Judicial
El magistrado que controla bajo sus criterios judiciales todas las Cámaras de lo Penal de San Salvador
Foto EDH.
Martín Rogel Zepeda, es un magistrado que maneja intereses oscuros, dentro de la judicatura figura como el impulsor de los procesos nacionales que pueden tener una trascendencia mediática nacional, a través de los tres tribunales de Segunda Instancia, con asuntos penales en San Salvador.
Rogel nació el 30 de enero de 1965, cursó sus estudioos superiores en la facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador, en la carrera de licenciatura en Ciencias Jurídicas.
Posteriormente ejerció como docente en la misma universidad donde se graduó, como pedagogo de la materia de Derecho Civil. además brindaba sus servicios como profesor en la Universidad Evangélica y Universidad Politécnica, donde impartía sus enseñanzas con ideología de izquierda moderada, y señalaba que su objetivo siempre sería humanizar la administración de la justicia, sin embargo esto lo olvido al llegar al Órgano Judicial.
En el año 1998 recibió su nombramiento como Juez Propietario para integrar el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, como parte de la Reforma Procesal Penal que hubo en esa época.
El caso emblemático a resolver por parte de él, fue el del expresidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Carlos Perla, bajo la promoción del exfiscal Douglas Meléndez, que mantuvo la acusación sobre la declaración de Mario Orellana Andrade, exgerente de la región metropolitana de ANDA (testigo criteriado).
Se desconoce el motivo por el cual prescindió el tribunal Noveno de Instrucción, de la persecución penal a Orellana.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, integrado por los Jueces José Isabel Gil Cruz, Carlos Ernesto Sánchez Escobar y Martín Rogel Zepeda, dictó Sentencia Condenatoria contra Carlos Perla, el día 25 de julio de 2007.
Pero hubo una irregularidad, el tribunal no estimó el testimonio de Orellana, el tribunal indicó que era obligación de la fiscalía perseguir a Orellana Andrade, ya que este utilizó las cuentas bancarias de sus familiares para depositar sobornos que pagaron varios contratistas para ganar licitaciones dentro de la autónoma.
Martín Rogel ocupa actualmente el cargo de magistrado de la Cámara Primero de lo Penal de la Primera Sección del Centro, la cual también fue manejada por el juez Sánchez Escobar, quienes tendrían el mismo actuar en los casos, como tratándose de una misma línea de trabajo, con fallos polémicos en los que se ocultan carencias contenidas en los Recursos y motivaciones de las acusaciones formuladas por la Fiscalía y se omite profundizar sobre hechos o prueba que desacredite las acusaciones para ratificar o producir órdenes de detención, provocando hacinamiento carcelario.
Durante los primeros días de diciembre del año 2014, en una entrevista radial, el entonces Juez Martín Rogel, realizó una serie de pronunciamientos que años después vienen a ser esclarecedores sobre su actitud y decisiones en el juzgamiento preciso de ciertos casos y personas, lo cual cuestiona totalmente su independencia e imparcialidad. De hecho, en la misma, refiriéndose al tema del uso de aviones privados para realización de actividades instituciones por parte del entonces fiscal General, Luis Martínez, el Juez Rogel, llegó a decir:
“La utilización de aviones privados por parte del fiscal general de la república para acudir a algunos compromisos en el exterior debe ser aclarada lo más pronto posible consideró hoy el juez tercero de Sentencia.”
Martín Rogel explicó que el “uso de aviones privados por parte de fiscal Luis Martínez es una situación embarazosa y hay que verlo a la luz de la ética”.
Aunque reconoce que esta institución estatal tiene algunas limitaciones en los recursos con que funciona, eso no justifica que acceda a utilizar aviones de un empresario que tiene una causa abierta y es objeto de investigación. (http://www.radionacional.gob.sv/2014/12/02/fiscal-general-debe-aclarar-utilizacion-de-aviones-privados-para-viajar-martin-rogel-juez-de-sentencia/)
Tales declaraciones desde cualquier punto de vista, no podrían ser expresadas por una autoridad judicial; sin embargo, esto se agrava al revisarlo desde el hecho que un par de años más tarde, el Juez que adelantó un criterio sobre los mismos, terminaría por conocer y juzgar los expedientes penales del exfiscal Luis Martínez, tanto en la Cámara Primera, como la Cámara Segunda de San Salvador, de forma simultánea.
