Judicial
Falso periodista árabe es acusado de estafar a 153 familias con la promesa de entregarles un terreno que trabajaron por un año
Un hombre que se presentaba como un periodista de origen árabe es señalado de haber estafado a 153 personas que le entregaron más de $60,000 para poder obtener parcelas de un terreno que tuvieron que trabajar por más de un año en el municipio de Apopa.
En agosto de 2010, José G., quien se hacía llamar Moha-med Adbul Hakub, buscó a personas de escasos recursos para presentarles el proyecto a nombre de la Asociación Nueva Sociedad, una organización internacional que tenía previsto donar terrenos.
Emocionados, 153 familias escucharon a José quien junto a Alfonso O. se presentaron como coordinadores del proyecto, ambos explicaron que donarían 400 lotes ubicados en el cantón San Nicolás a las personas que cumplieran con los requisitos que dicha institución demandaba.
Luego de aceptar someterse al proceso de inscripción, las víctimas conocieron a Marta A. la dueña del terreno quien reafirmó el compromiso que el supuesto periodista hizo con las familias en las que supuestamente se iban a dividir las 307 manzanas.
El acuerdo fue que el terreno se iba a dividir en parcelas de 24 metros cuadrados, además, los beneficiados tenían que limpiar el terreno, cavar un agujero para hacer un pozo y hasta pagar por la papelería de la organización.
El expediente judicial muestra que dicho catastro estaba inscrito en el Centro Nacional de Registro a nombre de Marta por lo que dio mayor credibilidad a las víctimas y no levantó ninguna sospecha.
Según la denuncia, el falso árabe detalló que gracias a su trabajo en el Centro de Prensa Internacional y Asociados y ser un consultor jurídico de procedencia de países árabes le permitió conseguir una donación de $4.5 millones para financiar el proyecto.
En las reuniones, José les pedía a sus víctimas que no tuvieran miedo «todo es legal», las víctimas confiadas de las palabras del grupo de personas nunca se imaginaron que estarían a punto de perder sus ilusiones.
Los estafadores fijaron las siguientes tárifas: $325 por escrituras de terreno, $50 para reserva del lote, $10 para la construcción de una casa modelo, $5 para la obtención de un carnet de una fundación, $3 para la compra de árboles ornamentales y $0.50 para el pago de papelería. Las 153 víctimas entregaron el dinero y la banda recibió un total de $60, 205.50.
Posterior al pago, las familias comenzaron a trabajar en el terreno que describen como una propiedad escabrosa y bastante dificil de trabajar, pese a ello, jalaron las piedras en carreterillas y taparon los hoyos que quedaban.
“No soy la madre Teresa de Calcuta”
Tras un año en labores, las víctimas comenzaron a tener dudas de las verdaderas intenciones de la Asociación ya que pese a tener al pago y trabajo realizado por ellos la entrega de la documentación no se anunciaba.
El 20 de agosto de 2011, sostuvieron una reunión con los representantes de la institución a quienes reclamaron por la poca claridad que había en el caso, los imputados intentaron tranquilizar a sus «clientes» alegando que el dinero para la construcción estaba por llegar.
Cuando la reunión estaba por finalizar, Marta tomó la palabra para confesar lo que ya era temido por las familias: “Todo era mentira, estos han llegado a estafarlos yo no he donado el terreno. ¡No soy la madre Teresa de Calcuta para regalar el terreno!”.
La confesión de la mujer dejó sin palabras a los beneficiados quienes no daban crédito a lo que escuchaban, tomando en cuenta que habían invertido un año de trabajo para adquirir lo prometido.
“Son personas insensibles, malas, estafadoras. Se han quedado con todo el dinero y se han burlado de la misma necesidad de la gente”, recalcó una de las víctimas quienes se organizaron para denunciar a las personas involucradas.
El caso llegó a Fiscalía y siete años más tarde las víctimas aún se encuentran a la espera de que se les haga justicia. Los ahora imputados han solicitado al tribunal Sexto de sentencia de San Salvador una audiencia especial para que ellos puedan brindar una declaración sobre el desarrollo de los hechos con el objetivo de librarse de prisión.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez tres, condenó a 52 años de prisión a Diego Alejandro Romero de Paz, alias Little Happy, por los delitos de privación de libertad, limitación ilegal a la libertad de circulación y organizaciones terroristas en perjuicio de la seguridad del Estado.
De acuerdo con la resolución judicial, alias Little Happy tenía el rango de segundo palabrero dentro de la hengla Tiny Locos Sureños de la pandilla 18 Sureños, que operaba en la urbanización Jardines de Sel Sutt.
La juzgadora estableció que alias Little Happy participó en la privación de libertad de una menor de edad, a quien obligaban a sostener una relación sentimental con un pandillero que se encontraba detenido. Asimismo, amenazó de muerte a dos personas para que no denunciaran la desaparición de la víctima, por lo que ambas huyeron de sus hogares.
Junto a él, también fueron condenados José Dimas Romero Torres, alias Dimas, y José Alberto Martínez García, alias Chepe, a diez años de prisión por el delito de organizaciones terroristas, mientras que Hugo Adonay Miranda Romero, alias Black, fue condenado a ocho años de prisión por el mismo delito.
Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2017.
