Judicial
GRAN ESTAFA: Maestra estafó a tres empresarios al hacerles creer que estaba mal de salud y así obtener dinero
Una maestra y su hijo fueron llevados a los tribunales luego de estafar a tres empresarios a los que la mujer fingió padecer de depresión y posteriormente cáncer para obtener el dinero que sirvió para el pago de la deuda que tenían en la empresa constructora del hombre en San Salvador.
Silvia L., de 55 años y su hijo Rolando, de 31, idearon un plan para tratar de buscar la compasión de tres empresarios a los que conocían y así poder sacar adelante la empresa de construcción que instalaron luego de que el imputado se graduara como ingeniero civil.
Según el expediente judicial, todo comenzó en 2015 cuando el negocio se comenzó a venir abajo por cuantiosas pérdidas, a tal punto de no tener la solvencia económica para pagarles a sus proveedores.
Abusando de la confianza que Silvia tenía con tres ejecutivos de empresas de otros rubros se contactó con ellos para pedirles $25,000 a cada uno para poder inyectar capital a la empresa de su hijo.
Las mentiras
En lugar de presentar un plan financiero para que los ejecutivos vieran el tema como una inversión, la mujer logró obtener el dinero a través de los llantos que fingía asegurando que había caído en depresión debido a los problemas financieros de su hijo.
Al escuchar el panorama descrito por su «amiga», los empresarios no dudaron en acceder a las peticiones de la mujer quien les prometió devolverles el dinero con jugosos intereses una vez la constructora volviera a funcionar. El estudio a las cuentas de Rolando señaló que recibió $75,000.
Llegado el plazo establecido por los estafadores, Rolando comenzó a notificar a sus prestamistas que había comenzado a realizar abonos a las cuentas bancarias de estos, algo que también era mentira y que enfureció a los ofendidos.
Luego de verificar que el ingeniero no había realizado deposito alguno en sus cuentas, las víctimas se presentaron a la empresa del hombre para exigirle una explicación pero su madre se entrometió y pidió que dieran más tiempo ya que ella también había sido diagnosticada de cáncer por lo que su hijo no pudo estar al tanto de sus negocios.
Nuevamente, los empresarios le otorgaron el beneficio de la duda a madre e hijo quienes estuvieron evadiendo a sus prestamistas durante varios meses hasta que se vieron obligados a firmar mutuos donde se comprometían a entregar todo el dinero entre enero y marzo del 2017.
Sin embargo, Silvia y Rolando nunca pagaron ni un centavo de lo adeudado y fueron denunciados por estafa en la Fiscalía General de la República (FGR). ya que según los demandantes la mujer no padecía de cáncer.
El caso ha llegado a la etapa en la que se decidirá si pasa a sentencia o no, luego de que los imputados incumplieran con el acuerdo de conciliación avalado en el tribunal de Instrucción. Silvia y Rolando se sentarán en el banquillo de los acusados el próximo 20 de febrero.
Foto Referencia.
Por: El Salvador Times.
Una red de extorsionistas salvadoreños controlada por extranjeros residentes fuera de El Salvador seguirá en prisión mientras continúan las investigaciones, informó la Fiscalía General de la República.
Los imputados son Oscar García García, Oscar Elías García Rivera, José Otoniel Meléndez y Oscar Alejandro Tario Blanco (ausente).
El ministerio público detalló que la red contactaba a empresas «para que les brindaran servicios de instalación de aires acondicionados, conexiones eléctricas, medición de terrenos, construcción, entre otros, se pactaba un precio y brindaban la supuesta dirección a donde requerían el servicio.
Los empleados de esas empresas se desplazaban a la dirección brindada, pero se encontraban con que no existía; cuando las víctimas se comunicaban con el contratante (que eran los delincuentes), les advertían que estaban en un terreno del -mexicano- Cartel de Jalisco, rodeados de francotiradores y que debían depositar hasta $5,000.
Luego de las amenazas a las víctimas, los extorsionistas que estaban en el extranjero exigían los contactos de sus familiares, patronos o conocidos para pedirles que hicieran depósitos a cuentas bancarias en El Salvador, a cambio de liberar a sus familiares o trabajadores.
A los cuatro imputados se les procesa por los delitos de lavado de dinero y activos, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. En este proceso, los hombres son acusados por exigirle a una empresa $20,782 para evitar que mataran a los trabajadores y que les liberaran.
