que no escapara; sin embargo logró huir y le contó a su familia sobre los abusos sufridos.
Los familiares al enterarse interpusieron la denuncia en contra del sujeto, quien fue detenido por orden fiscal.
Gracias a los elementos de prueba, documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró establecer la participación del imputado en los abusos.
Además de la condena de cárcel, el sujeto deberá pagar $400 en concepto de responsabilidad civil.
