Judicial
Falso periodista árabe es acusado de estafar a 153 familias con la promesa de entregarles un terreno que trabajaron por un año
Un hombre que se presentaba como un periodista de origen árabe es señalado de haber estafado a 153 personas que le entregaron más de $60,000 para poder obtener parcelas de un terreno que tuvieron que trabajar por más de un año en el municipio de Apopa.
En agosto de 2010, José G., quien se hacía llamar Moha-med Adbul Hakub, buscó a personas de escasos recursos para presentarles el proyecto a nombre de la Asociación Nueva Sociedad, una organización internacional que tenía previsto donar terrenos.
Emocionados, 153 familias escucharon a José quien junto a Alfonso O. se presentaron como coordinadores del proyecto, ambos explicaron que donarían 400 lotes ubicados en el cantón San Nicolás a las personas que cumplieran con los requisitos que dicha institución demandaba.
Luego de aceptar someterse al proceso de inscripción, las víctimas conocieron a Marta A. la dueña del terreno quien reafirmó el compromiso que el supuesto periodista hizo con las familias en las que supuestamente se iban a dividir las 307 manzanas.
El acuerdo fue que el terreno se iba a dividir en parcelas de 24 metros cuadrados, además, los beneficiados tenían que limpiar el terreno, cavar un agujero para hacer un pozo y hasta pagar por la papelería de la organización.
El expediente judicial muestra que dicho catastro estaba inscrito en el Centro Nacional de Registro a nombre de Marta por lo que dio mayor credibilidad a las víctimas y no levantó ninguna sospecha.
Según la denuncia, el falso árabe detalló que gracias a su trabajo en el Centro de Prensa Internacional y Asociados y ser un consultor jurídico de procedencia de países árabes le permitió conseguir una donación de $4.5 millones para financiar el proyecto.
En las reuniones, José les pedía a sus víctimas que no tuvieran miedo «todo es legal», las víctimas confiadas de las palabras del grupo de personas nunca se imaginaron que estarían a punto de perder sus ilusiones.
Los estafadores fijaron las siguientes tárifas: $325 por escrituras de terreno, $50 para reserva del lote, $10 para la construcción de una casa modelo, $5 para la obtención de un carnet de una fundación, $3 para la compra de árboles ornamentales y $0.50 para el pago de papelería. Las 153 víctimas entregaron el dinero y la banda recibió un total de $60, 205.50.
Posterior al pago, las familias comenzaron a trabajar en el terreno que describen como una propiedad escabrosa y bastante dificil de trabajar, pese a ello, jalaron las piedras en carreterillas y taparon los hoyos que quedaban.
“No soy la madre Teresa de Calcuta”
Tras un año en labores, las víctimas comenzaron a tener dudas de las verdaderas intenciones de la Asociación ya que pese a tener al pago y trabajo realizado por ellos la entrega de la documentación no se anunciaba.
El 20 de agosto de 2011, sostuvieron una reunión con los representantes de la institución a quienes reclamaron por la poca claridad que había en el caso, los imputados intentaron tranquilizar a sus «clientes» alegando que el dinero para la construcción estaba por llegar.
Cuando la reunión estaba por finalizar, Marta tomó la palabra para confesar lo que ya era temido por las familias: “Todo era mentira, estos han llegado a estafarlos yo no he donado el terreno. ¡No soy la madre Teresa de Calcuta para regalar el terreno!”.
La confesión de la mujer dejó sin palabras a los beneficiados quienes no daban crédito a lo que escuchaban, tomando en cuenta que habían invertido un año de trabajo para adquirir lo prometido.
“Son personas insensibles, malas, estafadoras. Se han quedado con todo el dinero y se han burlado de la misma necesidad de la gente”, recalcó una de las víctimas quienes se organizaron para denunciar a las personas involucradas.
El caso llegó a Fiscalía y siete años más tarde las víctimas aún se encuentran a la espera de que se les haga justicia. Los ahora imputados han solicitado al tribunal Sexto de sentencia de San Salvador una audiencia especial para que ellos puedan brindar una declaración sobre el desarrollo de los hechos con el objetivo de librarse de prisión.
La Fiscalía General de la República (FGR) sigue haciendo justicia para los salvadoreños que por años fueron víctimas de las pandillas y tras una vista pública logró que 26 miembros de pandillas fueran condenados a penas de hasta 180 años de prisión.
En la audiencia en contra de los imputados, la FGR demostró que son parte de un grupo terrorista y que fueron responsables de quitarle la vida a 11 personas, además de extorsionar, haber incendiado un microbús y lesionar con arma de fuego al motorista.
Según el fiscal del caso, estos sujetos se dedicaban a atemorizar a los habitantes del distrito de Chalchuapa y sus alrededores, a quienes les exigían el pago de la mal denominada “renta”.
