Judicial
Falso periodista árabe es acusado de estafar a 153 familias con la promesa de entregarles un terreno que trabajaron por un año
Un hombre que se presentaba como un periodista de origen árabe es señalado de haber estafado a 153 personas que le entregaron más de $60,000 para poder obtener parcelas de un terreno que tuvieron que trabajar por más de un año en el municipio de Apopa.
En agosto de 2010, José G., quien se hacía llamar Moha-med Adbul Hakub, buscó a personas de escasos recursos para presentarles el proyecto a nombre de la Asociación Nueva Sociedad, una organización internacional que tenía previsto donar terrenos.
Emocionados, 153 familias escucharon a José quien junto a Alfonso O. se presentaron como coordinadores del proyecto, ambos explicaron que donarían 400 lotes ubicados en el cantón San Nicolás a las personas que cumplieran con los requisitos que dicha institución demandaba.
Luego de aceptar someterse al proceso de inscripción, las víctimas conocieron a Marta A. la dueña del terreno quien reafirmó el compromiso que el supuesto periodista hizo con las familias en las que supuestamente se iban a dividir las 307 manzanas.
El acuerdo fue que el terreno se iba a dividir en parcelas de 24 metros cuadrados, además, los beneficiados tenían que limpiar el terreno, cavar un agujero para hacer un pozo y hasta pagar por la papelería de la organización.
El expediente judicial muestra que dicho catastro estaba inscrito en el Centro Nacional de Registro a nombre de Marta por lo que dio mayor credibilidad a las víctimas y no levantó ninguna sospecha.
Según la denuncia, el falso árabe detalló que gracias a su trabajo en el Centro de Prensa Internacional y Asociados y ser un consultor jurídico de procedencia de países árabes le permitió conseguir una donación de $4.5 millones para financiar el proyecto.
En las reuniones, José les pedía a sus víctimas que no tuvieran miedo «todo es legal», las víctimas confiadas de las palabras del grupo de personas nunca se imaginaron que estarían a punto de perder sus ilusiones.
Los estafadores fijaron las siguientes tárifas: $325 por escrituras de terreno, $50 para reserva del lote, $10 para la construcción de una casa modelo, $5 para la obtención de un carnet de una fundación, $3 para la compra de árboles ornamentales y $0.50 para el pago de papelería. Las 153 víctimas entregaron el dinero y la banda recibió un total de $60, 205.50.
Posterior al pago, las familias comenzaron a trabajar en el terreno que describen como una propiedad escabrosa y bastante dificil de trabajar, pese a ello, jalaron las piedras en carreterillas y taparon los hoyos que quedaban.
“No soy la madre Teresa de Calcuta”
Tras un año en labores, las víctimas comenzaron a tener dudas de las verdaderas intenciones de la Asociación ya que pese a tener al pago y trabajo realizado por ellos la entrega de la documentación no se anunciaba.
El 20 de agosto de 2011, sostuvieron una reunión con los representantes de la institución a quienes reclamaron por la poca claridad que había en el caso, los imputados intentaron tranquilizar a sus «clientes» alegando que el dinero para la construcción estaba por llegar.
Cuando la reunión estaba por finalizar, Marta tomó la palabra para confesar lo que ya era temido por las familias: “Todo era mentira, estos han llegado a estafarlos yo no he donado el terreno. ¡No soy la madre Teresa de Calcuta para regalar el terreno!”.
La confesión de la mujer dejó sin palabras a los beneficiados quienes no daban crédito a lo que escuchaban, tomando en cuenta que habían invertido un año de trabajo para adquirir lo prometido.
“Son personas insensibles, malas, estafadoras. Se han quedado con todo el dinero y se han burlado de la misma necesidad de la gente”, recalcó una de las víctimas quienes se organizaron para denunciar a las personas involucradas.
El caso llegó a Fiscalía y siete años más tarde las víctimas aún se encuentran a la espera de que se les haga justicia. Los ahora imputados han solicitado al tribunal Sexto de sentencia de San Salvador una audiencia especial para que ellos puedan brindar una declaración sobre el desarrollo de los hechos con el objetivo de librarse de prisión.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
