Judicial
Empleado de banco que defraudó más de $10 mil continuará el proceso en libertad
El Juzgado 6° de Paz de San Salvador ordenó la instrucción formal con medidas sustitutiva a la detención provisional contra Harold Omar Loucel Pimentel, de 24 años de edad, acusado de los delitos de hurto por medios informáticos y manipulación fraudulenta de tarjetas inteligentes en perjuicio del Banco Agrícola y subsidiariamente en perjuicio de cinco usuarios de dicha institución.
Además de las medidas de no salir del país, no cambiar de domicilio y presentarse cada 15 días al juzgado de instrucción, la juzgadora ordenó el pago de una caución económica de 6 mil dólares al Ministerio de Hacienda para que imputado recobre su libertad.
Según el requerimiento fiscal, los hechos sucedieron en el año 2019, cuando Loucel Pimentel laboraba para la institución bancaria, cuando los clientes realizaban diligencias bancarias como aperturas de cuenta, reposiciones de tarjetas de débito o de libreta de ahorro, aprovechaba para solicitarles una tarjeta de débito sin el consentimiento de los clientes.
Posteriormente, el ahora indiciado retiraba dinero de diferentes cajeros automáticos, así como realizó compras en línea.
Son cinco casos diferentes y el monto total de la defraudación patrimonial es de 10 mil 676 dólares y 68 centavos. La Fiscalía General de la República, entre tanto, ha solicitado que el juzgado decrete la instrucción formal con detención.
El primer delito atribuido a Loucel tiene una pena de 2 a 5 años de prisión, mientras que el segundo tiene una pena de 5 a 8 años, de acuerdo a la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos.
El imputado fue detenido el 21 de abril, mediante una orden administrativa, y éste día por la mañana fue presentado a sede judicial, junto a la acusación formal.
Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), José Héctor Larín Díaz (rebelde) fue condenado a 10 años de cárcel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Larín Díaz fue capturado el 11 de febrero de 2025, en el barrio Concepción, del distrito de El Tránsito, en San Miguel.
Al momento de la detención, el sujeto portaba un revolver y al realizarle una prueba toxicológica se le detectaron 66 grados de alcohol en la sangre.
Inicialmente el Juzgado de Paz de El Tránsito, San Miguel, absolvió al procesado y tras una apelación realizada por la FGR otro juez del mismo juzgado condenó a Larín Díaz a 10 años de cárcel.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
