Judicial
Dos sujetos que asaltaron a pasajeros de la ruta 26 con un arma de juguete son condenados
El Salvador Times / El pasado 13 de agosto, Saraí G. abordó el microbús del transporte colectivo de la ruta 26 a eso de la 1:00 de la tarde. Como ella, Bryan R., un menor de edad, también iba a bordo de la unidad que se desplazaba sobre el centro de San Salvador.
Cuando el transporte se desplazaba sobre la avenida España y la 13 calle Poniente, dos sujetos decidieron asaltar a los dos pasajeros antes mencionados, quienes no se conocían pero el proceso judicial abrió el paso para que lo hicieran.
Moisés Rosa Pineda y Ernesto Gómez Gómez fueron los sujetos que las víctimas lograron identificar en los juzgados como los implicados en el hecho.
El primer sujeto se dirigió hacia Saraí, se sentó a la par de ella y luego de mostrarle un arma que guardaba en el interior de una mariconera la amenazó a muerte de no entregarle el teléfono celular.
Para conservar su vida, la mujer le entregó el aparato móvil valorado en $81. Simultáneamente, el menor de edad fue despojado de su celular, mismo que fue solicitado por Rosa Pineda.
Lo que no supo Saraí en ese momento es que el arma con la que fue amenazada era de juguete. Se enteró de ello luego de que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieran a ambos sujetos en el interior de un restaurante de comida rápida, ubicado sobre la alameda Juan Pablo II, luego de que escaparan a bordo de un bus de la ruta 2 tras el asalto.
Los policías realizaron una revisión a los detenidos y les encontraron ocho celulares y un total de $115, además del arma de juguete.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a los dos sujetos por el delito de robo agravado y receptación. La jueza del Tribunal 1° de Sentencia escuchó a los testigos de cargo, un agente policial y a Saraí –Bryan no llegó a declarar-, y valoró las pruebas presentadas, por lo que impuso una pena de ocho años de prisión por la primera falta; por la segunda, los absolvió.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
