Judicial
El magistrado que controla bajo sus criterios judiciales todas las Cámaras de lo Penal de San Salvador
Foto EDH.
Martín Rogel Zepeda, es un magistrado que maneja intereses oscuros, dentro de la judicatura figura como el impulsor de los procesos nacionales que pueden tener una trascendencia mediática nacional, a través de los tres tribunales de Segunda Instancia, con asuntos penales en San Salvador.
Rogel nació el 30 de enero de 1965, cursó sus estudioos superiores en la facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador, en la carrera de licenciatura en Ciencias Jurídicas.
Posteriormente ejerció como docente en la misma universidad donde se graduó, como pedagogo de la materia de Derecho Civil. además brindaba sus servicios como profesor en la Universidad Evangélica y Universidad Politécnica, donde impartía sus enseñanzas con ideología de izquierda moderada, y señalaba que su objetivo siempre sería humanizar la administración de la justicia, sin embargo esto lo olvido al llegar al Órgano Judicial.
En el año 1998 recibió su nombramiento como Juez Propietario para integrar el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, como parte de la Reforma Procesal Penal que hubo en esa época.
El caso emblemático a resolver por parte de él, fue el del expresidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Carlos Perla, bajo la promoción del exfiscal Douglas Meléndez, que mantuvo la acusación sobre la declaración de Mario Orellana Andrade, exgerente de la región metropolitana de ANDA (testigo criteriado).
Se desconoce el motivo por el cual prescindió el tribunal Noveno de Instrucción, de la persecución penal a Orellana.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, integrado por los Jueces José Isabel Gil Cruz, Carlos Ernesto Sánchez Escobar y Martín Rogel Zepeda, dictó Sentencia Condenatoria contra Carlos Perla, el día 25 de julio de 2007.
Pero hubo una irregularidad, el tribunal no estimó el testimonio de Orellana, el tribunal indicó que era obligación de la fiscalía perseguir a Orellana Andrade, ya que este utilizó las cuentas bancarias de sus familiares para depositar sobornos que pagaron varios contratistas para ganar licitaciones dentro de la autónoma.
Martín Rogel ocupa actualmente el cargo de magistrado de la Cámara Primero de lo Penal de la Primera Sección del Centro, la cual también fue manejada por el juez Sánchez Escobar, quienes tendrían el mismo actuar en los casos, como tratándose de una misma línea de trabajo, con fallos polémicos en los que se ocultan carencias contenidas en los Recursos y motivaciones de las acusaciones formuladas por la Fiscalía y se omite profundizar sobre hechos o prueba que desacredite las acusaciones para ratificar o producir órdenes de detención, provocando hacinamiento carcelario.
Durante los primeros días de diciembre del año 2014, en una entrevista radial, el entonces Juez Martín Rogel, realizó una serie de pronunciamientos que años después vienen a ser esclarecedores sobre su actitud y decisiones en el juzgamiento preciso de ciertos casos y personas, lo cual cuestiona totalmente su independencia e imparcialidad. De hecho, en la misma, refiriéndose al tema del uso de aviones privados para realización de actividades instituciones por parte del entonces fiscal General, Luis Martínez, el Juez Rogel, llegó a decir:
“La utilización de aviones privados por parte del fiscal general de la república para acudir a algunos compromisos en el exterior debe ser aclarada lo más pronto posible consideró hoy el juez tercero de Sentencia.”
Martín Rogel explicó que el “uso de aviones privados por parte de fiscal Luis Martínez es una situación embarazosa y hay que verlo a la luz de la ética”.
Aunque reconoce que esta institución estatal tiene algunas limitaciones en los recursos con que funciona, eso no justifica que acceda a utilizar aviones de un empresario que tiene una causa abierta y es objeto de investigación. (http://www.radionacional.gob.sv/2014/12/02/fiscal-general-debe-aclarar-utilizacion-de-aviones-privados-para-viajar-martin-rogel-juez-de-sentencia/)
Tales declaraciones desde cualquier punto de vista, no podrían ser expresadas por una autoridad judicial; sin embargo, esto se agrava al revisarlo desde el hecho que un par de años más tarde, el Juez que adelantó un criterio sobre los mismos, terminaría por conocer y juzgar los expedientes penales del exfiscal Luis Martínez, tanto en la Cámara Primera, como la Cámara Segunda de San Salvador, de forma simultánea.
Y es que el día 20 de septiembre de 2016, en Sesión de Corte Plena, se decidieron trascendentales cambios en las personas encargadas de administrar justicia en sedes judiciales seleccionadas, trasladando a los titulares y nombrando nuevos Jueces y Magistrados. Sobre esa decisión una persona cercana a los Magistrados de Corte Suprema de Justicia, bajo reserva de identidad reconoció que esa decisión de trasladar a jueces con muchos años y experiencia para nombrar otros venidos de la periferia, tuvo a la razón dos motivos fundamentales, el primero una clara exigencia del entonces fiscal general de la República, por designar en juzgados y Cámaras específicas a personas que respondieran a sus exigencias y peticiones, según su repetido “crucigrama de jueces”; y de otra, la designación de Jueces afines a los entonces Magistrados de la Sala de lo Constitucional, ahora ya fuera del cargo, pero que en su momento controlaron toda la orientación de aplicación de justicia de acuerdo a sus criterios y bajo intereses desconocidos.
Precisamente, en la Sesión indicada se acordó “limitar el llamamiento de la doctora Victoria Domínguez de Palacios a la Cámara Tercera de lo Penal, y llamar al licenciado Martín Rogel Zepeda a cubrirla. (Acta de las 9 horas de la Sesión de Corte Plena de fecha 20 de septiembre de 2016)”.