Entre los condenados está Marlon Alexander López Arana, alias sayco, quien fue perfilado como corredor de clica, y sentenciado a 180 años de prisión por el delito de homicidio agravado, actos terroristas, homicidio agravado imperfecto y agrupaciones ilícitas. El imputado también está condenado a pagar $1,200.00 dólares en concepto de responsabilidad civil.
Para Eduardo Enrique Campos Castaneda, alias pesadilla, se logró una condena de 95 años prisión, por los mismo delitos.
Otro de los terroristas con altas penas fue Luis Alfredo Mendoza Carranza, alias slipy, corredor de clica, quien fue condenado a 89 años de prisión y al pago de $800.00 de responsabilidad civil.
Ulises Antonio Moreno Ramos, alias zorro o flama, pasará los próximos 75 años en la celda de una cárcel prisión; Óscar Enrique Salas Cortez, corredor de programa recibió una pena de 65 años de cárcel y deberá pagar $400.00 dólares de responsabilidad civil.
Mientras que para el resto de terroristas se logró una condena impuso penas de 10, 14,25,30 y 35 años de cárcel.
Las sentencias fueron impuestas por el Tribunal Tercero contra El Crimen Organizado de Santa Ana.
Judicial
Envían a prisión a sujeto que transportaba un cadáver envuelto en sábanas en su vehículo accidentado
Fredy Enrique Figueroa Salazar, quien fue detenido el pasado 30 de marzo transportando el cadáver de un hombre en su vehículo, seguirá en prisión, así ha resuelto el Juzgado Primero de Paz de Quezaltepeque, La Libertad.
La Fiscalía General de la República lo acusa de homicidio agravado, lesiones culposas y conducción peligrosa. Según el expediente judicializado, a eso de las 6:00 de la mañana, el imputado se accidentó manejando en estado de ebriedad y a excesiva velocidad en el redondel que está en la entrada de Quezaltepeque.
Cuando llegaron a inspeccionar la escena del accidente, los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) constataron que Miguel Ángel Acosta Estrada quien transitaba por el lugar había sido atropellado y al seguir el procedimiento registraron el automotor que llevaba en su interior el cuerpo de un hombre envuelto en sábanas. En el vehículo también encontraron $4,000, de los que se desconoce la procedencia lícita.
En las indagaciones, el ministerio público determinó que el homicidio del joven que era trasladado en el vehículo había ocurrido en Nejapa, en horas de la madrugada del 30 de marzo.
Al verificar una casa relacionada con el detenido, los agentes hallaron la escena del crimen: había manchas de sangre, el arma de fuego utilizada para el crimen y un zapato de la víctima similar al que encontraron en el vehículo que manejaba Figueroa Salazar.
La Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador ha condenado este martes a 13 años y cuatro meses de cárcel a Norman Quijano, por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
Al diputado desaforado del Parlamento Centroamericano y excandidato a la presidencia de ARENA en las alecciones de 2014, los magistrados le inpusieron la condena por reunirse con pandillas y negociar con los principales cabecillas una serie de beneficios a cambio de que votaran por él y lo eligieran presidente, acción calificada como fraude electoral.
La Cámara luego de evaluar una serie de pruebas consistentes en videos, testimonios y documentos, consideró que el político incurrió en los dos delitos y sus acciones ilegales deben ser sancionadas con prisión.
Fue condena en concurso ideal, es decir que con una sola cometió los dos delitos. Y la ley dice que se debe condenar por el delito que tenga la pena más grave y en esta caso el fraude electoral que tiene 10 años y se le debe aumentar la tercera pena.
Para emitir su fallo los magistrados valoraron videos que los mismos cabecillas de las pandillas grabaron y donde se observa a Norman Quijano reunido y pidiéndoles que revoquen su decisión de impedirle a la gente que vaya a votar y que a todos los mareros se les diga que voten por el partido ARENA.
A cambio el exfuncionario les dice que va invertir en beneficio de las pandillas $100 millones, que esos fondos saldrán del presupuesto general de la nación.
La Cámara también tuvo a disposición la declaración rendida de forma virtual por el testigo criteriado Noé, uno de los cabecillas que compareció a la reunión con Quijano, lo dicho por el testigo, complementó y reforzó los videos presentados como evidencia por parte de la Fiscalía.
En la vista pública, la Fiscalía General de la República presentó información sobre esa reunión entre Quijano con las pandillas a principios de marzo de 2014 en la sede de la iglesia de una red de pastores, en la colonia Flor Blanca.
Además de los $100 millones ofrecidos, hubo entregas de dinero, a la MS le dieron $50,000, y las dos facciones de la pandilla 18, $25,000 cada una.
#CRONIO El exdiputado Norman Quijano ha recibido una condena de 13 años y 4 meses de cárcel por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas.
Además, fue inhabilitado para ejercer el cargo que tiene actualmente. https://t.co/uARgoOy6gA
— Diario Digital Cronio (@croniosv) April 16, 2024
