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Fiscal general aclara que decisión de no pasar videos de reuniones entre políticos y pandilleros fue del juez

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Raúl Melara, fiscal general de la República, aclaró que la FGR no tiene competencia para pedir al juez que no presente ciertas pruebas en los procesos, ya que esa es competencia exclusiva del juzgador, dijo.

En tal sentido, negó que la Fiscalía haya pedido no presentar los videos que habría grabado el testigo criteriado Noé, quien asegura en estos se ven y escuchan a varios políticos haciendo ofrecimientos de sumas millonarias a pandilleros de la MS 13.

«Voy a ser claro y contundente: La FGR no ha pedido que se excluya la presentación de los videos», respondió Melara a la noticia difundida por medios de comunicación, incluyendo este, que aseguraba que la Fiscalía hubiese hecho tal petición.

En la audiencia celebrada hoy, el juez especializado aseguró que la Fiscalía había solicitado que no se presentaran los videos para no alargar la diligencia que ya lleva 4 semanas.

La defensa estuvo de acuerdo en que los videos no fueran mostrados, aunque se aclaró que siguen siendo parte del proceso.

«Ustedes, Fiscalía, han pedido que se estipule (no desfile en juicio) la prueba documental, entre la que está los videos, y la defensa estuvo de acuerdo», dijo el juez.

Melara, sin embargo, respondió al juez que debe hacerse cargo de las decisiones que toma en las audiencias. «Las decisiones que se toman en las audiencias judiciales son exclusividad del juez a cargo de la misma y debe asumirlas con valentía», encaró el fiscal.

En un tuit, la Fiscalía aclaró que «la decisión de no reproducir audios ni videos fue exclusiva del Juez Especializado de Sentencia A, Godofredo Salazar, y no por solicitud de los fiscales, como ha sido informado de manera imprecisa por algunos medios de comunicación».

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Capturan a sujeto con metanfetamina y cocaína durante operativo en La Libertad Oeste.

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La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó este jueves un operativo de allanamiento en una lotificación del distrito de Colón, en La Libertad Oeste. Como resultado, se logró la captura en flagrancia de Juan Alonso Hernández Rivera, señalado por almacenar y distribuir sustancias ilícitas en la zona, según información recibida por las autoridades.
Durante el procedimiento se incautaron varias porciones de metanfetamina y cocaína, dinero en efectivo, un vehículo, teléfonos celulares, balanzas digitales y material para empaque. Las evidencias fueron documentadas en el lugar de los hechos y formarán parte del expediente judicial que se presentará en los próximos días ante los tribunales correspondientes.
La detención se produjo en el marco de acciones dirigidas a combatir el narcotráfico a nivel local. Hernández Rivera permanecerá bajo custodia mientras se avanza en las diligencias procesales correspondientes, de acuerdo con lo informado por la FGR.
Las autoridades destacaron la importancia de la coordinación interinstitucional para este tipo de intervenciones. El caso queda en manos de la justicia ordinaria para su respectiva evaluación y eventual juzgamiento.
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¡SE ACABARÍAN LOS ACUERDOS! Gobierno busca impedir que conductores peligrosos eviten procesos penales tras causar accidentes

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El Gobierno de El Salvador presentó ante la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma al Código Procesal Penal que busca eliminar la conciliación y la mediación en accidentes de tránsito que provoquen lesiones o muertes como consecuencia de la conducción peligrosa. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, surge en medio de la preocupación por los recientes siniestros viales que han dejado víctimas mortales y personas lesionadas en diferentes carreteras del país.

Uno de los principales cambios planteados consiste en modificar el artículo 27 del Código Procesal Penal, con el propósito de que las lesiones culposas ocasionadas mediante la conducción de vehículos automotores puedan ser investigadas de oficio por la Fiscalía General de la República (FGR). Esto permitiría que el Ministerio Público inicie y continúe las investigaciones sin depender de una denuncia o solicitud particular de la persona afectada.

La propuesta también contempla reformar el artículo 38 para impedir que los casos de homicidio culposo y lesiones derivados de la conducción peligrosa puedan resolverse mediante conciliación o mediación. De aprobarse, los acuerdos entre el conductor responsable y las víctimas o sus familiares no serían suficientes para extinguir la acción penal en los supuestos establecidos por la reforma. El objetivo es garantizar que estos hechos sean sometidos al procedimiento judicial correspondiente, independientemente de posibles arreglos entre las partes.

Las modificaciones también alcanzarían a quienes faciliten vehículos de transporte público o de carga a personas que no cuenten con la autorización necesaria para conducirlos, conducta contemplada en el artículo 147-G del Código Penal. La iniciativa forma parte de las medidas que el Ejecutivo busca implementar para reforzar la seguridad vial y las consecuencias legales de las conductas de riesgo al volante. Por el momento, se trata de una propuesta presentada ante la Asamblea Legislativa, por lo que deberá completar el proceso legislativo antes de convertirse en ley.

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¡50 AÑOS DE CÁRCEL! Obligó a su pareja a beber una sustancia tóxica y terminó provocándole la muerte en San Vicente

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Un hombre fue condenado a 50 años de prisión por el feminicidio agravado de su compañera de vida, luego de que las investigaciones determinaran que la obligó a ingerir una sustancia tóxica que terminó causándole la muerte. El sentenciado fue identificado como José Antonio Osegueda Rodríguez, responsable de un crimen ocurrido en diciembre de 2025 en el departamento de San Vicente.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el condenado coaccionó a la víctima para que consumiera la sustancia, lo que le provocó graves complicaciones de salud que posteriormente ocasionaron su fallecimiento. El caso fue investigado por las autoridades, que reunieron los elementos probatorios necesarios para demostrar la responsabilidad penal del acusado.

Las investigaciones también revelaron que la mujer había sido sometida a un ciclo constante de violencia física, psicológica y emocional por parte de Osegueda Rodríguez. Estos antecedentes fueron parte de los hechos examinados durante el proceso judicial y permitieron establecer el contexto de violencia en el que ocurrió el feminicidio.

La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, luego de valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía. Con esta resolución, José Antonio Osegueda Rodríguez recibió una pena de 50 años de cárcel por feminicidio agravado, tras determinarse su responsabilidad en la muerte de su pareja.

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