Luego, en el curso de interposición de apelaciones en el caso “Rais-Martínez”, y ante la excusa de las magistradas titulares de la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador, la Sala de lo Penal nombró magistrado suplente del mencionado Tribunal, al licenciado Martín Rogel Zepeda, es decir, que éste se encontraba nombrado en la suplencia total de la Cámara Tercera y en una suplencia parcial en la Cámara Segunda de lo Penal, de forma simultánea.
Al ser entrevistado al respecto de las declaraciones realizadas tiempo atrás por el entonces Juez Martín Rogel, el año 2014, que ahora está impartiendo justicia sobre el caso “Rais-Martínez”, el abogado Hernán Cortez, quien ha intervenido como defensor en esa causa, manifestó que “efectivamente conocieron ese pronunciamiento al tiempo que la Sala de lo Penal nombraba como magistrado Suplente de la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador, al licenciado Rogel, en el año 2018; no obstante recusarlo, éste ha seguido conociendo del caso y bloqueando permanentemente cualquier discusión sobre la ilicitud de la prueba y otros hechos irregulares con los que fiscalía formó la acusación. Pero además llama la atención, de cómo en diciembre del año 2014, el señor Rogel, hace referencia a que el empresario dueño de los aviones (Enrique Rais) tenía causas abiertas y era objeto de investigación, cuando a esa fecha no existía judicialización de causa alguna, más parecería que alguien le estaba dando esa información extraoficialmente por algún motivo”, apuntó el abogado consultado.
De hecho, también recuerda el Abogado Hernán Cortez, que precisamente al momento de resolver el primer incidente de apelación que estuvo en su conocimiento, lo que hizo el magistrado Rogel, fue certificar expediente informativo contra el abogado Cortez y otros profesionales que estaban ejerciendo la defensa de varios imputados, ante la Sección de investigación profesional, dejando marcado el franco interés por obstaculizar la defensa técnica en el proceso, lo cual representa un sesgo de actuación y además vulnera la garantía de ser juzgado por un juez imparcial.
Se trata, apunta el abogado Hernán Cortez, del mismo magistrado del cual consta en acta de Sesión de Corte Plena, que solicita la garantía del recurso judicial efectivo y que por el contrario lo que estaba haciendo con su decisión era limitando la defensa técnica de los procesados. De hecho relata el contenido de esa acta que “(el) magistrado Rogel indica que el acceso a la justicia y el conocimiento de los recursos en un tribunal superior, propone que se dé lugar a la aplicación del artículo veinticinco de la Convención Interamericana de Derechos Humanos…”, reza el acta de la Sesión de Corte Plena de fecha 31 de octubre de 2017.
Finalmente, a finales de noviembre de dos mil dieciocho, la Corte Suprema de Justicia, designa al licenciado Martín Rogel, como titular de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, con lo cual se le asigna el conocimiento y resolución del caso “Corruptela” en el que recientemente el día 13 de marzo de 2019, acaba de confirmar las detenciones a varios procesados, revocar medidas sustitutivas e imponer unas cauciones a otros procesados que no corresponden a ningún parámetro objetivo de capacidad financiera para poder cumplirlas, con lo que no tendrán otro camino que ser detenidos. Curiosamente esta decisión se adopta al momento en que se ha conocido públicamente que el caso “Corruptela” se construyó sobre declaraciones falsas en virtud de amenazas psicológicas y hasta físicas efectuadas por el exfiscal general, Douglas Meléndez y algunos de sus sub alternos más allegados, por lo que a criterio de algunos abogados penalistas consultados, el Tribunal, debió conocer previo a resolver el recurso, la verdad sobre esas declaraciones de fiscales y empleados de fiscalía que brindaron testimonios falsos y confrontarlos con los hechos de la acusación. Por el contrario, se justifican falsamente en que existe “peligro de fuga” y revocan las medidas, cuando las personas ahora detenidas estaban realizando sus actividades habituales confiando en que se daría pronta y cumplida justicia. Por el contrario, ahora están siendo objeto de una detención que se puede calificar como ilegal.
A todo esto, la realidad muestra que el licenciado Martín Rogel, se encuentra incidiendo y decidiendo de forma simultánea en las tres Cámaras Penales de San Salvador, sobre casos emblemáticos, especialmente los relacionados con el exfiscal Luis Martínez, el expresidente de la República Mauricio Funes y el empresario Enrique Rais, con lo cual se ha convertido en un supramagistrado que controla y da criterio a los tres tribunales, en casos específicos, sobre hechos en que ya había adelantado criterio, dejando en evidencia su falta de imparcialidad y dejando una pregunta al aire, ¿Cuál es el interés de fondo para designar al lic. Rogel como Magistrado en las Cámaras Primera (Propietario), Segunda (Suplente) y Tercera (suplente) para conocer simultáneamente de casos específicos de trascendencia nacional?.
Uno de los abogados consultados, manifestó que “estamos ante un hecho sin precedentes, una sola persona, administrando justicia en tres tribunales de Segunda Instancia de la misma circunscripción y sobre casos vinculados entre sí, que evidentemente constituye un fraude de ley, que ha pretendido que no viola el juez natural, cuando en realidad si lo hace.” Finalmente destacó que “ante toda esta ilegalidad, es una buena expectativa la creación de una CICIES, que vendrá a permitir un control sobre el mismo Sistema Judicial, que como en este caso, parece estar actuando sin control alguno, en perjuicio de las personas que por manipulación de pruebas están sometidos a procesos penales y peor aún a sufrir de una detención ilegal.”
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Prisión para pandillero que obligó a familia de Panchimalco a abandonar su vivienda
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El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
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Pandillero enfrenta juicio por asesinar a siete personas en La Paz
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
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Fidel Zavala deberá regresar más de $50,000 a sus víctimas
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.