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GRAN ESTAFA: Maestra estafó a tres empresarios al hacerles creer que estaba mal de salud y así obtener dinero
Una maestra y su hijo fueron llevados a los tribunales luego de estafar a tres empresarios a los que la mujer fingió padecer de depresión y posteriormente cáncer para obtener el dinero que sirvió para el pago de la deuda que tenían en la empresa constructora del hombre en San Salvador.
Silvia L., de 55 años y su hijo Rolando, de 31, idearon un plan para tratar de buscar la compasión de tres empresarios a los que conocían y así poder sacar adelante la empresa de construcción que instalaron luego de que el imputado se graduara como ingeniero civil.
Según el expediente judicial, todo comenzó en 2015 cuando el negocio se comenzó a venir abajo por cuantiosas pérdidas, a tal punto de no tener la solvencia económica para pagarles a sus proveedores.
Abusando de la confianza que Silvia tenía con tres ejecutivos de empresas de otros rubros se contactó con ellos para pedirles $25,000 a cada uno para poder inyectar capital a la empresa de su hijo.
Las mentiras
En lugar de presentar un plan financiero para que los ejecutivos vieran el tema como una inversión, la mujer logró obtener el dinero a través de los llantos que fingía asegurando que había caído en depresión debido a los problemas financieros de su hijo.
Al escuchar el panorama descrito por su «amiga», los empresarios no dudaron en acceder a las peticiones de la mujer quien les prometió devolverles el dinero con jugosos intereses una vez la constructora volviera a funcionar. El estudio a las cuentas de Rolando señaló que recibió $75,000.
Llegado el plazo establecido por los estafadores, Rolando comenzó a notificar a sus prestamistas que había comenzado a realizar abonos a las cuentas bancarias de estos, algo que también era mentira y que enfureció a los ofendidos.
Luego de verificar que el ingeniero no había realizado deposito alguno en sus cuentas, las víctimas se presentaron a la empresa del hombre para exigirle una explicación pero su madre se entrometió y pidió que dieran más tiempo ya que ella también había sido diagnosticada de cáncer por lo que su hijo no pudo estar al tanto de sus negocios.
Nuevamente, los empresarios le otorgaron el beneficio de la duda a madre e hijo quienes estuvieron evadiendo a sus prestamistas durante varios meses hasta que se vieron obligados a firmar mutuos donde se comprometían a entregar todo el dinero entre enero y marzo del 2017.
Sin embargo, Silvia y Rolando nunca pagaron ni un centavo de lo adeudado y fueron denunciados por estafa en la Fiscalía General de la República (FGR). ya que según los demandantes la mujer no padecía de cáncer.
El caso ha llegado a la etapa en la que se decidirá si pasa a sentencia o no, luego de que los imputados incumplieran con el acuerdo de conciliación avalado en el tribunal de Instrucción. Silvia y Rolando se sentarán en el banquillo de los acusados el próximo 20 de febrero.
Foto Referencia.
Por: El Salvador Times.
Judicial
Condenan a 32 mareros a penas de hasta 310 años de prisión por 17 homicidios y otros delitos
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que 32 pandilleros de la MS-13 fueron condenados a penas de hasta 310 años de prisión, tras ser declarados culpables de 17 homicidios y otros delitos.
De acuerdo con el Ministerio Público, el caso más representativo es el de William Antonio García, identificado como homeboy de la estructura criminal, quien recibió una condena de 310 años de cárcel por cometer 10 homicidios agravados. Además, fue declarado culpable del delito de proposición y conspiración para cometer homicidio.
La FGR indicó que también fueron sentenciados pandilleros con rangos de chequeos, observadores y colaboradores. Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana y oscilan entre los 35 y 134 años de prisión.
Según la institución fiscal, una de las víctimas de estos hechos fue un elemento destacado de la Fuerza Naval, quien fue interceptado por los pandilleros en la zona del cantón El Sincuyo, en Ahuachapán Centro. La víctima recibió múltiples disparos y, tras causarle la muerte, los responsables le provocaron varias heridas con arma blanca.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