Y es que el día 20 de septiembre de 2016, en Sesión de Corte Plena, se decidieron trascendentales cambios en las personas encargadas de administrar justicia en sedes judiciales seleccionadas, trasladando a los titulares y nombrando nuevos Jueces y Magistrados. Sobre esa decisión una persona cercana a los Magistrados de Corte Suprema de Justicia, bajo reserva de identidad reconoció que esa decisión de trasladar a jueces con muchos años y experiencia para nombrar otros venidos de la periferia, tuvo a la razón dos motivos fundamentales, el primero una clara exigencia del entonces fiscal general de la República, por designar en juzgados y Cámaras específicas a personas que respondieran a sus exigencias y peticiones, según su repetido “crucigrama de jueces”; y de otra, la designación de Jueces afines a los entonces Magistrados de la Sala de lo Constitucional, ahora ya fuera del cargo, pero que en su momento controlaron toda la orientación de aplicación de justicia de acuerdo a sus criterios y bajo intereses desconocidos.
Precisamente, en la Sesión indicada se acordó “limitar el llamamiento de la doctora Victoria Domínguez de Palacios a la Cámara Tercera de lo Penal, y llamar al licenciado Martín Rogel Zepeda a cubrirla. (Acta de las 9 horas de la Sesión de Corte Plena de fecha 20 de septiembre de 2016)”.
Luego, en el curso de interposición de apelaciones en el caso “Rais-Martínez”, y ante la excusa de las magistradas titulares de la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador, la Sala de lo Penal nombró magistrado suplente del mencionado Tribunal, al licenciado Martín Rogel Zepeda, es decir, que éste se encontraba nombrado en la suplencia total de la Cámara Tercera y en una suplencia parcial en la Cámara Segunda de lo Penal, de forma simultánea.
Al ser entrevistado al respecto de las declaraciones realizadas tiempo atrás por el entonces Juez Martín Rogel, el año 2014, que ahora está impartiendo justicia sobre el caso “Rais-Martínez”, el abogado Hernán Cortez, quien ha intervenido como defensor en esa causa, manifestó que “efectivamente conocieron ese pronunciamiento al tiempo que la Sala de lo Penal nombraba como magistrado Suplente de la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador, al licenciado Rogel, en el año 2018; no obstante recusarlo, éste ha seguido conociendo del caso y bloqueando permanentemente cualquier discusión sobre la ilicitud de la prueba y otros hechos irregulares con los que fiscalía formó la acusación. Pero además llama la atención, de cómo en diciembre del año 2014, el señor Rogel, hace referencia a que el empresario dueño de los aviones (Enrique Rais) tenía causas abiertas y era objeto de investigación, cuando a esa fecha no existía judicialización de causa alguna, más parecería que alguien le estaba dando esa información extraoficialmente por algún motivo”, apuntó el abogado consultado.
De hecho, también recuerda el Abogado Hernán Cortez, que precisamente al momento de resolver el primer incidente de apelación que estuvo en su conocimiento, lo que hizo el magistrado Rogel, fue certificar expediente informativo contra el abogado Cortez y otros profesionales que estaban ejerciendo la defensa de varios imputados, ante la Sección de investigación profesional, dejando marcado el franco interés por obstaculizar la defensa técnica en el proceso, lo cual representa un sesgo de actuación y además vulnera la garantía de ser juzgado por un juez imparcial.
Se trata, apunta el abogado Hernán Cortez, del mismo magistrado del cual consta en acta de Sesión de Corte Plena, que solicita la garantía del recurso judicial efectivo y que por el contrario lo que estaba haciendo con su decisión era limitando la defensa técnica de los procesados. De hecho relata el contenido de esa acta que “(el) magistrado Rogel indica que el acceso a la justicia y el conocimiento de los recursos en un tribunal superior, propone que se dé lugar a la aplicación del artículo veinticinco de la Convención Interamericana de Derechos Humanos…”, reza el acta de la Sesión de Corte Plena de fecha 31 de octubre de 2017.
