Judicial
GRAN ESTAFA: Maestra estafó a tres empresarios al hacerles creer que estaba mal de salud y así obtener dinero
Una maestra y su hijo fueron llevados a los tribunales luego de estafar a tres empresarios a los que la mujer fingió padecer de depresión y posteriormente cáncer para obtener el dinero que sirvió para el pago de la deuda que tenían en la empresa constructora del hombre en San Salvador.
Silvia L., de 55 años y su hijo Rolando, de 31, idearon un plan para tratar de buscar la compasión de tres empresarios a los que conocían y así poder sacar adelante la empresa de construcción que instalaron luego de que el imputado se graduara como ingeniero civil.
Según el expediente judicial, todo comenzó en 2015 cuando el negocio se comenzó a venir abajo por cuantiosas pérdidas, a tal punto de no tener la solvencia económica para pagarles a sus proveedores.
Abusando de la confianza que Silvia tenía con tres ejecutivos de empresas de otros rubros se contactó con ellos para pedirles $25,000 a cada uno para poder inyectar capital a la empresa de su hijo.
Las mentiras
En lugar de presentar un plan financiero para que los ejecutivos vieran el tema como una inversión, la mujer logró obtener el dinero a través de los llantos que fingía asegurando que había caído en depresión debido a los problemas financieros de su hijo.
Al escuchar el panorama descrito por su «amiga», los empresarios no dudaron en acceder a las peticiones de la mujer quien les prometió devolverles el dinero con jugosos intereses una vez la constructora volviera a funcionar. El estudio a las cuentas de Rolando señaló que recibió $75,000.
Llegado el plazo establecido por los estafadores, Rolando comenzó a notificar a sus prestamistas que había comenzado a realizar abonos a las cuentas bancarias de estos, algo que también era mentira y que enfureció a los ofendidos.
Luego de verificar que el ingeniero no había realizado deposito alguno en sus cuentas, las víctimas se presentaron a la empresa del hombre para exigirle una explicación pero su madre se entrometió y pidió que dieran más tiempo ya que ella también había sido diagnosticada de cáncer por lo que su hijo no pudo estar al tanto de sus negocios.
Nuevamente, los empresarios le otorgaron el beneficio de la duda a madre e hijo quienes estuvieron evadiendo a sus prestamistas durante varios meses hasta que se vieron obligados a firmar mutuos donde se comprometían a entregar todo el dinero entre enero y marzo del 2017.
Sin embargo, Silvia y Rolando nunca pagaron ni un centavo de lo adeudado y fueron denunciados por estafa en la Fiscalía General de la República (FGR). ya que según los demandantes la mujer no padecía de cáncer.
El caso ha llegado a la etapa en la que se decidirá si pasa a sentencia o no, luego de que los imputados incumplieran con el acuerdo de conciliación avalado en el tribunal de Instrucción. Silvia y Rolando se sentarán en el banquillo de los acusados el próximo 20 de febrero.
Foto Referencia.
Por: El Salvador Times.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez tres, condenó a 52 años de prisión a Diego Alejandro Romero de Paz, alias Little Happy, por los delitos de privación de libertad, limitación ilegal a la libertad de circulación y organizaciones terroristas en perjuicio de la seguridad del Estado.
De acuerdo con la resolución judicial, alias Little Happy tenía el rango de segundo palabrero dentro de la hengla Tiny Locos Sureños de la pandilla 18 Sureños, que operaba en la urbanización Jardines de Sel Sutt.
La juzgadora estableció que alias Little Happy participó en la privación de libertad de una menor de edad, a quien obligaban a sostener una relación sentimental con un pandillero que se encontraba detenido. Asimismo, amenazó de muerte a dos personas para que no denunciaran la desaparición de la víctima, por lo que ambas huyeron de sus hogares.
Junto a él, también fueron condenados José Dimas Romero Torres, alias Dimas, y José Alberto Martínez García, alias Chepe, a diez años de prisión por el delito de organizaciones terroristas, mientras que Hugo Adonay Miranda Romero, alias Black, fue condenado a ocho años de prisión por el mismo delito.
Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2017.
