Judicial
FGR ordenó capturas de 14 peligrosos miembros de estructuras dedicados al secuestro y otros delitos
La Fiscalía General de la República (FGR), dio a conocer las capturas de miembros de estructuras terroristas que se habían dedicado a cometer diversas acciones criminales como Secuestro, Violación y otros delitos. Los hechos fueron consumados en diferentes fechas y lugares del Occidente del país y en el departamento de Cuscatlán.
Fue la Unidad Especializada de Delitos de Extorsión y de Crimen Organizado, la que desde anoche giró un total de 14 órdenes administrativas y que se hicieron efectivas en esta madrugada. Se resuelven 3 casos en perjuicio de igual número de víctimas que están bajo régimen especial de protección.
El primero de los hechos se trata de la víctima con clave “Júpiter”, ocurrido el 8 de septiembre de 2020 en Cojutepeque, Cuscatlán.
En este caso, la víctima fue contactada por medio de la red social Facebook, en la que uno de los involucrados le aseguró que le daría ayuda económica y quería conocerla personalmente, pero al final la privó de libertad para luego abusarla sexualmente y finalmente la retuvieron exigiendo la cantidad $600 a cambio de su liberación. En este caso se ha individualizado la participación de 2 sujetos y una mujer a quienes se les atribuirán los delitos de Secuestro Agravado, Robo Agravado y Violación Agravada.
El segundo caso sucedió el 21 de julio de 2020, cuando secuestraron a dos personas y realizaron la exigencia de $5,000 los cuales fueron pagados por la libertad de las víctimas.
Durante el cautiverio, los 5 terroristas involucrados les ocasionaron lesiones en diferentes partes del cuerpo, de igual manera de forma violenta les despojaron de pertenencias, entre las que figura un vehículo. El lugar del suceso fue en San Sebastián Salitrillo, Santa Ana.
El tercero de los casos fue realizado por 6 sujetos, el 21 de julio del año 2019 en Guaymango, Ahuachapán, fecha y lugar en la que privaron de libertad a una persona y la llevaron a una zona de difícil acceso y en ese lugar estuvo cautiva hasta que logró negociar con los secuestradores el pago de $1,000. De igual manera a la víctima la maltrataron y le robaron pertenencias.
Los detenidos serán remitidos a los diferentes juzgados en donde cometieron las acciones delincuenciales.
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
Judicial
Prisión para pandilleros que asesinaron a una mujer tras saber que vivía en una zona controlada por otra estructura
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que tres miembros de la pandilla 18 Sureños fueran condenados a 25 años de prisión por el homicidio de una mujer ocurrido en el departamento de La Libertad.
Los condenados fueron identificados como Giovanni Stanley Santamaría Flores, alias Skipi; Giovanni Stanley Castillo Monjes, alias Saiper; y Alex Edgardo Guillén Zacatares, conocido como Orejón. Las investigaciones determinaron que los tres pertenecen a estructuras terroristas activas en la zona.
Según la FGR, el crimen ocurrió luego de que los pandilleros se encontraran con la víctima en un bar, donde uno de ellos entabló conversación y le ofreció una bebida alcohólica. Posteriormente, le propuso llevarla a su casa, pero al enterarse de que vivía en una zona dominada por una pandilla rival, cambiaron el destino.
La mujer subió al vehículo en el que viajaban los tres agresores y, al llegar al sitio acordado, fue atacada a balazos. Los delincuentes la abandonaron creyendo que había muerto.
Minutos después, agentes policiales la encontraron con vida, la auxiliaron y la trasladaron a un centro asistencial, donde falleció a causa de las graves heridas.
La FGR confirmó que los tres implicados ya guardan prisión y enfrentan además otro proceso penal por el delito de agrupaciones ilícitas.
Tres integrantes de la MS, vinculados a la clica Brentwood, fueron sentenciados a penas de 18 y 20 años de prisión por el asesinato de un hombre durante un torneo navideño en Concepción de Oriente, La Unión.
El Tribunal de Sentencia de La Unión confirmó la culpabilidad de los acusados tras validar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), que demostraron la participación directa de cada imputado en el crimen ocurrido el 20 de noviembre de 2019.
Según las investigaciones, la víctima fue atacada a tiros mientras se desarrollaba un torneo en la cancha de fútbol del caserío Ojo de Agua, cantón Gueripe, un hecho que causó conmoción entre los asistentes.
La Fiscalía determinó que Selvin Abundino Umanzor Euceda y Luis Adonay Velásquez se encargaron de localizar y seguir a la víctima, mientras que Walter Geovanny Alvarado García, junto a un menor de edad, ejecutaron el ataque.
El crimen fue ordenado por la estructura criminal debido a la presunta afiliación de la víctima a la pandilla Barrio 18.
Alvarado García y Umanzor Euceda fueron condenados a 18 años de prisión cada uno, mientras que Velásquez, prófugo de la justicia, fue sentenciado en ausencia a 20 años de cárcel.
