Judicial
GRAN ESTAFA: Maestra estafó a tres empresarios al hacerles creer que estaba mal de salud y así obtener dinero
Una maestra y su hijo fueron llevados a los tribunales luego de estafar a tres empresarios a los que la mujer fingió padecer de depresión y posteriormente cáncer para obtener el dinero que sirvió para el pago de la deuda que tenían en la empresa constructora del hombre en San Salvador.
Silvia L., de 55 años y su hijo Rolando, de 31, idearon un plan para tratar de buscar la compasión de tres empresarios a los que conocían y así poder sacar adelante la empresa de construcción que instalaron luego de que el imputado se graduara como ingeniero civil.
Según el expediente judicial, todo comenzó en 2015 cuando el negocio se comenzó a venir abajo por cuantiosas pérdidas, a tal punto de no tener la solvencia económica para pagarles a sus proveedores.
Abusando de la confianza que Silvia tenía con tres ejecutivos de empresas de otros rubros se contactó con ellos para pedirles $25,000 a cada uno para poder inyectar capital a la empresa de su hijo.
Las mentiras
En lugar de presentar un plan financiero para que los ejecutivos vieran el tema como una inversión, la mujer logró obtener el dinero a través de los llantos que fingía asegurando que había caído en depresión debido a los problemas financieros de su hijo.
Al escuchar el panorama descrito por su «amiga», los empresarios no dudaron en acceder a las peticiones de la mujer quien les prometió devolverles el dinero con jugosos intereses una vez la constructora volviera a funcionar. El estudio a las cuentas de Rolando señaló que recibió $75,000.
Llegado el plazo establecido por los estafadores, Rolando comenzó a notificar a sus prestamistas que había comenzado a realizar abonos a las cuentas bancarias de estos, algo que también era mentira y que enfureció a los ofendidos.
Luego de verificar que el ingeniero no había realizado deposito alguno en sus cuentas, las víctimas se presentaron a la empresa del hombre para exigirle una explicación pero su madre se entrometió y pidió que dieran más tiempo ya que ella también había sido diagnosticada de cáncer por lo que su hijo no pudo estar al tanto de sus negocios.
Nuevamente, los empresarios le otorgaron el beneficio de la duda a madre e hijo quienes estuvieron evadiendo a sus prestamistas durante varios meses hasta que se vieron obligados a firmar mutuos donde se comprometían a entregar todo el dinero entre enero y marzo del 2017.
Sin embargo, Silvia y Rolando nunca pagaron ni un centavo de lo adeudado y fueron denunciados por estafa en la Fiscalía General de la República (FGR). ya que según los demandantes la mujer no padecía de cáncer.
El caso ha llegado a la etapa en la que se decidirá si pasa a sentencia o no, luego de que los imputados incumplieran con el acuerdo de conciliación avalado en el tribunal de Instrucción. Silvia y Rolando se sentarán en el banquillo de los acusados el próximo 20 de febrero.
Foto Referencia.
Por: El Salvador Times.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
