Judicial
Fiscal general aclara que decisión de no pasar videos de reuniones entre políticos y pandilleros fue del juez
Raúl Melara, fiscal general de la República, aclaró que la FGR no tiene competencia para pedir al juez que no presente ciertas pruebas en los procesos, ya que esa es competencia exclusiva del juzgador, dijo.
En tal sentido, negó que la Fiscalía haya pedido no presentar los videos que habría grabado el testigo criteriado Noé, quien asegura en estos se ven y escuchan a varios políticos haciendo ofrecimientos de sumas millonarias a pandilleros de la MS 13.
«Voy a ser claro y contundente: La FGR no ha pedido que se excluya la presentación de los videos», respondió Melara a la noticia difundida por medios de comunicación, incluyendo este, que aseguraba que la Fiscalía hubiese hecho tal petición.
En la audiencia celebrada hoy, el juez especializado aseguró que la Fiscalía había solicitado que no se presentaran los videos para no alargar la diligencia que ya lleva 4 semanas.
La defensa estuvo de acuerdo en que los videos no fueran mostrados, aunque se aclaró que siguen siendo parte del proceso.
«Ustedes, Fiscalía, han pedido que se estipule (no desfile en juicio) la prueba documental, entre la que está los videos, y la defensa estuvo de acuerdo», dijo el juez.
Melara, sin embargo, respondió al juez que debe hacerse cargo de las decisiones que toma en las audiencias. «Las decisiones que se toman en las audiencias judiciales son exclusividad del juez a cargo de la misma y debe asumirlas con valentía», encaró el fiscal.
En un tuit, la Fiscalía aclaró que «la decisión de no reproducir audios ni videos fue exclusiva del Juez Especializado de Sentencia A, Godofredo Salazar, y no por solicitud de los fiscales, como ha sido informado de manera imprecisa por algunos medios de comunicación».
Judicial
Mujer llora tras recibir 12 años de prisión por tráfico de drogas
La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la condena de Zaida Lisseth Candel de Amaya, quien fue encontrada culpable del delito de tráfico ilícito de droga.
La FGR señaló que a Candel de Amaya y su esposo, Luis Alfonso Amaya Pineda, le encontraron cocaína y marihuana, tras un registro realizado en su vivienda ubicada en la residencial Bosque de Santa Elena Sur, en Antiguo Cuscatlán.
En total fueron siete kilos y medio de cocaína y 6,075 gramos de marihuana, valorada la totalidad de la droga en $197,220.78.
«Como resultado del registro con prevención de allanamiento se localizaron siete paquetes rectangulares, casi aproximadamente un kilo de cocaína más 10 porciones y también 6,075 gramos de marihuana», detalló el fiscal del caso.
#Condena I La @FGR_SV presentó abundante prueba pericial, documental y testimonial para lograr que el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla imponga esta pena. pic.twitter.com/02PWNIWGX6
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) January 14, 2025
Las investigaciones señalan que la pareja estaba ligada a una estructura de narcotráfico que transportaba droga desde países centroamericanos, entre ellos Panamá y Costa Rica.
«La sentencia que se ha obtenido es una pena de prisión de 12 años por su participación en el tráfico ilícito en la modalidad de almacenamiento», añadió el fiscal.
Judicial
Israelí acusado de aplicar procedimientos tormentosos a los alumnos en su país, permanecerá en prisión mientras se realizan trámites para su extradición
La Fiscalía General de la República (FGR) logra que Eluzur Rumpler, de nacionalidad isarelí, permanezca en detención provisional mientras se realizan los trámites para su extradición.
Rumpler es acusado de aplicar procedimientos tormentosos a los alumnos de la escuela que él dirigía en su país origen, entre 2009 y 2011.
Se espera que los próximos días las autoridades de Israel presenten una solicitud de extradición para que este sujeto sea enviado a su nación y enfrente la justicia.
La audiencia especial de revisión de medidas se realizó ante el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador.
Judicial
FGR registra reducción del 58.02 % en el delito de violación
La Fiscalía General de la República (FGR) registró la reducción del 58.02 % en la incidencia del delito de violación en 2024 a escala nacional, de acuerdo con el balance final del Gabinete de Seguridad Ampliado.
Los datos oficiales registran 804 casos del referido delito en el año recién finalizado, son 1,111 casos de agresiones sexuales menos respecto a 2023, cuando fueron procesadas 1,915 denuncias.
La violación es uno de los delitos de alto impacto que las autoridades han reducido como producto del sólido plan de seguridad que la administración del presidente Nayib Bukele ejecuta desde junio de 2019 cuando inició su primer mandato.
El gobierno no solo ha disminuido los homicidios sino también este ilícito que en gobiernos anteriores registraban alarmantes cifras de víctimas y también alto porcentaje de impunidad.
«En términos generales, lo que ustedes pueden ver en esta gráfica, es que todos aquellos delitos que representan algún tipo de amenaza directa o de violencia sobre la persona tienen reducción arriba del 40%. Sobresale también, porque esto así se planificó con el presidente Nayib Bukele, la reducción de más del 60% en delitos de violación», dijo recientemente el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
El funcionario destacó que esta disminución es parte de un compromiso que tienen como Estado y una visualización en la preparación de la guerra, que sabían que iban a tener, algún repunte, en delitos contra la libertad sexual.
«Pero acá, otra vez, volvemos al dato y no al relato, donde estamos demostrando que la reducción de homicidios viene acompañada también de la reducción de delitos contra el patrimonio, contra la libertad sexual, y es donde estamos poniendo un valladar bastante fuerte», destacó el titular de Seguridad.
Hubo 1,663 condenas contra violadores entre 2023-2024
El informe de labores de la Fiscalía del 1 de junio de 2023 al 31 de mayo de 2024 da cuenta de 1,663 condenas por el delito de violación a escala nacional.
Entre esos condenados está José Armando Morales Aguilar quien fue sentenciado a 42 años y 4 meses de prisión por agresión sexual en menor o incapaz agravada en modalidad continuada y violación en menor o incapaz en modalidad continuada.
Según la acusación fiscal, el hombre amarraba de manos y pies a una niña para cometer las agresiones sexuales. Fue hasta que la niña le contó a un familiar y en la escuela alertaron al Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONNA) y tras la investigación, la madre de la menor interpuso en noviembre de 2022 la denuncia contra Morales Aguilar.
El procesado fue capturado el 13 de febrero del año pasado por el régimen de excepción y fue notificado por los delitos de violación y agresión sexual, ambos en modalidad agravada y continuada el 27 de febrero del mismo año.
El ministerio público indicó que las pruebas presentadas en juicio fueron suficientes para que el Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel declarara culpable a Morales Aguilar por atacar sexualmente a una niña entre agosto 2020 y noviembre 2021.