Judicial
Dura condena para 13 pandilleros por homicidio y agrupaciones ilícitas
La Unidad de Vida e Integridad Física de la oficina Fiscal de Santa Ana, reporta la condena a penas entre los 67 y tres años de cárcel, de 13 miembros de una estructura de la pandilla 18 sureños, por 10 casos de Homicidio Agravado y Agrupaciones Ilícitas, quienes operaban en diferentes sectores del municipio de Chalchuapa; explicó el jefe de esta sede Fiscal Miguel Iraheta.
El jefe Fiscal destaca las condenas por Homicidio y Agrupaciones Ilícitas de Mauricio Cardona Mata, a 67 años de prisión; Jorge Alberto Cartagena Ramírez condenado a 63 años; José David Díaz Moreno, a 60 años; Walter Antonio Hernández Perdomo, a 55 años, y Marvin Antonio Hernández Escalante, a 53 años de cárcel.
Además, están las condenas de Miguel Ángel Umaña Hernández, Giovanni Ernesto Pérez Lima, Alberto Antonio Guzmán Alonzo y Carlos Mauricio Martínez Contreras, todos condenados a 23 años de prisión; mientras que Douglas Alfredo Deras Quiñones y Ricardo Antonio Recinos Colocho, recibieron una pena de 43 años de cárcel, por homicidio y agrupaciones
Finalmente, por el delito de Agrupaciones Ilícitas fueron condenados a tres años Luis Alonso González Arriaza y Milton Adonay Cardona.
Los hechos ocurren entre los años 2014 y 2016, en diferentes zonas de Chalchuapa, por parte de una estructura terrorista, los cuales por diferentes motivos dieron muerte a las víctimas Douglas Ernesto Lemus Contreras (panadero), Ramón Antonio Guerrero Salazar, Mario Ernesto Escobar Pérez, Zoila Noemí Perdomo Lima, Elmer Alfonso Amaya Arévalo, Ricardo Antonio Díaz Núñez, Gerson Vladimir Estévez Retana, Luis Armando Mezquita Beltrán, Óscar Armando Morán Pinto y José Alfredo Ávila Jiménez.
Los homicidios fueron cometidos el 15 octubre el año 2016, en la Colonia Libertad número 1; otro caso fue el 17 febrero año 2014, en el barrio Las Ánimas, El tercer caso fue el 23 de febrero de 2014 sobre la carretera baipás que de Santa Ana conduce hacia Ahuachapán; otro sucedió el 1 de junio del 2014, sobre el bulevar Shafick Handal barrio Apaneca.
Otro de los homicidios sucedió el 3 de marzo 2015, sobre la 7a Avenida Sur, entre 1ª Calle Oriente y calle general Ramón Flores, de la ciudad de Chalchuapa; el sexto caso fue el 9 de marzo del 2015, en tercera avenida Norte entre segunda calle y calle Ramón Flores Oriente Chalchuapa; el 3 de abril de 2015, se registró otro caso de homicidio en la colonia Cuzcachapa; el 13 de agosto de 2015, dieron muerte a otra persona en el Barrio Las Ánimas.
Los dos últimos casos sucedieron, uno el 29 de septiembre de 2015, en kilómetro 72 carretera baipás, y el otro el 25 de febrero del año 2016, en el interior de un terreno rústico ubicado en propiedad la Cooperativa Cuzcachapa ubicada en Chalchuapa.
Durante la audiencia de vista pública se desarrolló en el Juzgado Especializado de Sentencia de Santa Ana, los fiscales del caso comprobaron el delito de Agrupaciones Ilícitas, al demostrar que esta estructura de la pandilla 18 sureños, delinque en diferentes sectores del municipio de Chalchuapa, entre los años 2015 y 2016.
Para concluir, el jefe Fiscal dijo que por este caso ya se realizaron dos vistas públicas previas por estos mismos casos, contra dos grupos de esta estructura terrorista de la pandilla 18 sureños, a quienes el este Tribunal Especializado también los condeno.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