El dinero era depositado en cuentas salvadoreñas, que pertenecían a personas reclutadas en redes sociales por otros delincuentes salvadoreños, y eran el puente para luego transferir el dinero a México, Colombia y Ecuador.
Las investigaciones fiscales han corroborado que desde 2014, la red cometió 28 extorsiones bajo esta modalidad.
Los cabecillas de la red son de diferentes nacionalidades y operaban desde el extranjero, según la Fiscalía.
«Asimismo, fue posible identificar que toda la comunicación fluía a través de WhatsApp por medio de 36 números telefónicos (mexicanos, colombianos, ecuatorianos, nicaragüenses, hondureños); también se han perfilado 61 cuentas bancarias de 47 diferentes personas y se ha solicitado la inmovilización de fondos. Se estima que la cantidad depositada por las victimas es de $76,719.00», detalló el ministerio público.
Hasta penas de 97 años de cárcel fueron condenados seis pandilleros que cometieron varios crímenes entre 2018 y 2019 en varios cantones del distrito de Izalco, Sonsonate Este, así resolvió el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de Santa Ana.
Los procesados, perfilados como integrantes de la pandilla 18 sureños, delinquían en los cantones Cruz Grande, Tapashucut, Tunalmiles y San Diego del Distrito de Izalco, Sonsonate Este.
Los condenados son: José Mauricio Pushagua Reyes, Pablo de Jesús Ajcat Tepas, Saúl Erenesto García García, Noé Omar García Sánchez, José Eliseo Pérez Gómez y José Orlando Quilizapa Shupan.
El juzgador impuso 97 años de cárcel para Pushagua Reyes, alias Wicha, por proposición y conspiración en el homicidio de una mujer en diciembre de 2018, así como por tres homicidios agravados que fueron cometidos en 2019. Además, fue sentenciado por el delito de agrupaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República.
Mientras que, Ajcat Tepas recibió una pena de 45 años en prisión por dos homicidios agravados en perjuicio de dos víctimas y el delito de agrupaciones ilícitas. García García, alias tortuga, fue sentenciado a 30 años de cárcel por el delito de homicidio agravado por el asesinato de una persona y por agrupaciones ilícitas.
García Sánchez, Pérez Gómez y Quilizapa Shupan fueron condenados a penas de entre cuatro y cinco años de prisión por pertenecer a estructuras criminales.
Durante el juicio, el ministerio público presentó suficiente prueba documental, pericial y testimonial que permitieron al tribunal establecer la participación y responsabilidad de cada uno de los implicados en la comisión de los delitos.
Homicida de madre e hija a prisión
La semana anterior, el Tribunal Quinto Contra el Crimen de San Salvador condenó a 10 años de cárcel a Noé Gustavo Reynosa González, alias Frijol, como responsable del delito de homicidio agravado en perjuicio de las víctimas Guadalupe Bonilla de Flores y Stephani S. B., madre e hija. El crimen ocurrió el 6 de marzo de 2013 en Apopa.
Jorbin Agustín C. G., de 36 años de edad, recibió medidas alternas a la detención tras incumplir órdenes de protección a favor de su expareja, informó Centros Judiciales El Salvador (CJES), la tarde del viernes.
CJES detalló que, el pasado lunes, el imputado llegó en estado de ebriedad a la vivienda de la víctima, ubicada en la colonia San Antonio, en la calle a Tonacatepeque, exigiéndole dinero y argumentando que quería ver a su hijo.
La mujer se negó a su solicitud y él se retiró del lugar. Sin embargo, al día siguiente, volvió con la misma exigencia, lo que llevó a la víctima a llamar a la Policía Nacional Civil (PNC). Al llegar, los agentes verificaron que existían medidas de protección vigentes a favor de la mujer, por lo que procedieron a la captura del imputado.
Durante la audiencia inicial, ambas partes solicitaron una conciliación, la cual fue autorizada por el juez.
“Como parte del acuerdo, el imputado deberá cumplir las siguientes medidas de conducta por un año: la prohibición de comunicarse por ningún medio con la víctima, la restricción para consumir alcohol, la obligación de asistir a tratamiento contra el alcoholismo y el compromiso de aprender un oficio”, explicó Centros Judiciales.