Finalmente, a finales de noviembre de dos mil dieciocho, la Corte Suprema de Justicia, designa al licenciado Martín Rogel, como titular de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, con lo cual se le asigna el conocimiento y resolución del caso “Corruptela” en el que recientemente el día 13 de marzo de 2019, acaba de confirmar las detenciones a varios procesados, revocar medidas sustitutivas e imponer unas cauciones a otros procesados que no corresponden a ningún parámetro objetivo de capacidad financiera para poder cumplirlas, con lo que no tendrán otro camino que ser detenidos. Curiosamente esta decisión se adopta al momento en que se ha conocido públicamente que el caso “Corruptela” se construyó sobre declaraciones falsas en virtud de amenazas psicológicas y hasta físicas efectuadas por el exfiscal general, Douglas Meléndez y algunos de sus sub alternos más allegados, por lo que a criterio de algunos abogados penalistas consultados, el Tribunal, debió conocer previo a resolver el recurso, la verdad sobre esas declaraciones de fiscales y empleados de fiscalía que brindaron testimonios falsos y confrontarlos con los hechos de la acusación. Por el contrario, se justifican falsamente en que existe “peligro de fuga” y revocan las medidas, cuando las personas ahora detenidas estaban realizando sus actividades habituales confiando en que se daría pronta y cumplida justicia. Por el contrario, ahora están siendo objeto de una detención que se puede calificar como ilegal.
A todo esto, la realidad muestra que el licenciado Martín Rogel, se encuentra incidiendo y decidiendo de forma simultánea en las tres Cámaras Penales de San Salvador, sobre casos emblemáticos, especialmente los relacionados con el exfiscal Luis Martínez, el expresidente de la República Mauricio Funes y el empresario Enrique Rais, con lo cual se ha convertido en un supramagistrado que controla y da criterio a los tres tribunales, en casos específicos, sobre hechos en que ya había adelantado criterio, dejando en evidencia su falta de imparcialidad y dejando una pregunta al aire, ¿Cuál es el interés de fondo para designar al lic. Rogel como Magistrado en las Cámaras Primera (Propietario), Segunda (Suplente) y Tercera (suplente) para conocer simultáneamente de casos específicos de trascendencia nacional?.
Uno de los abogados consultados, manifestó que “estamos ante un hecho sin precedentes, una sola persona, administrando justicia en tres tribunales de Segunda Instancia de la misma circunscripción y sobre casos vinculados entre sí, que evidentemente constituye un fraude de ley, que ha pretendido que no viola el juez natural, cuando en realidad si lo hace.” Finalmente destacó que “ante toda esta ilegalidad, es una buena expectativa la creación de una CICIES, que vendrá a permitir un control sobre el mismo Sistema Judicial, que como en este caso, parece estar actuando sin control alguno, en perjuicio de las personas que por manipulación de pruebas están sometidos a procesos penales y peor aún a sufrir de una detención ilegal.”
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Condenan a 43 integrantes de la MS-13 a penas de hasta 85 años de prisión
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
Judicial
12 años de prisión a pandillero que extorsionó a un comerciante de Mejicanos
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
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Mujer acusada de quebrar a pedradas los vidrios de vehículos seguirá en prisión
El Juzgado Primero de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Silvia Cecilia Orellana, de 41 años, quien es acusada por dos personas de lanzar piedras a los parabrisas de sus vehículos mientras circulaban por distintos puntos de San Salvador. La imputada es procesada por el delito de daños en perjuicio patrimonial.
De acuerdo con la investigación fiscal, Orellana fue detenida el pasado 21 de junio de 2026 en San Salvador, luego de ser denunciada por presentar un comportamiento agresivo.
Según el expediente judicial, el primer hecho ocurrió cerca del puente de la colonia El Bosque, donde la mujer lanzó una piedra que impactó el vehículo de una de las víctimas, provocando rayones en el capó y daños en el parabrisas delantero, el cual quedó astillado.
El segundo caso se registró cuando otra víctima transitaba por la avenida Cuscatancingo, en la intersección con la calle Buenos Aires. En ese lugar, Orellana también lanzó piedras contra el automóvil, ocasionando que el parabrisas delantero quedara totalmente destruido.
Durante la audiencia inicial, el tribunal determinó que los indicios presentados acreditan la existencia del delito y la probable participación de la imputada, por lo que el proceso continuará en la fase de instrucción con la acusada en detención provisional.






