Judicial
Falso periodista árabe es acusado de estafar a 153 familias con la promesa de entregarles un terreno que trabajaron por un año
Un hombre que se presentaba como un periodista de origen árabe es señalado de haber estafado a 153 personas que le entregaron más de $60,000 para poder obtener parcelas de un terreno que tuvieron que trabajar por más de un año en el municipio de Apopa.
En agosto de 2010, José G., quien se hacía llamar Moha-med Adbul Hakub, buscó a personas de escasos recursos para presentarles el proyecto a nombre de la Asociación Nueva Sociedad, una organización internacional que tenía previsto donar terrenos.
Emocionados, 153 familias escucharon a José quien junto a Alfonso O. se presentaron como coordinadores del proyecto, ambos explicaron que donarían 400 lotes ubicados en el cantón San Nicolás a las personas que cumplieran con los requisitos que dicha institución demandaba.
Luego de aceptar someterse al proceso de inscripción, las víctimas conocieron a Marta A. la dueña del terreno quien reafirmó el compromiso que el supuesto periodista hizo con las familias en las que supuestamente se iban a dividir las 307 manzanas.
El acuerdo fue que el terreno se iba a dividir en parcelas de 24 metros cuadrados, además, los beneficiados tenían que limpiar el terreno, cavar un agujero para hacer un pozo y hasta pagar por la papelería de la organización.
El expediente judicial muestra que dicho catastro estaba inscrito en el Centro Nacional de Registro a nombre de Marta por lo que dio mayor credibilidad a las víctimas y no levantó ninguna sospecha.
Según la denuncia, el falso árabe detalló que gracias a su trabajo en el Centro de Prensa Internacional y Asociados y ser un consultor jurídico de procedencia de países árabes le permitió conseguir una donación de $4.5 millones para financiar el proyecto.
En las reuniones, José les pedía a sus víctimas que no tuvieran miedo «todo es legal», las víctimas confiadas de las palabras del grupo de personas nunca se imaginaron que estarían a punto de perder sus ilusiones.
Los estafadores fijaron las siguientes tárifas: $325 por escrituras de terreno, $50 para reserva del lote, $10 para la construcción de una casa modelo, $5 para la obtención de un carnet de una fundación, $3 para la compra de árboles ornamentales y $0.50 para el pago de papelería. Las 153 víctimas entregaron el dinero y la banda recibió un total de $60, 205.50.
Posterior al pago, las familias comenzaron a trabajar en el terreno que describen como una propiedad escabrosa y bastante dificil de trabajar, pese a ello, jalaron las piedras en carreterillas y taparon los hoyos que quedaban.
“No soy la madre Teresa de Calcuta”
Tras un año en labores, las víctimas comenzaron a tener dudas de las verdaderas intenciones de la Asociación ya que pese a tener al pago y trabajo realizado por ellos la entrega de la documentación no se anunciaba.
El 20 de agosto de 2011, sostuvieron una reunión con los representantes de la institución a quienes reclamaron por la poca claridad que había en el caso, los imputados intentaron tranquilizar a sus «clientes» alegando que el dinero para la construcción estaba por llegar.
Cuando la reunión estaba por finalizar, Marta tomó la palabra para confesar lo que ya era temido por las familias: “Todo era mentira, estos han llegado a estafarlos yo no he donado el terreno. ¡No soy la madre Teresa de Calcuta para regalar el terreno!”.
La confesión de la mujer dejó sin palabras a los beneficiados quienes no daban crédito a lo que escuchaban, tomando en cuenta que habían invertido un año de trabajo para adquirir lo prometido.
“Son personas insensibles, malas, estafadoras. Se han quedado con todo el dinero y se han burlado de la misma necesidad de la gente”, recalcó una de las víctimas quienes se organizaron para denunciar a las personas involucradas.
El caso llegó a Fiscalía y siete años más tarde las víctimas aún se encuentran a la espera de que se les haga justicia. Los ahora imputados han solicitado al tribunal Sexto de sentencia de San Salvador una audiencia especial para que ellos puedan brindar una declaración sobre el desarrollo de los hechos con el objetivo de librarse de prisión.
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Judicial
Más de 26 años preso pasará violador que aprovechó la cercanía de la familia de la menor para cometer delito
Una menor de edad fue violada durante siete años. Ella misma denunció a su agresor.
El proceso indica que entre los años 2014 y 2021, Francisco Maximiliano Mejía Reyes, de 45 años de edad, aprovechándose de la cercanía con la familia de la víctima, la violó de forma reiterada en su casa, en la jurisdicción de La Unión.
La Policía Nacional Civil (PNC) tomó la denuncia en noviembre del 2021, la que describe que el delito fue ejecutado desde que la víctima tenía cuatro años de edad.
El Tribunal de Sentencia de La Unión valoró toda la prueba presentada, entre ella el testimonio de la víctima y lo condenó por el delito de violación en menor o incapaz, agravada y continuada a 26 años y 8 meses de cárcel.
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La Fiscalía General de la República (FGR) informa que, mediante el Tribunal Especializado de Sentencia de Santa, ha logrado que estableció que 26 pandilleros reciban duran penas carcelarias por los delito de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con el informe fiscal, se estableció un aproximado de trece casos de homicidios, privaciones de libertad y personas desaparecidas, así como agrupaciones ilícitas.
El fiscal del caso detalló que los hechos cometidos por los miembros de la Mara Salvatrucha fueron en perjuicio de en diferentes víctimas, y que los mismos se concretaron en diferentes caseríos, cantones y municipios de los departamentos de La Libertad y Sonsonate, durante el periodo que comprende desde el año 2014 al año 2017.
Entre las penas más altas destaca la de Kevin Ernesto Calderón Morales, a quien se le sentenció a 73 años con 4 meses de prisión por el delito de homicidio y complicidad.
Por otra parte, Marlon Alexander Ruíz fue condenado a 64 años de cárcel, 4 años de cárcel por el delito de agrupaciones ilícitas, y por otros casos de homicidio agravado.
Mientras que Jonathan Alexander Corado Maravilla, fue sentenciado a un total de 44 años de prisión y a Melvin Antonio Alarcón Pérez se le condenó a 43 años por los delitos de agrupaciones Ilícitas y dos homicidios agravados.
Además, para el resto de terroristas de la Mara Salvatrucha las sentencias impuestas oscilan entre los 3, 4, 9 y los 29 años de cárcel.
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La Fiscalía General de la República (FGR) giró órdenes de captura contra dos hombres y una mujer, acusados del delito de estafa.
Los acusados anunciaron en una popular red social que vendían un teléfono celular, de alta gama, y de esa forma contactaron a su víctima.
Tras una negociación a través de las redes sociales, la víctima depositó la cantidad de $400 con la promesa de que recibiría el celular.
Sin embargo, transcurrió el tiempo y los supuestos vendedores no entregaron el aparato y cortaron la comunicación con la víctima.
Los acusados del delito de estafa son: René Junior García Flores, Inmer Alexis Pérez Solorzano y Midori Guadalupe Morán Jiménez.
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